La sobreabundancia informativa sobre la mugrienta financiación ilegal de Convergencia demuestra que no ha habido cortina de humo capaz de ocultar las fechorías de Mas y su cuadrilla. El Palau de la música fue un lavadero de dinero hediondo que desvió 30 millones de euros a las arcas convergentes y a los bolsillos particulares de un par de mangantes. El dinero procedía de las mordidas que pagaban empresarios catalanes para acceder a la contratación pública. Los tesoreros del partido, uno difunto y otro en el banquillo, iban a ver a Montull, el capataz de Félix Millet, contaban la pasta delante de sus narices y luego se lo llevaban a su caja fuerte.
Las gestiones con los empresarios, es decir, las extorsiones, si queremos hablar en castellano, las hacía un conseguidor que se llama Germá Gordó. Esto no lo sabemos porque haya salido a relucir en el juicio del caso Palau, sino por las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción en otra causa más general conocida como la trama del 3%. Testigos protegidos afirman que algunas de las extorsiones de Gordó se efectuaron en presencia de Artur Mas. Gordó y Mas, políticamente hablando, eran uña y carne.
El mismo mecanismo mafioso de financiación se utilizaba, a la vez, en el ámbito de los Ayuntamientos. Eso lo sabemos gracias a las pesquisas del juez instructor de el Vendrell, que tramita desde hace años la denuncia de un concejal de ERC contra el alcalde de Torredembarra. Cereza cereza, del cesto indagatorio van saliendo otros nombres. Incluso el de Carles Puigdemont. Aún es pronto para saber cómo pintan las cosas. La conclusión de este breve resumen es que por la pasarela judicial acabarán desfilando alcaldes, consellers, presidents y ex presidents. Es decir, toda la escala de mando del partido que fundó -y corrompió- Jordi Pujol.
¿Cómo se compadece esa circunstancia con la afirmación, tantas veces repetida por Ciudadanos, PP y PSC de que la ofensiva independentista es sólo una huida hacia adelante para tapar la corrupción? Si fuera así habría que convenir que la maniobra de encubrimiento ha devenido en un fracaso absoluto.
El otro mantra, éste esgrimido desde las filas soberanistas, es que los jueces actúan al dictado del Gobierno para hacer descarrilar el procés. Artur Mas ha elevado estos días las cotas del victimismo hasta límites portentosos: policías corruptos, testigos pagados con fondos reservados y jueces y fiscales marrulleros trabajan juntos para presentarle a él y a sus adláteres como viles corruptos con el propósito exclusivo de acabar con la sedición. A mi, francamente, que Mas diga esas bobadas me trae sin cuidado. La legítima defensa deriva a veces en esa clase de excesos. Lo que me parece asombroso, en cambio, es que la gente de Rajoy le compre la mercancía.
En la ponencia política que el PPC debatirá en su próximo Congreso se afirma rotundamente que el procés está muerto. En los próximos meses -dicen- asistiremos a los últimos episodios convocados por quienes saben que se acerca el final. Serán acciones desesperadas condenadas al fracaso. "Han agotado -escriben- la paciencia de una inmensa mayoría de catalanes, incluidos muchos que en algún momento les han podido apoyar". La conclusión inevitable de esa tesina es que la amenaza de la desconexión se ha evaporado. Fin de la pesadilla.
¿Cómo podemos interpretar ese razonamiento? Hay una manera turbia de hacerlo -no lo quiero ni pensar- que pasa por la hipótesis de un pacto infame: vosotros, independentistas corruptos, arriáis la estelada y nosotros, guardianes del Estado, os quitamos a los jueces de encima. La alternativa, no ilegal pero bastante ingenua, es dar por sentado que Oriol Junqueras, cuando llegue a la presidencia de la Generalitat, se olvidará voluntariamente de sus ensoñaciones patrióticas y mandará el referéndum de independencia al baúl de los interruptus.
La cuestión es: ¿y por qué habría de hacerlo? Las dos encuestas que hemos conocido en 2017 siguen dándole a los independentistas mayoría absoluta en el Parlament. La Vanguardia les otorga 69 escaños y El Periódico, 71. Ahora tienen 72. La mayoría absoluta se sitúa en los 68. ¿Dónde está ese hastío del que habla el PP en su ponencia política? ¿Por qué querría pasar Junqueras a la historia como el gran traidor a su causa? ¿Porque una vez instalado en el poder el idealismo se rendirá a la molicie? Me consta que eso es lo que piensan algunos analistas del séquito de La Moncloa. Y no me extraña. Ya se sabe lo que cree el ladrón de quienes le rodean.