La existencia o no de imputados en las listas de los partidos es el eje central sobre el cual está girando todo el proceso de acuerdos para formar gobiernos municipales y autonómicos. Los proyectos políticos, los programas económicos y las decisiones sobre el uso del dinero público quedan en segundo plano frente a la existencia o no de imputados en las listas de los partidos con aspiraciones a alcanzar una alcaldía o la presidencia de una comunidad autónoma. Tantos años de tertulias televisivas con monjas peronistas y caciques rebotados de FE y de las JONS impartiendo lecciones de democracia han acabado surtiendo efecto.
La política española está en una situación tal que el requerimiento de un juzgado comarcal puede decidir quién gobierna en una región. El PSOE y Podemos se frotan las manos confiando en que este chorreo de imputaciones a políticos del PP impida un acuerdo de los populares con Ciudadanos, llave capaz de abrir las puertas de la presidencia de cuatro comunidades autónomas y varias decenas de importantes ayuntamientos. La consecuencia es que los partidos dispuestos a depredar hasta el último euro del castigado bolsillo del contribuyente para poner en pie su delirante proyecto de tintes totalitarios pueden acabar gobernando gracias a los votos de gente que quiso simplemente dar un merecido castigo al PP.
En este proceso vertiginoso de diálogo-imputación-escandalera-dimisión y vuelta a dialogar, el PSOE ve cada vez más cercano su objetivo de recuperar las poltronas perdidas hace cinco lustros, aunque el precio a pagar sea la irrelevancia definitiva de Pedro Sánchez, que en el pecado podemita llevará la penitencia en forma de batacazo espectacular en las próximas elecciones generales.
¿Existe alguna garantía de que un partido sin imputados no pueda provocar un desastre sin paliativos allí donde gobierne? ¿O de que algunos de sus miembros, hoy limpios como la patena, no se lancen a robar dinero público como si no hubiera un mañana? Por supuesto que no. Expulsar a los candidatos incursos en procesos judiciales tiene únicamente un efecto simbólico. Que está muy bien, sí, pero a la hora de permitir gobernar a unos o a otros igual merecería la pena atender a otros razonamientos. Sobre todo cuando los que aspiran a sustituir a los imputados se abalanzan sobre las arcas públicas con hambre atrasada de 20 años.