Parece que no va a consumarse, pero hace unos días varios sindicatos de izquierdas anunciaron la convocatoria de una huelga de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid como consecuencia de lo que calificaban de "inacción" por parte de la misma en referencia al protocolo de vuelta a los colegios de niños y adolescentes para comenzar el nuevo curso.
Confieso que para mantenerme fiel a mi estilo de comentar con toda la dureza necesaria aquello que me parece digno de reprobación sin caer en el insulto ni en el empleo de vocablos desagradables, he tenido que recurrir al diccionario para frenar mi indignación, así que dejaré esta amenaza sindicalista en "incalificable".
Porque la vuelta a los colegios, ya inminente, supone un momento delicadísimo en la batalla contra la covid; se trata de uno de esos problemas con diferentes soluciones pero ninguna de ellas buena, se trata de elegir la menos mala, o lo que es igual la que menos riesgos implique, si es que hay alguna que lo consiga.
Que el virus Sars-Cov 2 respete especialmente a los niños, al menos en lo que se refiere a desarrollo de la enfermedad con signos de gravedad y muertes es la única circunstancia positiva que podemos señalar en esta terrible pandemia, pero que los niños sean sufridores leves y en muchos casos asintomáticos no quiere decir que no puedan ser contagiadores, e incluso especialmente peligrosos en este sentido, por lo que su concentración en grupos escolares es un riesgo tan necesario como inminente y preocupante.
Europa entera debate con verdadera inquietud cuál puede ser la mejor estrategia para la vuelta al colegio o al instituto; estrategia no quiere decir panacea o solución única sino estudio de las diferentes opciones que se puedan tomar con adaptación a las singularidades de cada país o incluso de cada centro.
En España, las diecisiete Comunidades Autonómicas están desconcertadas ante la llegada de las fechas propias del comienzo de curso sin que el virus haya ofrecido la tregua veraniega que se suponía que podría derivarse de su sensibilidad a las altas temperaturas; no sólo no ha sido así, sino que en septiembre se presenta en circunstancias muy parecidas a una "segunda ola".
La Ministra Celaá se marchó de vacaciones afirmando con prepotencia que la vuelta al colegio se haría apostando por la presencialidad y después, y hasta el momento, ninguna recomendación, ningún intento de coordinación, nada de nada, es decir, no se ha producido en su persona la presencialidad que reclama para docentes y discentes. ¿Podría calificarse su actitud de inacción?
Sigue sin haber nombramiento de comisiones de expertos, después de descubrirse que la supuesta en la primera oleada era simplemente una mentira. Ahora hablan algunos médicos, virólogos y otros especialistas imprescindibles para el control de la situación, pero lo hacen en manifestaciones espontáneas llenas de indignación: el Gobierno sigue menospreciando a la Ciencia.
Y en este preciso momento aparecen los sindicatos de izquierdas para amenazar con una huelga docente a la Comunidad de Madrid, es decir para crispar la situación (¿no detesta tanto la palabra crispación el Presidente del Gobierno?) y poner palos en la rueda, cuando cualquier entidad o ciudadano con un mínimo de decencia debería colaborar en la medida de sus fuerzas en facilitar la adopción de medidas serenas y científicas. Hay muchas vidas en juego, señores sindicalistas.
¿No es inacción la de la Sra. ministra? ¿No deberían dirigirse las críticas, que no las malas intenciones, contra el propio ministerio en lugar de contra las desconcertadas Comunidades Autonómicas, casualmente contra las del Partido Popular?
La historia se repite: cuando se trataba de autorizar para lo que se llamó "cambio de fase", es decir de abrir la economía antes de su ruina total, también la Comunidad de Madrid resultó discriminada y retrasada en su ascenso en función de las inexplicables razones de un supuesto "comité de expertos" que el propio Ministro Illa tuvo que confesar agobiado poco después que no existía.
Nadie parece sentirse damnificado por tal superchería. Resulta que no se trataba de dictámenes científicos, sino de medidas partidistas. No eran expertos, sino consultores políticos los que jugaban con vidas y haciendas.
La huelga de docentes proyectada contra la Comunidad de Madrid no es sino el segundo eslabón de una cadena infame que parece aprovechar la inacción del Gobierno y sus ministros implicados en el control de la pandemia para, a río revuelto, utilizar la gravedad de la situación de manera discriminatoria contra las Comunidades no adictas, especialmente contra la de Madrid.
¿Será una operación de acumular leña en la pira de la anunciada moción de censura en la que el hombre de Cromañón tratará de prevalecer sobre otras modalidades de Homo sapiens más incautas o temerosas? Mucho nos tememos que así sea.