Personalmente, me resulta de lo más intrigante el interés de Hassan El Haski por quedarse en Marruecos a cumplir el resto de su condena. Lo que yo creía es que las cárceles españolas son bastante más cómodas que las del reino alauita. De hecho, según el propio sumario del 11-M, uno de los detenidos por el atentado de Madrid (que luego no llegó a ser enjuiciado) denunció ante el juez que la Policía, para forzarle a declarar en falso, utilizaba precisamente como amenaza enviarle a una cárcel marroquí. ¿Por qué le molan entonces a Hassan El Haski unas cárceles que otros consideran en sí mismas una amenaza? ¿O es que Hassan El Haski cumplió ya su papel en el teatrillo de la versión oficial y lo que quiere es que le envíen a algún lugar donde pueda salir discreta y anticipadamente de prisión, sin que la opinión pública española llegue a enterarse?
Sea como sea, El Haski continúa con sus intentos para evitar ser devuelto a España en abril, como ayer informábamos. Esta vez, recurriendo a denunciar el supuesto trato racista y las supuestas torturas en las cárceles españolas, supongo que aprovechado el informe, bastante crítico, que el relator de la ONU ha elaborado sobre la instrucción del 11-M en España.
Espero que la absurda carta de El Haski no tenga ningún efecto y que el preso sea devuelto a España antes del plazo límite fijado en la orden de entrega temporal a Marruecos. Lo contrario sería una burla, una burla más, a la opinión pública española y a las víctimas del 11-M.
Aunque parece que ni la clase política ni esa Audiencia Nacional que tendría que impartir Justicia tienen ya ningún reparo en seguir burlándose de la opinión pública y de las víctimas del 11-M. La Audiencia Nacional, en concreto, ha vuelto a rechazar las solicitudes de diligencias presentadas por la familia Moris, y a las que se había adherido la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, presidida por Angeles Domínguez. Pedían esos centenares de víctimas del atentado que se realizara una serie de pruebas para aclarar las incógnitas (reconocidas en la propia sentencia de la Audiencia Nacional) acerca del explosivo utilizado en los trenes de la muerte, pero esa solicitud ha sido otra vez desestimada. Parece que algunos jueces tienen enormemente claro que la página del 11-M debe pasarse a toda costa, aunque sea dejándose su propio prestigio en el camino.
¿Cómo es posible que hayamos llegado a una situación en la que unos pocos elegidos (unos pocos autoelegidos, habría que aclarar) se consideran con derecho a ocultar a los españoles información fundamental sobre el mayor atentado terrorista que ha sufrido este país? Para responder a esa pregunta, quizá convenga echar la vista atrás y buscar, en nuestra historia pasada, otros episodios sobre cuya verdadera naturaleza la casta que nos gobierna prefirió tender un manto de silencio. En estos días hemos conocido que el Tribunal Supremo ha confirmado la condición de víctimas del terrorismo para los muertos y heridos del incendio del hotel Corona de Aragón. En esa sentencia del Supremo, se admite el informe elaborado por un experto en el que se asegura que se utilizaron napalm y magnesio para intensificar y acelerar la propagación del fuego.
Si eso es así, querría decir que aquel episodio no fue ningún accidente fortuito, sino un atentado. Y que la casta política decidió entonces que los españoles no éramos suficientemente maduros como para estar en el secreto. ¿Les suena de algo esa actitud?
Y, mientras tanto, parece que la amenaza del terrorismo islamista continúa planeando sobre España. Lo que ya no resulta tan comprensible es la personalidad de quienes se encargan de mantenerla viva: un soldado español y su novia rusa han sido detenidos por elaborar y difundir vídeos jihadistas incitando a atentar contra España.
Parafraseando a Vargas Llosa, ¿cuándo se convirtió la democracia española en una parodia? ¿En qué momento nos robaron a los españoles el control sobre nuestro propio destino? ¿En qué momento permitimos que se creyeran con derecho a utilizar los recursos públicos para manipular la realidad?
¿No va siendo ya hora de que acabemos con esta perversa función de teatro y exijamos que nos devuelvan esos derechos democráticos que nos han robado? El primero de ellos, el derecho a la verdad.