A los progres no les cae bien la jueza Mercedes Alaya. A la titular del juzgado número seis de Sevilla le ha tocado investigar un caso de corrupción que no afecta a políticos de derechas, los únicos corrutos merecedores de ese celo judicial, y eso tiene que obedecer forzosamente a algún interés espurio. Los ataques contra ella no han llegado a los extremos que tuvieron que sufrir algunos de sus colegas en tesituras parecidas, como Marino Barbero o Javier Gómez de Liaño, pero todo se andará. Los socialistas andaluces y sus socios comunistas no ocultan su desdén hacia la magistrada ni sus maniobras para dificultar las pesquisas a propósitos de los trinques monumentales que han tenido lugar en la Junta. Tampoco el Consejo General del Poder Judicial se ha distinguido por su defensa de la jueza, ante los ataques que viene recibiendo desde distintas instancias políticas, sino más bien todo lo contrario. Era sólo cuestión de tiempo que la Fiscalía se sumara a esta verbena, para hacer aún más ingrata la labor que la jueza está llevando a cabo en solitario.
La Fiscalía Anticorrupción es un órgano del Ministerio Público encargado de perseguir los delitos de los políticos en el ejercicio de su cargo, aunque hasta la fecha ni uno sólo de los más graves escándalos que han sacudido a la opinión pública, de Bárcenas a Urdangarín y del Palau catalán a los ERE andaluces, ha tenido como origen una investigación de este colectivo. Vaya esto por delante a fin de aquilatar en sus justos términos el papel de este órgano especial de la Fiscalía, no sea que alguien piense por inercia que aquí sólo persiguen a los trincones los fiscales anticorrupción. Una vez destapado el escándalo, estos fiscales trabajan junto al instructor para esclarecer las responsabilidades de los personajes involucrados, aunque en algunos casos muy señalados se han distinguido más por dificultar la labor judicial que por excitar el celo investigador del magistrado encargado del caso, para que se note que "la Justicia es igual para todos", que dijo aquél.
La jueza Mercedes Alaya acaba de experimentar este peculiar sentido de la colaboración de los fiscales del caso de los ERE con su petición, el pasado lunes, de que desguace el sumario para que los cargos públicos sean juzgados por el Tribunal Supremo, que es algo que todos los políticos exigen siempre, sobre todo cuando además de aforados existen sospechas de que se han forrado o han diseñado el procedimiento para que otros lo hagan. Probablemente la Fiscalía ha actuado así con la mejor de las intenciones, para evitar retrasos en el proceso y que se haga justicia cuanto antes, pero su apreciación de que la investigación de la titular del Juzgado de Instrucción Número Seis de Sevilla sobre Chaves, Griñán y sus colaboradores está ya "agotada" resulta demasiado tajante.
Un sumario como el que maneja la jueza Alaya, con seiscientos expedientes y setecientos millones de euros evaporados, es una fuente caudalosa de información que conviene analizar en detalle, para que los aforados vayan finalmente al Supremo con todos los cabos atados y sus hazañas convenientemente recogidas en los legajos que sea menester elaborar. Si está "agotada" la investigación o quedan líneas por explorar es la jueza la que lo sabe, no los fiscales anticorrupción. No la aplaudan, no la ayuden, no la defiendan; simplemente déjenla trabajar. Tampoco es pedir tanto.