Fueron las elecciones más anormales, o, por emplear una palabra menos aséptica, las más salvajes de la República, de las que saldría gobernando el Frente Popular. Su grado de anormalidad puede percibirse en el hecho de que todavía hoy los datos electorales son sólo estimaciones, las cuales durante muchos años llegaban a diferir en más de un millón de votos, según autores.
Quizá quien más se ha acercado a unas cifras aceptables –prácticamente un empate en votos– haya sido Javier Tusell, corregido por Ramón Salas en Los datos exactos de la guerra civil. Ha motivado escaso comentario la anomalía, realmente extraordinaria, de que el Gobierno del Frente Popular no hubiese publicado las cifras reales de las urnas; y sin embargo, el hecho significa, lisa y llanamente, que las elecciones no fueron democráticas.
Se ha alegado a menudo la dificultad de distinguir entre los votos a los diversos partidos, debido a las intrincadas coaliciones, pero nada habría sido más fácil que determinar los votos del Frente Popular en su conjunto, al haber acudido toda la izquierda unida en un solo bloque, unidad no alcanzada por las derechas. Esta anomalía recuerda curiosamente a la de las elecciones municipales de 1931, que los republicanos utilizaron como trampolín para obtener el poder, sin que sus resultados se publicasen oficialmente en tiempo válido.
Y también las recuerda otro rasgo: el 14 de abril de 1931, dos días después de aquellos comicios, las izquierdas republicanas desataron una fuerte agitación callejera, imponiendo sus banderas y sus manifestaciones para echar al rey. Y en febrero del 36 volvió a ocurrir algo semejante, si bien sin esperar esos dos días: apenas se conocieron algunos resultados electorales favorables al Frente Popular, éste echó sus masas a la calle en plan tumultuoso y amedrentador, a asediar las sedes de la derecha así como las cárceles, para liberar a los presos por la insurrección de 1934, y los ayuntamientos, para reponer a los concejales destituidos por haber tomado parte en aquella insurrección.La derecha, las autoridades y el propio jefe del Gobierno, Portela Valladares, hechura de Alcalá-Zamora y que había esperado una gran victoria de los suyos, quedaron semiparalizados por el pánico. Azaña resume aquellas jornadas: "Los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte, y empezaron los motines". Grupos izquierdistas se llevaron en diversos lugares las urnas o las manipularon. Gil-Robles escribirá: "Los gobernadores civiles manifestaban su parcialidad en muchas provincias y toleraban los desmanes de las turbas, cuando no colaboraban descaradamente con ellas". Un escrutinio realizado en aquellas condiciones de coacción desde la calle no puede considerarse normal ni fidedigno.
Alcalá-Zamora explica, a su vez: "Prodújose en Portela su derrumbamiento al conocer los datos. Por si era poco su temperamento impresionable, se le contagió el pánico adueñado de Cambó en Barcelona y de Gil-Robles en Madrid, y después de hablar con éstos me llamó en la madrugada del lunes, 17, todo asustado y pidiéndome le autorizase por teléfono la suspensión de garantías y aun el estado de guerra. Al decirle que considerase firmados los dos decretos le aconsejé serenidad y que por lo pronto no llegase al estado de guerra. Ya de día, perdió Portela la serenidad de tal modo que al invitarle yo a trasladarse a palacio me respondió sarcásticamente que iría si lo dejaban llegar, pues creía temerario el intento".
Seguramente Alcalá-Zamora finge, a posteriori, mucha más serenidad de la que tenía en aquellos momentos. Después de todo, él había sido el verdadero causante del enorme desbarajuste que se echaba encima al país, y quizá recordase las advertencias que le había hecho Gil-Robles en una memorable discusión ya mencionada.
Portela estaba seguro de que aquellas elecciones abrían paso a una nueva guerra civil. Creía, además, que tras los disturbios estaba la mano negra de Azaña y los republicanos de izquierda, dedicados a presionarle para obtener el reconocimiento de una victoria definitiva y, al mismo tiempo, empujarle a una represión que difícilmente podría dejar de ser sangrienta. En sus memorias reseña los continuos incendios y motines en las cárceles, con muertos y heridos; la suelta de presos en Madrid, incluidos los comunes; la ocupación de alcaldías, la imposición tumultuosa del anterior alcalde de la capital, Pedro Rico, comprometido en la insurrección del 34; tiroteos con víctimas en Zaragoza y otras ciudades, etc. Si, cediendo a las agresivas turbas, declaraba la amnistía, vulneraba la ley; y si las reprimía le harían responsable de la sangre que corriese.
