El 25 de junio de 1975, catorce personas se dirigían a Tegucigalpa, como muchos otros miles, para participar en la Marcha contra el Hambre, que diversas organizaciones campesinas habían convocado para exigir de la dictadura militar hondureña el reparto de tierras improductivas entre los jornaleros. Pero, a diferencia de los otros manifestantes, esas catorce personas jamás llegarían a su destino.

Los sacerdotes Casimiro Cypher e Iván Betancourt; la futura cuñada de este último, María Elena Bolívar, la estudiante Ruth Argentina García Mayorquín y los campesinos y activistas Máximo Aguilera, Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Ramón Roque Andrade, Arnulfo Gómez, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya y Oscar Ovidio Ortiz fueron detenidos en dos acciones separadas y llevados a la hacienda Los Horcones, en el departamento de Olancho.

Allí, después de torturarlos, los catorce fueron asesinados y sus cadáveres arrojados a un pozo de 40 metros, que después se cegó con la explosión de dos cargas de dinamita, en un intento de eliminar las pruebas. Los primeros siete cuerpos tardarían varias semanas en ser rescatados.

Aquel rancho donde tuvo lugar la que desde entonces se conoce en Honduras como "La masacre de Los Horcones" era propiedad de José Manuel Zelaya, terrateniente de Olancho y padre de José Manuel Zelaya, el recientemente depuesto presidente golpista de Honduras.

José Manuel Zelaya padre fue condenado en 1979 a 20 años de cárcel, junto con otros tres partícipes en la masacre, aunque todos ellos salieron a la calle después de cumplir sólo un año de condena, gracias a una amnistía general decretada en 1980.

Evidentemente, los pecados de los padres no tienen por qué recaer sobre los hijos. Pero debo confesar que ver a la izquierda europea movilizada, tratando de ayudar a que un golpista hijo de un torturador acabe con la democracia en Honduras, me resulta de lo más chocante.

O a lo mejor no es tan chocante, vaya usted a saber.