Los liberales decimonónicos confiaban en poder limitar el poder del Estado, por eso decidieron recurrir a la democracia. Su argumento era sencillo: dado que el Estado tiene poder sobre la sociedad, conviene que la sociedad tenga un cierto poder sobre el Estado. Su petición se basaba en la reciprocidad y la corresponsabilidad como medio para evitar el totalitarismo.
Sin embargo, en nuestras sociedades modernas el democratismo (la democracia como proyecto y finalidad última del género humano) se ha convertido en un mecanismo para expandir los poderes del Estado, sin límite alguno. La democracia –que puede pavimentar el camino a tiranos como Hitler o Chávez– ha pasado a ser el modelo de relación social por excelencia.
Así, para alcanzar la sociedad perfecta la democracia debe invadir todos los ámbitos humanos; las aulas, las empresas, las redacciones de los periódicos, las relaciones internacionales, incluso las guerras deben ser democráticas. Parece ser que la coacción, la violencia o la inmoralidad desparecen cuando es "democrática". El mal no puede surgir de la decisión mayoritaria, precisamente porque la decisión de la mayoría es el fin de la sociedad, el bien en sí mismo.
Como no podía ser de otro modo, la Iglesia católica tampoco se ha librado de este frenesí democratizador, donde los derechos individuales son cercenados a manos de los cuerpos electorales. Ciertos grupos de católicos han reclamado que se haga efectiva la expresión "pueblo de Dios" y se organice la jerarquía democráticamente. Los párrocos serían elegidos, pues, por sus feligreses, los obispos por sus diocesanos y el Papa por toda la comunidad católica.
Por fortuna, la elección de Ratzinger como Sumo Pontífice ha provocado la reedición de la gran mayoría de sus excelentes escritos, entre ellos los que ha dedicado a combatir esta fiebre democratista. En ¿Democracia en la Iglesia? recuerda que el concepto de Pueblo de Dios surge de la expresión neotestamentaria ekklêsia, esto es, la reunión o asamblea de creyentes para celebrar el recuerdo y la muerte de Jesucristo. La democracia es ajena a la tradición católica. La autoridad eclesiástica no tiene un carácter funcional, del que quepa disponer a través de la decisión del Pueblo, sino pneumático, esto es, espiritual; un don o gracia que procede de lo más alto. Es "expresión de una capacitación que viene de arriba, de la que no se puede disponer sin más, y no expresión de un ordenamiento de igualdad establecido desde abajo".
Lo que se consigue a través de tales planteamientos es arrebatar la autoridad a Dios, matarlo de nuevo y convertir al pueblo en soberano de su propia fe. "El sujeto de la soberanía espiritual es el pueblo espiritual". En el fondo, como ya denunciara Henri de Lubac, detrás de esta concepción de la fe y de la Iglesia se esconde una "pérdida de la fe", un ateísmo camuflado que debe arrebatar la autoridad a Dios para que siga vigente algún tipo de autoridad.
De esta manera, nos alejamos totalmente del mensaje cristológico de servir a los demás: el creyente ya no trata de imitar a Dios en servicio y amor, sino en poder y autoridad. La fe, Dios en sí mismo, es un concepto sujeto a votación del pueblo soberano. El individuo abandona la necesidad de servir a los demás y se institucionaliza en la estrecha función que la autoridad soberana le atribuye: "Así, en lugar de al padre, a quien se despide con un gran gesto (…) se crea el funcionario (…) que atiende a una cuidadosa delimitación de sus obligaciones".
No deberíamos, con todo, reducir al ámbito eclesiástico las críticas que Ratzinger vierte sobre el democratismo. Su mensaje resulta extensible a una sociedad realmente libre.
La deliberada muerte de Dios, que algunos decididamente han practicado, no ha tenido otro objeto que suprimir la moralidad y, sobre todo, los derechos naturales que emanan de Aquél. Como recordaba hace pocos días Benedicto XVI: "Este último tema [la ley moral natural] es de especial relevancia para comprender el fundamento de los derechos arraigados en la naturaleza de la persona y, como tales, derivados de la voluntad misma de Dios creador. Anteriores a cualquier ley positiva de los Estados, son universales, inviolables e inalienables".
