Los ciudadanos estamos hartos y los menos prudentes no han tardado en lanzarse eufóricos a disfrutar de la templada noche de una España sin "estado de alarma". El juego de la ruleta rusa ha comenzado de nuevo.
Sabemos demasiado poco sobre el virus Sars Cov2 como para lanzarnos a una situación de euforia tras el final del inútil estado de alarma que hemos padecido sin que durante el mismo, y sin respeto a las penalidades de los ciudadanos, se hayan tomado una serie de medidas imprescindibles.
Cada Autonomía ha tenido que valérselas como ha podido y en medio del desconcierto del Gobierno Central, aunque al menos muchos nos hemos sentido aliviados al no tener que soportar esa desesperante mezcla de prepotencia e ignorancia que borboteaban cada vez que se expresaba el ministro Illa. De su subordinado, mejor ni acordarnos.
Apurado hasta el límite lo que Sánchez llamó "estado de alarma", se abre una etapa de lo que parecía imposible: la dejación de funciones todavía mayor por parte de su ciclópeo Gobierno. A partir de ahora las restricciones, que siguen siendo imprescindibles no se descargan ni siquiera en las distintas Autonomías, sino en el estamento judicial. Se pide a los jueces que hagan la parte más desagradable del trabajo.
Pero vamos al fondo de la cuestión: nadie puede sustituir a los jueces en la función de juzgar, pero para juzgar necesitan leyes que no existen sobre la mayor parte de los puntos conflictivos que se ciernen sobre la amenaza Covid. Jueces sin leyes, este es el gran disparate.
A la hora de dictaminar sobre las limitaciones de libertades ciudadanas que puedan establecer las Comunidades Autonómicas, los principales puntos conflictivos derivarán de las circunstancias epidemiológicas, es decir "sanitarias", o si se quiere "médicas". ¿Dotamos a los jueces de las imprescindibles comisiones asesoras en este sentido? Estamos ante una antología del disparate.
Recordemos a sus señorías algunos de los factores epidemiológicos sobre los que tendrán que conocer a partir de la pasada noche: variantes actuales de Sars Cov-2 y variantes previsibles en función de sus posibilidades de mutación; resistencia a las vacunas de cada una de dichas variantes; capacidad de contagio de cada una de las cepas o formas de contagio de las mismas. Por no poner más que algunos ejemplos.
Es de suponer que los jueces conocen los peligros a que les enfrenta la inoperancia del Gobierno, y que las Autonomías no caerán en la trampa de dar la cara por el mismo. La pandemia no ha pasado todavía, y necesitamos más que nunca afrontar tiempos de prudencia, aunque no exentos de esperanza.
Las numerosas incógnitas que todavía se presentan a la hora de afrontar la nueva etapa de la pandemia, etapa que bien pudiéramos calificar de "nueva anormalidad" hacen imprescindible mantener el principio de prudencia: una nueva ola que se puede presentar antes de dar tiempo a que la vacunación masiva se imponga al virus sería absolutamente insostenible.
Sería insostenible desde el punto de vista anímico y sentimental: hemos perdido demasiados seres queridos y hemos sufrido más de lo que se pueda resistir, pero tampoco podemos seguir abocados a la ruina; mantener todo lo posible el equilibrio entre precaución y libertad de consumo ha sido el secreto de Isabel Ayuso que los ciudadanos han sabido agradecer en las urnas.
Pero los ciudadanos que anoche se lanzaron a la calle llenos de euforia para celebrar el "final del estado de alarma" necesitan un Savonarola que se plante ante ellos para señalar la inminencia de una nueva cabalgata de los "cuatro jinetes del Apocalipsis": la peste sigue, la muerte no se ha detenido, el hambre se cierne en forma de ERES y de paro y la guerra entre políticos es más indeseable que nunca.
Del estado de restricción de libertades que decretó en su momento Sánchez no salimos mejores sino mucho peor, como no podía ser de otra forma; estamos al menos parcialmente arruinados y es necesaria la solidaridad con aquellos gremios y profesiones que más se han visto afectadas. Que alguien se atreva a repetirle a los hosteleros el mantra de que salimos más fuertes que antes de la pandemia.
La explosión de alegría ciudadana que ha seguido de inmediato al final del estado de alarma no deja de ser lógica, porque llevábamos demasiado tiempo soportando tantas privaciones, pero es extremadamente peligrosa, aunque resulte impopular recordarlo.
Es humano y lógico aprovechar el receso para recobrar el contacto con los seres queridos, para comprobar el estado de las abandonadas segundas viviendas o para respirar profundamente en la vuelta al contacto con la naturaleza, pero de aquí al abandono de las precauciones sanitarias debería mediar una gran distancia.
Porque incluso los países líderes en vacunación masiva para alcanzar la inmunidad de grupo como Israel no han abandonado el empleo de las mascarillas, de la distancia social y en definitiva, el principio de prudencia.
Y los jueces, ¿no se sentirán tentados a pedir que les dejen en paz con su trabajo, que bastante tienen, sin pretender atribuirles nuevas competencias? Legislar sin estar dotados de leyes no es posible, de manera que lo que se les pide es que tapen la incompetencia de los numerosísimos miembros de este gobierno gigantesco en número de miembros y corto en valor para proteger a los ciudadanos de algo tan tremendo como la pandemia que aún no ha terminado.