Al parecer, el honorable Puigdemont, según ha dicho desde la tribuna del Parlament, está interesado en saber "si el Estado está dispuesto a usar la fuerza contra Cataluña"; o sea, quiere aclarar si el Gobierno español empleará los medios armados para defender y restablecer nuestro sistema político –la democracia– en el caso de que el citado declare la independencia de Cataluña, sea directamente o, de manera retorcida, mediante la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Lo que Puigdemont no ha aclarado es si su pregunta la hace por acojone para retirarse a tiempo –lo que arrastraría su pomposo título por los suelos– o si más bien lo que quiere es prepararse para el martirio –aunque, en estos tiempos de blandura, es dudoso que ello llegue mucho más allá de un retiro pensionado en alguna masía de su natal Valle del Brugent– y hacerse así acreedor a una oferta floral anual al estilo de la de Rafael Casanova.
Claro que la pregunta también puede ser un mero artilugio retórico, pues, tras hacerla, Puigdemont declaró solemne: "Las amenazas del Estado no nos disuaden, no rectificaremos, no recularemos". Parece chulería, pero no lo es. Tengo para mí que los nacionalistas catalanes se han mirado muchas veces en el espejo de Eslovenia y esperan que lo suyo será como lo de allí: como mucho una guerra de mentirijillas, de dos o tres días, con alguna víctima despistada, al cabo de la cual Rajoy retirará a la tropa –la que sea, aunque seguramente no pasará de la que está ya ubicada en Cataluña– para dejar que la república catalana sea de facto un Estado. Hay que decir a este respecto que los promotores de la independencia tienen motivos para pensar así, en vista de los antecedentes. Llevamos años con el asunto, se han hecho cosas fuera de la ley y el Gobierno de España, con Rajoy al frente, se ha desenvuelto con una cachaza pasmosa, mandando por delante a unos jueces y fiscales muy comedidos, especialmente lentos en sus dictámenes y renuentes a descargar sobre los sediciosos todas las armas del Derecho.
Pero hete aquí que esos mismos jueces –por boca de quien hasta hace poco ocupó la presidencia del Tribunal Constitucional– le han dicho a Rajoy que han llegado a su límite y que los tribunales no están para parar los golpes al Estado. Y hay que decir que, después de eso y de que, de pronto, se filtrara el contenido de la norma jurídica que, aprobada de urgencia por la Cámara de Barcelona, ha de amparar la secesión de hecho, parece que Rajoy se ha caído del guindo y ha debido de pensar que verdes las han segado y que, a partir de ahora, no va a tolerar ni un paso más hacia la independencia. Por eso, la pregunta de Puigdemont podría tener mucha enjundia, pues el Estado español, como todos los Estados que se precien, ostenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Un monopolio ciertamente sujeto a la ley, sin que ello obste para que pueda resultar abrumador, incluso en nuestras circunstancias, después de que el buenismo que ha impregnado nuestra política sobre estos asuntos durante los últimos veinte años haya descafeinado buena parte de las normas jurídicas que regulan todo esto. Vamos, que es para acojonar, amedrentar, atemorizar, más aún si, como es el caso, el Gobierno nada dice sobre los pasos que está dispuesto a dar para abortar la secesión.
Así que en esto estamos, esperando a ver cómo se desarrolla el drama, si deriva en esperpento o en tragedia, que para todo puede haber, pues ya hemos visto muchas cosas cuando lo de Ibarretxe y los vascos, aunque lo de los catalanes pudiera acabar siendo de otra manera.