Puigdemont está ganando a Rajoy. A estas alturas de la partida, también conocida como procés, cuyo inicio se remonta a 2012, es evidente que la Generalidad va un paso por delante del Gobierno central en su objetivo de alcanzar la ansiada independencia de Cataluña. Han llegado muy lejos, hasta donde casi nadie pensó que podrían llegar, por la vía de los hechos consumados, y, una vez alcanzado este punto, es muy difícil que den marcha atrás. O todo o nada, ése es el mandato. A diferencia del Ejecutivo, que sigue la estrategia de acción-reacción, los nacionalistas llevan años perfilando un calculado y detallado plan para romper con el resto de España en el que ya contemplan las posibles respuestas del Estado, lo cual les otorga una clara ventaja a la hora de mover ficha, y cuyos resultados, por cierto, es ahora cuando se empiezan a vislumbrar.
Hasta el pasado 1 de octubre, fecha en la que se celebró el referéndum ilegal de independencia, nadie –al menos en los mercados– preveía la actual situación. Se daba por hecho que Rajoy y su segunda de a bordo, Soraya Sáenz de Santamaría, desbaratarían la consulta o, como mínimo, la reducirían al simple paripé del 9 de noviembre de 2014, cuyos efectos fueron nulos. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. El Gobierno cayó en la trampa de los independentistas. No sólo hubo referéndum, con sus urnas, sus papeletas, sus centros de votación y su particular censo, pese a todas las irregularidades y atropellos jurídicos cometidos por la Generalidad, sino que, además, Policía y Guardia Civil acabaron cargando contra los votantes, tras la traición de los Mossos, para intentar cumplir la orden de la Justicia, ofreciendo así las imágenes que con tanto ahínco buscaban los separatistas: porras contra votos. Un mensaje fácil, sencillo y efectivo.
Cataluña recababa la atención internacional que nunca tuvo. La prensa de medio mundo se hizo eco del referéndum y muchos no dudaron en condenar la actuación del Gobierno a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es muy importante remarcar este hecho, ya que la independencia catalana jamás sería posible sin tener cierto apoyo internacional, ya sea para su reconocimiento como Estado propio o bien para posibilitar una negociación de tú a tú con el Estado español.
El 1-O fue un éxito para el nacionalismo
Sea como fuere, la cuestión es que el 1-O fue un clamoroso éxito para el nacionalismo catalán. Lo que parecía imposible empezaba a materializarse, especialmente después de que Puigdemont avanzara su intención de declarar la independencia de Cataluña en base a los resultados de la votación. Es ahí cuando empieza a cundir el pánico entre bancos, empresarios, inversores y la población en general. No en vano, si Rajoy prometió que no habría referéndum y lo hubo, ¿qué impediría la consecución de la independencia? Esto no es sólo un problema de legalidad, que también, sino de habilidad política.
Lo que refleja la masiva fuga de empresas y capitales es, simplemente, la posibilidad, hasta ahora inconcebible, de que Cataluña rompa con el resto de España, la UE y el euro. No es, por tanto, un motivo de alegría, sino de honda preocupación. Hay mucho miedo, como es lógico, a que el plan separatista fructifique, o, dicho de otro modo, dudas de que el Gobierno pueda pararlo. Y los hechos empiezan a dar la razón a los desconfiados, puesto que lo cierto es que la Generalidad ya ha activado la desconexión.
Puigdemont declaró solemnemente la independencia de Cataluña el pasado martes 10 de octubre en el Parlamento regional, y desde ese mismo momento echó a andar la Ley de Transitoriedad, que, junto a la Ley del Referéndum, aprobaron a principios de septiembre en una caótica e irregular sesión parlamentaria. Poco importa que el Tribunal Constitucional suspendiera ambas normas poco después. Los independentistas ya no responden a la ley española, sino que se rigen por la suya, creando así una legislación paralela, ajena al actual marco constitucional.
Puigdemont sí declaró la independencia
Así pues, no se engañen. Por mucho y muchos que digan lo contrario, la transición hacia la independencia efectiva comenzó el 10 de octubre. ¿Hubo entonces declaración? Por supuesto. Atiendan a los hechos. Puigdemont declaró en el Parlamento regional:
Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo, al presentar los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que el pueblo de Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por responsabilidad y por respeto.
Sí, dicen algunos, pero acto seguido dejó en suspenso la independencia para intentar negociar con el Gobierno:
Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.