Quedaba, además, la segunda vuelta electoral en las provincias donde ninguna candidatura hubiera obtenido mayoría suficiente. Legalmente, la segunda vuelta debía ser presidida por el mismo Gobierno de la primera, pero Portela no tenía la menor intención de seguir en un poder inefectivo que le quemaba los dedos. Resolvió, por tanto, dimitir, en la tarde del día 18, entregando el poder al Frente Popular, y concretamente a Azaña, lo cual constituía una nueva y grave ilegalidad añadida a las anteriores. Y al día siguiente, sintiéndose prácticamente sitiado en Gobernación, en la Puerta del Sol, por una masa hirviente que intentaba irrumpir en el ministerio y colgar la bandera roja en el balcón, Portela huyó hacia la presidencia del Gobierno para entregar a Azaña sus poderes. Fue una ceremonia sin la menor solemnidad o grandeza, entre Portela, Azaña, Martínez Barrio y los generales Pozas y Núñez de Prado. Todos masones, casualmente. Juan Simeón Vidarte, también masón y uno de los jefes de la insurrección del 34, recoge las palabras de Núñez de Prado: "Parecía una ceremonia masónica. El Gran Maestre de la Gran Logia [Portela] da posesión a su sucesor, delante del Gran Oriente Español [Martínez Barrio] y en presencia de dos generales masones".
Diversos autores de izquierda, y también algunos de derecha, suelen minimizar esta serie de incidentes, anomalías e ilegalidades, pero es fácil imaginar lo que habrían escrito si las mismas hubieran procedido de la derecha o beneficiado a ésta. Realmente, debe insistirse, no cabe hablar de unas elecciones democráticas.
Por lo demás, tampoco la campaña electoral previa había correspondido a una auténtica democracia. Las izquierdas, muy lejos de retractarse de la guerra civil emprendida por ellas en 1934, la exaltaron como una gloria, y convirtieron en tema central de su propaganda la campaña en torno a las inventadas atrocidades derechistas de Asturias. Fue una campaña auténticamente gangsteril, sin escrúpulos de ninguna clase. Invirtiendo radicalmente la realidad, clamaban: "Nosotros acusamos de verdugos, incendiarios y saqueadores a Lerroux-Gil Robles. ¡A la cárcel!"; "Monstruos sin entrañas"; "El pueblo unido arrollará a las pandillas del crimen"; "Nosotros acusamos de 5.000 asesinatos a Lerroux-Gil Robles. Por menos se ha aplicado el garrote vil"; "¡Por la España antifascista, contra la España del hambre, del terror y la muerte"; "¡Responsabilidades a los verdugos"; "La CEDA y los monárquicos saben que el Bloque Popular es su muerte definitiva"; "Las derechas quieren una España hitleriana, una España ignorante y con hambre, una España sin libertad, sometida al terror de la reacción y el fascismo"; "Votad contra los ladrones, votad contra los torturadores". Etcétera.
Era una propaganda brutalmente amenazadora, acompañada de loas sin tasa al totalitarismo de Stalin, la panacea de todos los males. Los pocos moderados que quedaban denunciaban aquellos "gritos en la pared que alzan una algarabía", el "barullo en medio de la oscuridad". "Crispaciones de ánimo exaltadas y como en trance de locura. ¿Es esto política?".
La CEDA replicaba: "Ruge la horda revolucionaria vencida por la CEDA en una pugna feroz, y que aparece sordamente unida con otras fuerzas y partidos"; "Contubernio, mestizaje y barraganía de las izquierdas"; "Luchamos por Dios y por España"; "Obreros honrados y conscientes: mientras vuestros hermanos de Asturias luchaban y morían, los líderes huían por las alcantarillas"; "¡Contra la revolución y sus cómplices! ¡Españoles! La patria está en peligro"; "Contra los ladrones y sus cómplices. ¿Dónde están los catorce millones robados en Asturias?"; "Luchan, de un lado, los defensores de la religión, de la propiedad y la familia; del otro, los representantes y voceros de la impiedad, del marxismo, del amor libre"; "Por nuestros hogares amenazados por la muerte y la ruina"; "¡Españoles! Los judas emboscados del separatismo, en criminal maridaje con los asesinos de Octubre, quieren rasgar la unidad de España". Etcétera. A esta propaganda, historiadores tan lamentables como Tusell la califican de "más extremista" que la contraria.La izquierda, además, no admitía la posibilidad de ser derrotada. Azaña anunció en vísperas de las elecciones: "Si se vuelve a someter al país a una tutela aún más degradante que la monárquica [así llamaba a un eventual triunfo de la derecha] habrá que pensar en organizar de otro modo la democracia". Largo advirtió: "Mañana veremos si existe esa legalidad de hecho, y si podemos fiarnos de ella". Sólo se "fiarían" de la legalidad si ellos ganaban. La Esquerra afirmó: "El día 16, por aquel gesto de ayer [la sublevación de octubre], recobraremos la República y la Constitución y afirmaremos sus postulados. Para respetarlos e impulsarlos si todos acatan el veredicto popular. Para defenderlos si el adversario vuelve a tomar la iniciativa". Es decir, sólo reconocería el "veredicto popular", un resultado favorable a la izquierda gracias a "aquel gesto de ayer".
Inspirándose en su rebelión guerracivilista de octubre, loándola como una heroicidad, las izquierdas y los separatistas en pleno estaban resueltos a imponerse de una vez por todas. No hubo declaraciones parejas por parte de la CEDA.
Ante el peligro, el mismo Vaticano presionó al PNV para una alianza general de las derechas. El PNV saboteó activamente unidad, sumándose en su propaganda a los tópicos de la propaganda izquierdista contra la CEDA; colaborando así con la revolución.