Al usurpar la autoridad a Dios estamos, en realidad, sometiendo a plebiscito la misma ley natural, para positivarla a través de las autoridades políticas. Nuevamente, Benedicto XVI acierta cuando dice que la negación de Dios y la ley natural "desemboca inevitablemente en el positivismo y hace que el derecho dependa de las corrientes de pensamiento dominantes en una sociedad, pervirtiendo así el derecho en un instrumento del poder en vez de subordinar el poder al derecho". La finalidad última sería, pues, eliminar todo límite a la acción política; sustraer a los políticos del respeto a la verdad y a los derechos naturales.Para los democratistas, la Iglesia, al igual que la sociedad, debe organizarse "dentro de un régimen sinodal que lo abarca todo, que regula todo en las comunidades perfectamente integradas". Al extender la democracia a mayores ámbitos, la sumisión a los mandatos democráticos se acrecienta, el individuo y sus derechos desaparecen entre la masa: "La constitución sinodal es ahora la comunidad en su totalidad (…) no se da aislamiento de algunos individuos (…) la administración comunitaria es la que administra todas las cosas".
Frente a este modelo de relaciones sociales, basado en la coacción y la eliminación de la libertad, Ratzinger recuerda que, actualmente, "a la Iglesia pertenece sólo aquel que quiere pertenecer a ella en la libertad de la fe". La única obligación que tiene un católico que voluntariamente así se considere es creer en "el evangelio de Jesucristo tal como lo confiesa la fe de la Iglesia". Por tanto, se concede libertad a cada persona para ser creyente, y a cada creyente "para desarrollar sus propias iniciativas"; iniciativas que, como el propio Ratzinger se encarga de remarcar, "deben surgir como iniciativas libres".
La funcionarización de la Iglesia no sería más que un reflejo del proyecto constructivista y planificador de la sociedad. Al desaparecer los derechos naturales en favor de los derechos de los políticos, cada ser humano no tendría libertad para perseguir su felicidad y la de los demás (para servir al prójimo), o para rechazar a Cristo; cada individuo tendría su estricta función delimitada por el poder político. La práctica de la empresarialidad, del desarrollo de las iniciativas individuales, queda prohibida, y se la sustituye por el servicio al Estado: todos seríamos sus funcionarios.
Como ya he dicho en otras ocasiones, tenemos frente a nosotros dos modelos de relaciones sociales. El primero sería el socialista, donde cada persona es obligada a pertenecer a un colectivo y donde se reprime al individuo que no se somete al plan universal trazado por los dirigentes. El paradigma de este modelo es el Estado, asentado en la servidumbre, los tributos, la burocracia y las regulaciones.
El segundo modelo es el capitalista. Las personas se relacionan libremente entre ellas y la fuerza sólo se aplica en caso de legítima defensa, pero nunca para esclavizar al prójimo. Los individuos son libres para perseguir sus fines vitales, por muy amorales que nos parezcan, mientras no dañen o ataquen a los demás. El paradigma de este modelo es la empresa privada y, de un modo mucho más genérico, la Iglesia Católica (cuando no se mezcla con el Estado, pervirtiendo su propia esencia, como también ha repetido en numerosas ocasiones Su Santidad Benedicto XVI).La Iglesia está compuesta por un conjunto de hombres libres en la fe. Nadie se ve coaccionado a creer en Dios, pues las elecciones morales y la entrega de uno mismo al Padre sólo adquieren sentido cuando son decisiones libres. La Iglesia no pretende ser servida, sino servir; no debe basarse en la fuerza y en el expolio, sino en la contribución voluntaria de sus feligreses. La misión de la Iglesia no es perpetuarse como una burocracia petrificada y vivir a costa de los demás, "no apunta primariamente a sí misma" (a diferencia del Estado, que, "en el fondo, tiene en sí mismo su propio fin"), sino que se dirige a anunciar la palabra de Dios en toda su pureza. Palabra que puede ser escuchada o rechazada por el individuo, pero que "no se realiza a través de unas formas impuestas sinodalmente", logrando a través de los lazos voluntarios y de la libertad "una explosividad pública social y política del Evangelio".
Conviene tener clara y presente esta distinción. El Estado intenta conseguir un monopolio sobre la Verdad y el Derecho eliminando y reduciendo las instituciones voluntarias que cuestionen y se enfrenten contra semejante totalitarismo; su objetivo no es otro que el de "la usurpación estatal de la Iglesia como un medio de política imperial".
La libertad no se garantiza sustituyendo a Dios por la democracia, es decir, sustituyendo la Verdad y la ley natural por el sufragio popular. El Derecho no puede quedar al arbitrio de ningún sujeto ni de ninguna asamblea; el positivismo constituye la relativización de la vida, la liberad y la propiedad privada.
Los experimentos democratistas dentro de la Iglesia sólo tienen por objetivo corromperla y destruirla desde dentro; utilizar el fanatismo democrático, primero, como ariete antieclesiástico y, luego, como falso legitimador del autoritarismo estatal. El individuo y sus derechos, como nos recuerda la Iglesia Católica, siguen estando por encima de cualquier proyecto totalizador; por mucho que este proyecto se vista con ropajes democráticos.