El pasado 21 de julio los ministros de Exteriores de la Unión Europea culminaron un largo proceso de estudio acerca de la calificación institucional que merece Hezbolá, a tenor de su más reciente trayectoria. El resultado ha sido incluir sólo el brazo armado de la milicia chií libanesa en la lista de organizaciones terroristas de la UE, dejando a salvo de la sanción a sus otras dos facciones, la política y la asistencial.
Es necesario felicitar a los cancilleres europeos por haber conseguido desentrañar las claves de esa trinidad del Partido de Dios, cuya división niegan los propios dirigentes de la organización, pues, como ellos mismos insisten en dejar claro, tal separación, sencillamente, no existe.
El debate sobre Hezbolá en el seno de la Unión Europea surgió con fuerza tras el atentado cometido el verano pasado en Bulgaria. En julio de 2012 un terrorista suicida reventó un autobús lleno de turistas israelíes en la ciudad de Burqas, acción que se saldó con la muerte de cinco israelíes y del conductor del autobús, de nacionalidad búlgara. A pesar de que todos los indicios apuntaban a la organización chií libanesa, la UE decidió que no iba a tomar decisión alguna hasta que concluyeran las investigaciones. Finalmente, las autoridades búlgaras determinaron que la acción había sido obra de Hezbolá, y los Gobiernos europeos se vieron obligados a tomar una decisión sobre este grupo terrorista de forma coordinada. A ello hay que sumar el hecho de que nueve meses antes del atentado de Bulgaria un tribunal chipriota había condenado a un miembro del Partido de Dios por planear una oleada de ataques terroristas contra intereses israelíes en Chipre, amén de la más que evidente presencia de terroristas de Hezbolá en el continente americano.
Sin embargo, la sorprendente distinción entre facciones establecida por los ministros europeos hace que la decisión de considerar terrorista solamente al brazo armado tenga un significado meramente político con escasas consecuencias prácticas. "El largo brazo de Irán" –como fue calificado en The Times por los exjefes de Gobierno de España e Irlanda del Norte José María Aznar y David Trimble– opera en suelo europeo, donde desarrolla distintas actividades ilegales, entre las que destacan el narcotráfico y el blanqueo de capitales, según los informes de distintas agencias de inteligencia. Además, recauda fondos para mantener las actividades asistenciales que lleva a cabo en suelo libanés. La cuestión ahora es dilucidar qué parte de su patrimonio pertenece al brazo armado y cuál está asignada al sostenimiento de las tareas políticas y asistenciales de un grupo en el que, formalmente, no existe la menor separación.
Los propios ministros europeos de Asuntos Exteriores han rebajado aún más la dureza de la sanción impuesta al asegurar que no pretenden socavar la estabilidad política del Líbano, en cuyas instituciones democráticas hay una importante presencia de representantes de Hezbolá. Semejante argumento no puede dejar de sorprender cuando se emplea para referirse a una organización acusada de asesinar al primer ministro libanés Rafiq Hariri, algo que no contribuyó precisamente a la estabilidad democrática del país del Cedro. A su vez, las autoridades libanesas han desempeñado el papel que se esperaba de ellas, lamentando simplemente que la UE no haya realizado "una lectura más prudente de los hechos".
La guinda de este pastel diplomático la han puesto los propios dirigentes de Hezbolá, que el mismo día en que se hizo público el acuerdo de los ministros europeos emitieron un comunicado en el que se limitaron a tachar de "agresiva e injusta" la decisión adoptada, "que no se basa en ninguna justificación o prueba" (sic).
Al final, la decisión de la UE de quedarse en tierra de nadie no parece que vaya a reportarle ningún beneficio inmediato. Los ministros europeos han renunciado a castigar seriamente a Hezbolá, sobre todo en el terreno de las finanzas, lo que no va a impedir que sus países se pongan aún más en la diana del considerado "el Equipo A del terrorismo internacional". Tampoco es previsible que aumente la estabilidad del Líbano y de Oriente Medio, uno de los objetivos que la UE dice perseguir. En cambio, la imagen de la Unión Europea como armatoste burocrático incapaz de actuar enérgicamente en defensa de una concepción moral de las relaciones internacionales ha quedado, una vez más, perfectamente establecida.
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