Acaba de comenzar el juicio contra los líderes independentistas en el Tribunal Supremo y, tal y como se esperaba, el nacionalismo identitario que, por desgracia, sigue gobernando en Cataluña, no centrará su estrategia de defensa en la exposición y desarrollo de sólidos argumentos jurídicos con el fin de exculpar a los encausados, sino que, una vez más, dirigirá toda su atención y esfuerzo al desprestigio de las instituciones españolas para tratar de deslegitimar toda la causa de raíz.
No en vano, si logran transmitir a la opinión pública, tanto catalana como extranjera, que España es una especie de dictadura en la que se atropellan derechos y libertades fundamentales, el veredicto final de los jueces dará exactamente igual. No será una sentencia, sino una condena política, mientras que los procesados serán concebidos como mártires, siguiendo así el guión de "presos políticos" interpretado hasta la fecha.
Que sean declarados inocentes o culpables es lo de menos, lo importante aquí es sembrar la duda, aunque sea mínima, de que la democracia y el estado de derecho brillan por su ausencia en España. En este sentido, los separatistas siguen a la perfección el "manual del buen populista" que, entre otras formaciones de corte liberticida y totalitario, ponen en práctica los máximos representantes de Podemos y que, en resumen, consiste en cargar abiertamente contra la Constitución, la Democracia y la Justicia, los tres grandes pilares sobre los que se asienta la estructura institucional del país.
En última instancia, lo único que persiguen unos y otros es minar la confianza social en el marco de derechos, libertades y garantías que está vigente en España para, de este modo, poder justificar su derrumbe y sustitución, ya sea mediante la implantación del comunismo en el caso de Podemos o con la consecución de la soñada República Catalana en el caso de los nacionalistas. De ahí que insistan de forma reiterada en que la Constitución no es más que la extensión de la dictadura franquista, que el país sufre un grave déficit democrático o que la justicia no es imparcial.
La desvergüenza de semejantes patrañas es de tal calibre que resulta increíble que haya gente dispuesta a comprar semejantes argumentos, y, pese a todo, son muchos los ciegos e ignorantes que caen en esta particular trampa para elefantes. De todos es sabido que mentir sale gratis, y mucho más en política, donde la mentira es profesión, pero lo cierto es que España, por mucho que les pese a separatistas y podemitas, tiene mucho de lo que vanagloriarse en esta materia.
Empezando por la Constitución, nunca antes en la historia reciente los españoles han gozado de un período de mayor estabilidad y prosperidad como el registrado en los últimos 40 años. Basta observar el siguiente cuadro para percatarse del enorme avance cosechado desde finales de los años 70. El marco constitucional es, sin duda, un caso de éxito, y no sólo en términos políticos, sino también a nivel económico y social.
Desde 1977, la renta per cápita de los españoles en términos reales se ha duplicado, convergiendo desde el 76,1% de la media de la UE al 92% actual; la incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad; el modelo productivo se ha terciarizado, como en el resto de las economías avanzadas; las exportaciones han aumentado de un 13,3% a un 33,1% del PIB, destacando el papel de las multinacionales; y la integración en la UE atrajo inversión extranjera y permitió una mayor estabilidad de precios y tipos de interés, entre otros muchos logros.
Una Constitución que, por cierto, recibió el apoyo cerrado del expresidente de la Generalidad Josep Tarradellas a la hora de ser votada en referéndum con las siguientes y clarividentes palabras: "Cataluña es el pueblo de España que más razones tiene para decir ‘sí’ a la Constitución. Estamos obligados a no dejarnos llevar por la demagogia. Cataluña ha pagado caras sus desviaciones. No hace falta repetirlas".
Por otro lado, España es hoy una de las democracias más consolidadas del mundo, a la altura de otros países ricos tales como Reino Unido, Alemania, Holanda, Austria, Luxemburgo, Canadá, Noruega o Suecia, ya que forma parte del reducido grupo de "democracias plenas", según el ranking internacional que elabora anualmente The Economist Intelligence Unit. En concreto, ocupa el puesto 19 del mundo, con una nota de 8,1 puntos, de un total de 167 países, por encima de EEUU (puesto 25), Francia (29) o Bélgica (31), tan admirada últimamente por los nacionalistas catalanes tras convertirse en el refugio del prófugo Puigdemont.
Y, por último, aunque no menos importante, España figura entre los países menos condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde se dilucidan las garantías procesales para la consecución de un juicio justo, así como la protección efectiva de derechos y libertades fundamentales del individuo. Entre 1959 y 2017, el número de condenas en el caso español asciende a un total de 157, muy lejos de las más de 3.000 de Turquía, las 2.000 de Rusia e Italia, las 900 de Grecia, las 500 de Reino Unido, las más de 300 de Alemania o las 242 de Bélgica…
Los datos son los datos, el resto pura y simple demagogia. Pese a todo, seguro que muchos asumen como propias las falacias urdidas por nacionalistas y podemitas contra los pilares institucionales del país, al margen de su desconocimiento sobre la materia o incluso de su posicionamiento político. Y es que en España también somos muy dados a la flagelación y el demérito injustificado.
Prueba de ello es que apenas el 20% de los españoles cree que su cultura es superior a la de otras sociedades, el porcentaje más bajo de Europa, a años luz de griegos (89%), rusos (69%) o noruegos (58%), y muy por debajo de italianos (47%), portugueses (47%), británicos (46%), alemanes (45%) o franceses (36%). Algunos quizá lo tilden de humildad, pero se trata más bien de falta de autoestima, de lo cual se aprovechan los populistas de todos los colores para tratar de vender una alternativa "mejor" –la suya– a sus huestes. Los españoles, sin embargo, tienen mucho de lo que enorgullecerse.
