La pírrica victoria del Partido Popular en las elecciones generales –que no oculta el rotundo y generalizado fracaso que supone haber perdido a un tercio de sus diputados a lo largo y ancho de la geografía española–, el retroceso del Partido Socialista –más atemperado que el del anterior, pues sólo deja en la cuneta a un quinto de su representación– y la pérdida de escaños de los partidos nacionalistas –casi igual en cuanto a su proporción a la experimentada por la derecha– han abierto un amplio hueco para Podemos y, en menor medida, para Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, dibujando así una cámara más compacta –pues habrá diez partidos en vez de trece– aunque menos gobernable que la de la legislatura anterior, pues se dibuja una endiablada aritmética parlamentaria en la que se hace muy difícil la formación de mayorías estables.
En estas elecciones los españoles nos hemos decantado, casi a partes iguales, por las opciones de centro y derecha (42,7 por ciento de los votos) o de izquierda (46,4 por ciento). Y el resto queda para el nacionalismo tradicional o para los partidos que no han obtenido representación, los votos en blanco y los nulos (7,1 y 3,8 por ciento, respectivamente). Pero lo más relevante es que, en esta ocasión, el voto refleja una importante fragmentación que es más amplia en la izquierda que en la derecha del espectro político y que adquiere unos tintes de división muy difíciles de acompasar. Digamos que en ambos lados pugnan opciones más próximas o más alejadas del centro político, pero la izquierda, en el caso de Podemos, aparece impregnada por el nacionalismo independentista.
Con estos mimbres, la formación del gobierno va a ser una tarea muy costosa y difícil, no siendo descartable en absoluto que haya que ir a unas nuevas elecciones. El dilema fundamental que habrá que resolver es el que se establece entre el reformismo y la revolución, toda vez que el resultado electoral no hace sino reflejar el agotamiento del sistema constitucional nacido de la Transición, un agotamiento que se expresa en el hartazgo de los ciudadanos con respecto a la invasión partidaria de todos los resortes institucionales del país -incluyendo el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los órganos de control y rendimiento de cuentas y los organismos reguladores de la economía-, al funcionamiento oligárquico de los partidos políticos, basado en un sistema electoral que blinda a sus cúpulas dirigentes, y al reparto territorial del poder y de su correspondiente financiación.
La opción reformista, planteada con intensidad, aunque no necesariamente con acierto, por Ciudadanos y, en menor medida, por el PP, cuenta con un apoyo parlamentario relativamente amplio, al que podrían sumarse algunos sectores del PSOE, si hacemos caso del discurso de sus dirigentes andaluces, extremeños y manchegos -que, por cierto, lideran las organizaciones en las que los socialistas han obtenido casi cuatro de cada diez de sus diputados-. Sin embargo, no parece fácil que pueda lograrse un acuerdo rápido acerca de su alcance y su concreción, en especial porque, aunque su finalidad vaya a ser la preservación del sistema, necesariamente implicará una importante cesión de poder hacia la sociedad civil.
Por su parte, la revolución cuenta, como dejó claro su máximo dirigente nada más conocerse los resultados electorales, con el entusiasmo arrasador de Podemos y, al incluir en ella el derecho a decidir, puede suscitar el apoyo no menos devoto de las minorías nacionalistas tradicionales, pues su realización constituiría una oportunidad para sus aspiraciones independentistas. Incluso, pese a este riesgo de división territorial de España, no son descartables los apoyos de una parte del partido socialista que verían en la alianza con Podemos una manera de llegar al poder con la seguramente vacua esperanza de, desde ahí, domeñar a una extrema izquierda aún inexperta en el ejercicio de la administración pública. Sin embargo, las posibilidades de llegar a un acuerdo que dé el gobierno a una opción revolucionaria son, de momento, reducidas, pues la conjunción de izquierda y nacionalismo sobre la que se sustentaría puede requerir el concurso de al menos cinco partidos.
Como el lector puede comprender fácilmente, con este panorama va a ser complicado tejer los mimbres de la gobernación de España. Además, aunque la iniciativa para ello le corresponda al PP, por ser el más votado, este partido no está en la posición central que podría facilitarle la tarea. Tal lugar tampoco le corresponde a Ciudadanos, debido a su insuficiente representación –lo que, por otra parte, debería hacer reflexionar a sus dirigentes acerca la postura abstencionista que han anunciado, pues ésta no es determinante para el equilibrio político y, menos aún, para su estabilidad–, de manera que, paradójicamente, a quien los electores han colocado en el fiel de la balanza es la PSOE. Es a los socialistas a quienes corresponde la responsabilidad de orientar el proceso político hacia el reformismo –lo que podrían hacer participando o no en un gobierno con el PP– o hacia la revolución –lo que haría necesaria su presencia en un gobierno severamente condicionado por Podemos y los independentistas–. No es la primera vez que un dilema de esta naturaleza se les presenta a los socialistas en la historia de España. Confiemos en que, en esta ocasión, no acaben conduciendo al país hacia la senda de la inestabilidad y el enfrentamiento civil.