Adolfo Suárez fue sacrificado en el altar de los dioses por sus propios aliados y compañeros de filas tras sufrir una de las campañas de acoso y derribo más duras que se recuerden. Pero, pese a las furibundas críticas que recibió, ha pasado a la historia como uno de los grandes hacedores de la ejemplar transición democrática. El tiempo, una vez más, se encarga de situar a cada uno en su sitio. Mariano Rajoy, por el momento, mantiene intacto su liderazgo al frente del centroderecha, pero está haciendo méritos para quedar como uno de los peores presidentes de la democracia. No en vano ya se ha ganado a pulso el premio a la mayor irresponsabilidad política de las últimas décadas al primar su ambición personal por encima de cualquier otra consideración, hasta el extremo de jugarse a una carta el bienestar de 46 millones de españoles.
A muchos votantes del PP les sorprenderá el diagnóstico, sin duda, pero la labor de los mandatarios ha de medirse desde la perspectiva del largo plazo. Así, si el legado de Suárez fue la Transición, el de Felipe González fue el viraje hacia la socialdemocracia del PSOE (extirpando el cáncer marxista de sus entrañas), la relativa modernización económica del país a través de la impopular reconversión industrial (pese al rechazo frontal de los sindicatos) y, por supuesto, la entrada de España en la OTAN y en la UE. Aznar, por su parte, completó el necesario proceso de privatizaciones que inició el PSOE y logró la entrada de España en el euro.
Zapatero, sin embargo, tiene bien merecido el amplio descrédito del que es objeto debido, en primer lugar, a su pésima gestión de la crisis, pero también a su rancio discurso sectario y guerracivilista. Pese a ello, hay un dato que conviene reseñar. Y es que, en uno de los momentos más delicados de la crisis, cuando España bordeaba la quiebra técnica, se enfundó temporalmente el traje de estadista para anunciar el mayor recorte presupuestario hasta la fecha. En mayo de 2010, Zapatero se suicidó políticamente, a sabiendas, tras decretar una rebaja de sueldo a los empleados públicos y, sobre todo, una inédita congelación de las pensiones, entre otras medidas muy impopulares, aunque imprescindibles y necesarias en aquel momento. Posteriormente, a mediados de 2011, impulsó la reforma del artículo 135 de la Constitución para blindar –sobre el papel– el pago de la deuda pública, en un nuevo intento por tranquilizar a los inversores.
Es cierto que en este último punto el PSOE contó con el apoyo del PP, pero no así con los recortes aplicados en mayo de 2010. Zapatero pudo entonces imitar a Grecia y lanzar un órdago a Bruselas blandiendo como amenaza el impago soberano, pero no lo hizo. Los populares, por el contrario, con su rechazo a ese decreto, avanzaron en aquella crucial votación el auténtico espíritu cortoplacista y profundamente irresponsable del que haría gala Rajoy durante su mandato.
Cabe destacar el desastre que ya ha ocasionado a su propio partido. Rajoy, por mucho que diga lo contrario, no ha ganado ni una sola elección: perdió contra Zapatero en 2008, cuando ya era evidente que la crisis llamaba a la puerta, tras sumar 10,3 millones de votos; la histórica mayoría absoluta lograda en 2011 no fue una victoria (10,8 millones de votos, apenas 500.000 más), sino el fruto de la rotunda derrota del PSOE, que perdió más de 3 millones de votos. De hecho, cuatro años después, en las generales de 2015, Rajoy obtuvo una derrota muy similar a la de Zapatero, con 3 millones de votos menos y el peor resultado cosechado por el PP desde 1989. El mantenerse como primera fuerza no oculta la tragedia de haber perdido casi un tercio de su electorado. El rajoyismo ha supuesto el abandono de los principios fundacionales del PP, con el lógico cabreo de liberales y conservadores, su absoluta renuncia a la batalla de las ideas y su progresivo acercamiento al socialismo imperante en España. Y la prueba de ello es que, más allá de la buena o mala gestión de la crisis, las grandes banderas del zapaterismo han seguido ondeando impertérritas bajo el PP (desde la Memoria Histórica y el matrimonio gay hasta la Alianza de Civilizaciones, la discriminación positiva o la negociación con ETA, entre otros temas polémicos).
