Hasta este 10 de enero Nicolás Maduro era tildado de autoritario y en algunos casos hasta de dictador por los Gobiernos de Europa y América preocupados por la muerte de la democracia en Venezuela. Este 10 de enero Maduro ha dejado de ser considerado presidente legítimo del país en el que manda por la mayor parte de democracias de América.
Más de siete meses después de la farsa de elecciones en las que se hizo reelegir como presidente, a Maduro se le acaba oficialmente su primer mandato, y comienza con la toma de posesión del jueves los seis años más de presidencia obtenidos espuriamente en las elecciones trampa del 20 de mayo.
En 2013, tras ser ungido sucesor por el presidente Hugo Chávez, Maduro ganó sus primeras elecciones entre denuncias de irregularidades de la oposición y numerosos observadores. A pesar de ello, nadie en la comunidad internacional dejó de reconocer el resultado electoral que permitía continuar en el poder al chavismo, algo que sí ocurrió el pasado 20 de mayo.
Con los mejores candidatos de la oposición presos, inhabilitados y exiliados y la coalición opositora excluida, Maduro ganó como estaba previsto al único aspirante de cierto peso que había tolerado, el exchavista Henry Falcón. La comunidad internacional democrática condenó el monumental fraude y se negó a reconocer los resultados.
Hasta este jueves, Maduro gobernaba en virtud de la victoria electoral de 2013. A partir de este jueves lo hace haciendo efectivo el pucherazo de mayo. (Hablamos, qué duda cabe, desde un punto de vista formal: Maduro ya hace mucho que gobierna gracias a la obediencia de quienes tienen las armas en Venezuela).
Como en mayo no reconocieron los resultados que ahora le hacen presidente, todos los países del Grupo de Lima menos el México del chavista López Obrador han dejado de reconocer a Maduro como jefe del Estado. Un total de 13 países americanos firmaron la declaración en la que lo anunciaban. Entre ellos hay potencias continentales como Argentina, Brasil, Canadá, Chile o Colombia, cuyo voto ha servido para que la Organización de Estados Americanos también haya aprobado no reconocer la nueva presidencia de Maduro. La misma decisión fue tomada hace tiempo por Estados Unidos, el país que más acciones concretas ha tomado contra la dictadura venezolana. Esas sanciones se anuncian normalmente en comunicados institucionales en que a Maduro se le llama simplemente "Maduro", sin la habitual etiqueta de "presidente", reservada para cualquier jefe de Estado. Algo más corta se ha quedado como de costumbre la Unión Europea, que sigue lamentando que el dictador pase olímpicamente de los consejos de Bruselas y aún contempla el diálogo como salida a la situación venezolana.
Que tantos Gobiernos de tanta importancia hayan dejado de reconocer a un mandatario en ejercicio como presidente legítimo de su país es un hecho con pocos precedentes que no ha ocurrido ni con los peores dictadores. Pasar a considerar ilegítimo a un régimen cuyo derecho a gobernar se aceptaba pese a condenarse la forma autoritaria o dictatorial en la que lo hacía supone un salto cualitativo importante en la presión diplomática sobre la Venezuela chavista.
Desde que el régimen sofocara a balazos las protestas ciudadanas de 2017, los venezolanos han perdido cualquier esperanza de cambio. No es extraño que muchos se aferren ahora al no reconocimiento internacional de Maduro que trae este 10 de enero para seguir creyendo en la posibilidad de volver a ver antes de morirse a su país libre de comunismo.
Además del fin de la legitimidad de Maduro ante la comunidad internacional de países libres, 2019 trae consigo una nueva presidencia del Parlamento, el único poder que no controla el chavismo. (Los partidos de la oposición que ganaron las elecciones legislativas de diciembre de 2015 acordaron designar cada año al representante de una formación distinta como presidente). Durante 2018 la máxima autoridad de la cámara fue Omar Barbosa, un dinosaurio de la política sin determinación ni energía para enfrentarse al régimen que demás pertenecía a Un Nuevo Tiempo, el partido opositor más favorable al diálogo con el régimen.
El nuevo presidente de la cámara es el joven diputado de Voluntad Popular Juan Guaidó. VP es el partido del líder opositor detenido por el chavismo Leopoldo López. El carácter combativo de VP y el discurso de Guaidó nada más ser elegido invitan a pensar en un Parlamento más beligerante e imaginativo a la hora de enfrentarse a Nicolás Maduro. El chavismo anuló todas las competencias de la cámara legislativa nada más tomar posesión la nueva mayoría opositora surgida de los comicios de finales de 2015. Más tarde, Maduro creó un parlamento paralelo formado íntegramente por chavistas, que hace las veces de poder legislativo en Venezuela desde su instauración, en agosto de 2017. Pese a que le han dejado sin atribuciones reales, el Parlamento goza de un enorme capital simbólico, y representa el último bastión de democracia en Venezuela.
El hecho de que en la América y la Europa democráticas se le considere a partir de ahora como un presidente ilegítimo y la presidencia de Guaidó pueden ser motivos de optimismo. Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima ven en el Parlamento el único poder legítimo de una Venezuela en la que el chavismo ha colonizado todas las demás instituciones, incluido el poder judicial. Por su parte, Guaidó ha prometido que, bajo su presidencia, el Parlamento designará de manera unilateral nuevos poderes "legítimos" para sustituir a los jueces y demás funcionarios públicos impuestos de manera irregular por el chavismo. El nuevo jefe del Parlamento ha asegurado también que la cámara creará un "órgano de transición para la restitución del orden constitucional", que debe poner fin a la "usurpación" de la presidencia por parte de Maduro.
Si la comunidad democrática internacional considera al Parlamento el único poder legítimo, debería apoyar sin reservas estos nombramientos, pero este previsible apoyo no tendrá ningún valor si no lo materializa con alguna amenaza efectiva o medida de fuerza que obligue a Maduro a respetar los nuevos poderes y demás órganos nombrados por el Parlamento. Lo que pasará si el respaldo internacional es meramente verbal lo vimos en julio de 2017, cuando –con la simpatía de los países amigos– el Parlamento nombró un Tribunal Supremo "legítimo" que debía sustituir a los magistrados en ejercicio elegidos y corrompidos por el chavismo. El régimen detuvo inmediatamente a uno de los magistrados designados por el Parlamento. Los demás magistrados del Supremo paralelo huyeron enseguida del país para evitar correr la misma suerte. El Supremo sigue reuniéndose y dictando sentencias desde el exilio, pero todo lo que produce es papel mojado, porque no tiene nadie que las aplique dentro de Venezuela.
La alternativa a la improbable intervención extranjera es una rebelión desde las Fuerzas Armadas, a la que volvió a llamar el viernes sin apenas disimulo al pedir a los militares que no reconozcan "como legítimo aquello que no fue producto del voto popular" y "den un paso al frente y hagan valer la constitución". Muy mal debería presentarse cualquier fuerza interna que consiguiera derrocar a Maduro para no contar con un abrumador apoyo internacional, pero sectores militares ya intentaron sublevarse en varias ocasiones, y el régimen logró descubrir y desactivar a tiempo las conspiraciones gracias a su eficaz aparato orwelliano de vigilancia, de importación cubana.