Si hay algo esencial y crucial para el nacionalismo catalán es la inmersión lingüística, procedimiento que consiste en la prohibición del idioma español en las escuelas en favor del catalán como lengua única y exclusiva para el aprendizaje. De nada sirve que uno de los principales derechos de la infancia sea la escolarización en la lengua materna. Para la Generalidad de Cataluña todas las normas que se fundamentan en ese principio, el respeto por la lengua familiar del niño, carecen de la más mínima relevancia frente a su modelo, la imposición del catalán y la consecuente erradicación del español.
El tortuoso experimento sociológico de la inmersión lingüística es el hierro con el que la Generalidad ha marcado a cientos de miles de niños cuyos padres no podían pagar una enseñanza privada que respetara su idioma, el español, y a la vez facilitara el aprendizaje del catalán. El fracaso escolar ha sido una de las consecuencias de esa técnica totalitaria cuyo propósito es fabricar independentistas caracterizados por el odio a sus propios orígenes.
El atroz procedimiento no responde a criterio pedagógico alguno, sino a eslóganes supremacistas como "Un sol poble" o "Per un país de tots, l'escola en català". El desprecio por la lengua y la cultura españolas es el santo y seña del sistema que implantó el corrupto de Pujol con la complicidad de la izquierda de Cataluña y la delictiva pasividad de los gobiernos de España, ya fueran del PSOE o del PP.
Cuarenta años después de la entrada en vigor de la inmersión, ha quedado sobradamente demostrado que el método es un desastre pedagógico y un éxito ideológico. Pero apesta y hiede hasta tal punto que todas las denuncias de las familias en contra de la inmersión obtienen de manera sistemática el respaldo de los jueces. La inmersión no se sostiene ni funcional ni legalmente. Es un engendro que genera dolor y fracaso, una calamidad de la que se libran los hijos de los políticos que defienden su aplicación porque van a colegios privados donde les enseñan en español, catalán e inglés y no solo en catalán, idioma que hace muchos años que dejó de ser una lengua de entendimiento para convertirse en contraseña del separatismo.
Sin embargo, la inmersión goza de una envidiable salud. Nadie en el sistema público catalán osa cuestionarla, a pesar de las recurrentes sentencias contra su aplicación. A principios de año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio publicidad a dos sentencias que anulaban el plan de estudios de dos centros públicos de Barcelona por ignorar el español. El fallo obligaba a que en esos centros en particular y en todos los de Cataluña en general se diera el 25% de las clases en español. La Asociación por una Escuela Bilingüe celebró la decisión judicial como el fin de la inmersión. Craso error. La Generalidad no ha acatado jamás ninguna sentencia contraria a la inmersión.
Este mismo miércoles, el nuevo consejero de Educación, el republicano Josep González Cambray, hacía ostentación del desacato en el Parlamento regional a preguntas de la diputada del PP Lorena Roldán. La previsión de la Consejería de Enseñanza no es la de modificar los planes de estudio para que incluyan un 25% de las clases en español, sino persistir en la erradicación de la lengua materna de la mitad o más del alumnado.
Contra lo que cabría esperar en un país normal, el incumplimiento de las sentencias no acarrea ninguna consecuencia negativa para los responsables políticos y técnicos de la enseñanza en Cataluña. Al contrario, delinquir es un mérito. De ahí que personajes como González Cambray hayan llegado a consejeros autonómicos con un sueldo de 115.000 euros anuales, mucho más de lo que cobran el presidente del Gobierno y sus ministros. Oirán hablar de ese tipo.