Rajoy representa, en gran medida, la continuación de Zapatero en el ámbito político, pero es que, además, su irresponsabilidad en el ámbito económico ha sido, si cabe, aún mayor. Y no tanto por las medidas concretas aprobadas en los últimos años, donde la austeridad presupuestaria y la liberalización económica han seguido brillando por su ausencia (se salva la reforma laboral y poco más), sino por su insensata e imprudente actitud en los momentos cruciales. Pocos recuerdan que nada más llegar al poder, en medio de la peor tormenta financiera de la crisis –superior a la de mayo de 2010–, el PP retrasó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y suavizó la reforma laboral con el fin de favorecer al mediocre y sempiterno candidato Javier Arenas en las elecciones andaluzas.
Asimismo, pocos saben que en esos meses de máxima tensión Moncloa sopesó seriamente la posibilidad de salir del euro (sí, sí, han oído bien: ¡salir del euro!) en lugar de afrontar los profundos ajustes estructurales que precisaba con urgencia el país. Rajoy actuó entonces de forma parecida a como posteriormente actuó Alexis Tsipras en Grecia, solo que pudo aprovecharse del mayor tamaño de España para salir ganando en la negociación: el muy responsable Gobierno popular amenazó a Bruselas con la desintegración del euro para lograr el rescate encubierto del BCE, cosa que se produjo en julio de 2012. Por mucho que la partida le saliera bien, el simple hecho de jugarla fue de una gravedad mayúscula. Y ello sin contar que el riesgo de quiebra no ha desaparecido, puesto que el déficit se mantiene en un nivel insostenible, próximo al 5% del PIB después de reiterados incumplimientos, y la deuda alcanza un récord histórico del 100%.
El colofón del despropósito, sin embargo, es el buscado engorde de Podemos y la repetición de las generales. El enemigo declarado del PP no es el PSOE, ni mucho menos Pablo Iglesias, sino Ciudadanos, que es quien le disputa su, hasta ahora, indiscutible espacio electoral. Rajoy decidió no presentarse a la investidura, cediendo así la iniciativa política a Pedro Sánchez, sin intención alguna de negociar, con la esperanza de que éste fracasara y, en última instancia, repetir las elecciones, tal y como adelantó él mismo a sus colegas europeos mediados de febrero. Su pronóstico se ha cumplido y por esa razón se exhibe hoy henchido y plenamente confiado de cara a la nueva cita con las urnas. El mero hecho de que Pablo Iglesias muestre idéntica alegría por la repetición de las elecciones ya debería cuestionar muy seriamente el papel desempeñado por Rajoy en los últimos meses.
Sin embrago, lo trágico es que, en realidad, lo que persigue el PP es el temido sorpasso de Podemos. Los estrategas de Génova confían en que Pablo Iglesias, con el apoyo de IU y sus confluencias, supere en escaños a Sánchez, ya que de este modo el PP se garantizaría la ansiada abstención del PSOE –echarse en manos de Podemos sería un suicidio– para mantener a Rajoy al frente del Gobierno, preferiblemente sin el apoyo de Albert Rivera. Su discurso del miedo, "yo o el caos", busca la movilización del centroderecha en detrimento de Ciudadanos y, sobre todo, a favor de Podemos, identificado como el voto útil de la izquierda. Su plan para ser reelegido constituye uno de los mayores actos de irresponsabilidad política de la democracia, ya que, en esencia, implica poner en riesgo el propio sistema democrático. Muchos españoles todavía no son conscientes de lo que está en juego. Rajoy está dispuesto a todo, incluso a aupar a los totalitarios como principal fuerza de la oposición, para seguir gobernando. Si Podemos supera al PSOE, será cuestión de tiempo que llegue al poder, y para entonces Rajoy ya se habrá retirado plácidamente, pero los españoles sufrirán las consecuencias de semejante despropósito.
Que el hoy presidente en funciones arriesgue el bienestar y la libertad de los españoles por mantener su sillón, al igual que en su día se jugó la permanencia en el euro, lo convierte ya en el presidente más irresponsable de la democracia; pero si se cumple su pronóstico y se sale con la suya, abriendo las puertas de Moncloa a Pablo Iglesias, debería ser encumbrado como el peor mandatario de la historia reciente de España, a la altura de Rafael Caldera, el último presidente democrático de Venezuela y artífice del indulto que posibilitó el ascenso de Hugo Chávez al poder.