Primer punto a tener en cuenta: no se puede suspender lo que no existe, ergo la declaración se efectuó, tal y como reconocen los independentistas; en segundo lugar, pese a la petición de Puigdemont, el Parlamento catalán no votó ninguna suspensión, ergo la declaración de independencia sigue en vigor; además, según la Ley de Transitoriedad, ésta entra en vigor de forma automática tras anunciarse de forma oficial los resultados del referéndum; y, por si todavía quedaba alguna duda, Puigdemont y el resto de diputados separatistas estamparon su firma en una declaración de independencia cuyo contenido es diáfano:
Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada (...)
CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social (...)
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (...)
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante (...)
APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano (...)
INSTAMOS al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (...)
Da igual que dicho texto no se haya votado en el Parlamento regional, ya que basta con que el presidente catalán haya declarado la independencia para que sea constitutivo de delito según la ley, o que el documento en cuestión carezca de validez jurídica, puesto que ninguna declaración de estas características la tiene. De hecho, la declaración se proclama para romper con el marco legal previo, no para validarse conforme a él. Así pues, desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna duda, tal y como manifestaron las tres asociaciones de fiscales al unísono tras la comparecencia de Puigdemont, a la que calificaron de "golpe al Estado de Derecho".
Pero, entonces, ¿a qué viene tanta confusión?, ¿por qué Puigdemont se decantó por la ambigüedad para sorpresa y decepción de las filas independentistas? Todo forma parte del mismo plan. Todo está milimétricamente medido. Es la nueva trampa de la Generalidad. Su objetivo no es otro que transmitir, sobre todo de cara al exterior, una voluntad de negociación y diálogo que no es tal mediante una suspensión de independencia que tampoco es tal.
Y de momento les ha salido bien la jugada, puesto que la mayoría de medios, extranjeros inclusive, han tragado con el mensaje de que Puigdemont frena la independencia en el último momento para negociar. De este modo, si el Gobierno decide aplicar finalmente el artículo 155 para suspender la autonomía, los independentistas podrán blandir de nuevo su discurso victimista, cuya imagen en esta ocasión será represión frente a diálogo, algo fácil de vender a la opinión pública una vez más.
La única solución: descabezar el 'procés'
Recuerden que toda la estrategia separatista está destinada a un único fin: o bien lograr la independencia de forma unilateral o bien abrir una negociación con el Gobierno, con o sin ayuda de la comunidad internacional, para acordar un referéndum legal.
La hoja de ruta independentista que obraba en poder de Josep María Jové, mano derecha del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, lo deja bien claro. En primer lugar, declarar la independencia, cosa que ya han hecho, y después, una vez activado el 155, "generar conflicto" en la calle hasta lograr un referéndum acordado o la "desconexión forzosa". La única hipótesis bajo la que los independentistas contemplan la derrota es tras una "reacción violenta del Estado", que desemboca a su vez en dos opciones: "Perdemos" o "resistimos". El resto de opciones acaba en victoria para los separatistas.
Y no les falta razón. Tarde o temprano, Rajoy tendrá que emplear la fuerza para desactivar el golpe, pero el desenlace del procés dependerá de cómo se desarrolle este movimiento. Si la violencia se ejerce en la calle, tal y como aconteció en el referéndum, la probabilidad de éxito para el Estado será nula, ya que ni la opinión pública española ni la comunidad internacional soportarían dicha tensión, a diferencia de los separatistas, que ya están concienciados para ello. La única forma de que el Gobierno salga airoso de esta situación es descabezando el movimiento independentista, es decir, la cúpula de la Generalidad, con Puigdemont y Junqueras en primer lugar, mediante la suspensión de sus cargos y su puesta a disposición judicial por la presunta comisión de los delitos de sedición o rebelión.
¿Qué hará Rajoy? Su inacción es lo que nos ha llevado hasta aquí. Si finalmente pacta una reforma constitucional con el PSOE para tratar de satisfacer a los nacionalistas, mejor hubiera sido conceder a Artur Mas el famoso pacto fiscal que solicitó en 2012 o bien abordar de una santa vez la urgente y necesaria reforma de la financiación autonómica para que cada región pueda organizar sus competencias a su antojo haciendo uso de sus propios recursos, a imagen y semejanza de País Vasco y Navarra. Asimismo, puestos a actuar, también habría sido preferible que el Estado interviniera o suspendiera la autonomía mucho antes para evitar la actual situación límite.
El no hacer tan típico de Rajoy le ha funcionado muy bien hasta ahora, pero el problema es que los independentistas juegan con las cartas marcadas y ya sabían de antemano cuál iba a ser el proceder del presidente del Gobierno. Si esta partida sale mal, España puede perder Cataluña y los principales culpables serán Mariano y Soraya.