Un sentenciado por terrorismo y un racista por escrito han protagonizado este lunes uno de los episodios más lamentables de la reciente historia judicial española. El abogado Gonzalo Boye, condenado en 1996 a catorce años –de los que solo cumplió seis– por participar en el secuestro de Emiliano Revilla, y Quim Torra, el individuo que preside la Generalidad catalana, han dejado claro que se consideran por encima de la Justicia y que los jueces no les merecen la más mínima consideración. De hecho, para Torra deben de formar parte del grupo de "bestias taradas" de las que escribía en un artículo para referirse a los que viven en Cataluña y no hablan catalán.
Boye, a la sazón letrado de Torra, ha consumido parte de su tiempo en exigir que a ese presidente por accidente de una institución degradada hasta límites inauditos se le tratase de "muy honorable" en lugar de "señor", calificativo este último que desde luego no cuadra con un sujeto como Torra, empeñado en provocar por todos los medios a su alcance un enfrentamiento entre españoles.
Para llevar a cabo tal espectáculo, Boye ha contado con la incapacidad del presidente de la sala y del TSJC, Jesús María Barrientos, para ejercer su autoridad y evitar las impertinencias, estupideces y maniobras de macarra de la toga del antiguo colaborador de ETA. Tampoco ha sabido Barrientos frenar las invectivas de Torra contra la acusación popular ejercida por Vox, contra la Fiscalía y contra él mismo. Un desastre.
A Torra la broma le va a salir gratis. Se le ha juzgado por desobediencia a la Junta Electoral Central por no retirar en tiempo las pancartas, churros amarillos y banderas separatistas en la penúltima campaña electoral. Al tribunal no le va a quedar más remedio que declararle culpable en gran parte porque él mismo se ha jactado de que desobedeció. Ocurre que, en esta dictadura figurada que según los separatistas es España, tal delito sólo comporta una inhabilitación de 20 meses y una multa de 30.000 euros.
De ahí que Torra se haya puesto tan chulo. Porque, eso sí, Torra de boquilla es el más pincho de cuantos presidentes ha tenido la Generalidad (131 dice el nota), pero a la hora de la verdad carece de lo que hay que tener para hacer efectiva ya esa república que dice que votaron los catalanes el 1 de octubre de hace dos años. Es decir, que Torra va a salir de la política por la puerta grande de los separatistas, pero sin sufrir las consecuencias de sus antecesores Mas y Puigdemont ni mucho menos las de Junqueras.
Tal vez por eso haya dejado su defensa en manos de un sujeto con los antecedentes de Boye, quien, por otra parte, representa como nadie el espíritu de la que se avecina. Boye fue el abogado de Rodrigo Lanza, el asesino de Víctor Laínez, en el juicio por haber dejado tetrapléjico al guardia urbano de Barcelona Juan José Salas. Y Boye es uno de los socios del Observatorio Desc (Desc por "derechos económicos, sociales y culturales"), laboratorio de donde salió la facción catalana de Podemos, con Colau, Pisarello y Asens al frente, los personajes con quienes ha pactado Pedro Sánchez.