Llego tarde, lo sé, al debate sobre una sentencia que a estas horas ha vaciado los tinteros de toda la prensa española. Llego, además, para discrepar de la opinión dominante. El resumen de mi tesis es que me parece una sentencia sensata, proporcional y jurídicamente impecable. Conste que esto último no lo digo en absoluto porque me crea un experto en la materia -que no lo soy- sino porque me fío del criterio que me trasladan mis juristas de cabecera. Son tipos, créanme, libres de toda sospecha. Si fuera Isabel Pantoja tal vez no pensara lo mismo. Si fuera Francisco Correa se me llevarían los demonios. Si me hubieran utilizado como carne de escarmiento recogería firmas para mandar a los jueces a freír sus propias puñetas.
Es evidente que en el caso Nóos se ha utilizado una vara de medir distinta a la habitual en los casos que llegan a los tribunales precedidos de eso que hemos dado en llamar, sin saber muy bien qué significa, alarma social. Que haya varas distintas es malo. Peor que malo: es pésimo. Y además pone de manifiesto que nuestra administración de Justicia está hecha un asco, sí. Pero de lo que se trata, justamente, es de saber cuál es la vara correcta. Denuesto el uso alternativo del derecho, el polvo del camino en el dobladillo de las togas y las sentencias ejemplarizantes. Si el Derecho no es la aplicación estricta del principio de igualdad de todos ante la ley, ¿qué diablos es? ¿Una pócima que cada juez administra como le sale del birrete?
Nuestros políticos, sobre todo del PP y del PSOE, no han parado de decir estos días que si algo ha quedado claro es que la ley es igual para todos. Eso es mentira. La sentencia demuestra exactamente lo contrario. Ante la ley, Pantoja no es igual que Cristina de Borbón ni Correa es igual que Urdangarín. ¿Pero quiere eso decir que Cristina de Borbón y Urdangarín han recibido trato de favor? Yo creo que no. Lo que quiere decir, más bien, es que Pantoja y Correa recibieron un trato injusto. Ambos fueron medidos por la vara incorrecta. Suum cuique tribuere. A cada uno, lo suyo. Ni más, ni menos. El problema no es que a Cristina de Borbón se le haya dado de más, sino que a otros, con toda seguridad, se les ha dado de menos.
Nada de lo escrito hasta ahora significa, sin embargo, que los actores de este proceso judicial hayan tenido conductas ejemplares. Durante la instrucción, el juez, el fiscal, los peritos, algunos testigos y no pocos periodistas hemos dejado un rastro manifiestamente mejorable. No me cabe ninguna duda de que se han movilizado muchos esfuerzos para conseguir que el tribunal tuviera a mano recursos suficientes para exculpar a la infanta y tratar con benevolencia a su marido. Diligencias exhaustivas, pericias de Hacienda, informes policiales, testimonios inducidos… migas de pan debidamente colocadas para que las tres magistradas encontraran el camino sentenciador correcto. Y aún así han tardado más de ocho meses en ponerse de acuerdo.
Si de verdad queremos poner el dedo en la llaga de los males que aquejan a nuestra Justicia, no nos fijemos tanto en las condenas del caso Nóos, fruto razonable de los elementos probatorios que desfilaron por el estrado, sino en la colección de circunstancias previas que abonaron el procedimiento. La triste verdad -en este y en otros muchos casos- es que las sentencias llegan ya precocinadas por el trabajo de la policía judicial y de los expertos de Hacienda durante la instrucción sumarial. Muchos fiscales cortan y pegan sus tesis casi sin leerlas y muchos jueces hacen lo propio con las tesis de los fiscales. Si se pararan a pensar que juegan con el honor y la libertad de las personas, a muchos se les caería la cara de vergüenza.
Si alguien quería que esta sentencia sirviera de escarmiento a la Casa Real o a los plebeyos que perdían el culo por complacer a sus egregios miembros, se ha quedado con tres palmos de narices. Pero sí debería escarmentar a todos aquellos que han querido convertir a los tribunales en el badajo de las campanas de Huesca. Ni los jueces tienen derecho a sacrificar chivos expiatorios, ni los ciudadanos somos mejores cuando nos dejamos arrastrar por esa pulsión justiciera que nos lleva a insultar a los reos en las puertas de los juzgados o a clamar por su condenación en la redes sociales o en los artículos de prensa. O acabamos con esas conductas, las togadas y las vocingleras, o convertiremos la Justicia en una casa de putas.