Mientras los camisas amarillas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), sectorial/sección Arquitectura, Edificación y Territorio por la Independencia, catalogan el Patrimonio Nacional en Cataluña, los servicios jurídicos de la Generalidad preparan una reforma de la ley autonómica relativa a los mecanismos de inventario, división y reasignación de los activos y pasivos de las Administraciones con presencia en Cataluña por si acaso se proclama la república catalana. En apariencia, una nueva parida nacionalista cuando el prusés atraviesa sus horas más bajas, casi terminales. Y en teoría algo muy improbable, salvo que la aritmética parlamentaria resultante del próximo ciclo electoral componga unos equilibrios que conduzcan a la disgregación de España por la vía de la voladura controlada (reforma constitucional) o los hechos consumados (proceso separatista).
En cualquier caso, voluntarios o funcionarios de la Generalidad se pasean por Cataluña como caciques por su parcela haciendo inventario. Inventario, sí, que así se llama el plan, Inventari per la independència, lo que oscila entre un acuerdo de divorcio y una especie de visita inesperada del casero curiosón. Hay que remontarse a los tiempos del oro de Moscú para establecer una comparación aproximada de lo que se proponen Artur Mas, Carme Forcadell y Pilar Rahola. Ya tienen catalogados más de cincuenta edificios, entre los que se cuentan el Castillo de Montjuich, el Cuartel del Bruch, el viejo Gobierno Civil (7.500 metros cuadrados en primera línea de mar) o la Delegación del Gobierno de Barcelona, impresionante palacete en el centro de Barcelona atribuido a Doménech i Montaner.
El plan es que el Estado los desaloje el día después de la independencia, al igual que se cuenta con la cesión gratis et amore de los bienes culturales, obras de arte, todo tipo de bases de datos fiscales y sobre contribuyentes, censos electorales, registro civil y de penados, archivos hospitalarios, policiales, de la Seguridad Social, de tráfico, fondos documentales, históricos y expedientes abiertos pendientes de resolución administrativa, etcétera, etcétera. Todo legal a la luz de la Convención de Viena de 1983 sobre la "Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado", que es a la que apelan los juristas de la Generalidad y que es la que comienza diciendo:
Considerando la profunda transformación de la comunidad internacional generada por el proceso de descolonización...
Surrealista pero cierto, tan cierto como que la señora Dolores Agenjo, directora del Instituto Pedraforca de Hospitalet del Llobregat, fue la única autoridad en Cataluña que se negó a ceder el recinto de su responsabilidad a las brigadas de Mas para que celebraran el referéndum separatista del 9-N. Tan real como que a Dolores Agenjo le han dado un premio y tan cierto como que no ha sido el Estado, sino el Movimiento de España y Catalanes. Reconocen su valentía al soportar las presiones de la Generalidad (el Estado sucesor), los partidos del derecho a decidir (y a lo ajeno) y la ANC (la vanguardia revolucionaria). Honran que cumplió la ley por la que no velaron ni el Estado, ni los jueces ni los fiscales. Agenjo es un caso excepcional. Aguantó el tipo y dijo no a las admoniciones y a las amenazas. En su instituto no hubo urnas. Un caso extraordinario que pone de relieve que, a lo peor, al oficial de guardia del cuartel del Bruch le da por no rendirse, pero que todo lo demás está al albur de si los responsables son agenjos o mostrencos.