La inevitable convocatoria de unas nuevas elecciones para el mes de junio, fruto de los vetos apriorísticos y de la incapacidad de los partidos políticos para buscar puntos de encuentro –eso sí, de unos más que de otros, como todo el mundo sabe–, ha estado acompañada de un plañidero lamento acerca de su coste económico que ha conducido a sus principales representantes a esgrimir variopintas propuestas para reducirlo. No seré yo el que entre en el detalle de las chorradas que hemos podido oír ni concederé un premio a la más robusta, pues todas ellas son aproximadamente igual de meritorias en cuanto a la expresión de la hipocresía con la que las principales fuerzas políticas de nuestro país abordan estas cuestiones.
Pero vayamos por partes. Las elecciones generales cargan sobre el presupuesto del Estado un coste de aproximadamente 190 millones de euros, de los que 125 corresponden al montaje de la maquinaria electoral –o sea, a sufragar los gastos de la administración electoral, la instalación de mesas, urnas y cabinas en los colegios, la impresión de las papeletas, el pago de dietas a los ciudadanos que, por sorteo, son elegidos para formar las mesas y el sistema informático empleado en el recuento– y otros 65 a cubrir los gastos de la campaña por parte de los partidos políticos. Quiere ello decir que, salvo que se pretenda adelgazar el aparato administrativo-electoral, dañando así la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes, prácticamente dos tercios del coste que acabo de referir es inamovible. Por ello, si los partidos políticos estuvieran verdaderamente preocupados por estos asuntos, lo que tendrían que haber hecho es comportarse de otra manera para evitar la repetición de las elecciones.
Pero nos queda el tercio restante; o sea, los 65 millones de euros que, más o menos, se destinarán a sufragar el coste de la campaña. Puntualicemos esto de entrada porque, dicho así, parecería que el Estado carga con todos los gastos que se realizan para convencer a los votantes. No es así por dos motivos. El primero es que las subvenciones electorales sólo alcanzan a los partidos que tienen éxito –o sea, que colocan a alguno de los suyos en el Congreso o el Senado–, pero no a los que se quedan en las puertas de la representación. Estos últimos no sacan nada. En las elecciones de 2015 hubo así 43 partidos que sumaron más de 800.000 votos que no recibieron ni un solo euro para financiar su campaña. Y el segundo es que esas subvenciones, para los que las reciben, no cubren más que una parte de sus gastos electorales, que oscila, según los casos, entre el 20 y el 99 por ciento.
Estas últimas proporciones nos van introduciendo en el meollo de la cuestión, que no es otro que el carácter discriminatorio que tiene el sistema de financiación electoral en favor, naturalmente, de los partidos mejor establecidos. Un carácter que redunda en la protección de los insiders frente a los outsiders; de los que forman parte del oligopolio partidario frente a los que quieren entrar en él. Y a su vez, dentro del oligopolio, de los que ocupan las posiciones dominantes frente a los que tienen un papel secundario.
Las subvenciones electorales tienen dos capítulos: uno que sufraga gastos corrientes de las campañas –siempre que estén debidamente documentados– y otro que cubre el coste del envío de papeletas al domicilio de los electores –para lo que se exige que éste se haya realizado a través de la empresa estatal de Correos, a la tarifa establecida y previo pago por el partido correspondiente de la totalidad de su importe, que llega hasta los ocho millones de euros si se abarca la totalidad del censo electoral–.
Las subvenciones para gastos corrientes tienen, por otra parte, dos componentes: uno por cada escaño obtenido por cada partido y otro por cada voto emitido hacia cada partido. Sin embargo, este segundo elemento está condicionado a que los votos se hayan traducido en escaños, de manera que sólo cuentan para la subvención los que han depositado los electores en las circunscripciones en las que el partido correspondiente logra algún diputado. Esto significa que los partidos grandes que tienen representación en todas o casi todas las provincias reciben la subvención por todos o casi todos los votos que acumulan. Pero los partidos que solamente consiguen escaños en pocas circunscripciones, aunque tengan votos en todas, ven mermada su subvención porque los votos sin representación no cuentan. Este es el motivo por el que algunos partidos –principalmente, los nacionalistas– consiguen que el Estado les pague, con relación a sus votos, cinco veces más que a los partidos nacionales relativamente pequeños o vez y media más que a los partidos grandes, también nacionales. Por tanto, los efectos discriminatorios de estas subvenciones son bastante notorios.
Pero para discriminación de verdad, la que se deriva de la subvención de los envíos electorales –ese mailing que Javier Arenas considera intocable–. En este caso, para que un partido vea compensados sus gastos de correo tiene que conseguir formar un grupo parlamentario. Esto implica que hay que tener un mínimo de 15 diputados o bien que, teniendo al menos cinco escaños, se cumpla la condición de haber obtenido el 15 por ciento de los votos en las provincias en las que se haya presentado el partido o el cinco por ciento en el total nacional. En el Congreso que ahora cierra hay siete partidos que, sin ser demasiado estrictos, cumplen tales requisitos –PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y PNV–; pero son trece los partidos con representación. Por tanto, hay seis que se han quedado sin nada. Casi todos ellos lo tenían previsto y, por ello, no gastaron nada en el mailing; pero alguno se ha quedado colgado de la brocha y sus deudas pesan como una losa en el momento de definir su futuro –como le pasa a Izquierda Unida–.
O sea que, al final, el sistema de subvenciones electorales beneficia a los grandes partidos –tanto nacionales como regionales–, a los que cubre la mayor parte de sus gastos, y deja en el desamparo a los pequeños –de manera parcial cuando logran colocar a algún diputado, y total cuando se quedan a las puertas del Congreso o del Senado–. Por eso las fuerzas políticas dominantes no quieren cambiar las cosas y nos cuentan el cuento del ahorro en el coste de la campaña. Pura hipocresía. Otro caso sería si hubiesen propuesto simplificar el sistema, haciéndolo equitativo –por ejemplo, pagando 1,7 euros por cada voto emitido, haya dado lugar o no a la representación– y eliminando el mailing electoral. En tal situación, las elecciones nos costarían a los españoles alrededor de cuarenta millones de euros en subvenciones y las oportunidades serían las mismas para todos los participantes. Claro que nos ahorraríamos sólo 25 millones, porque el gasto en montar los colegios electorales no nos lo quita nadie.