Azaña y la independencia de Cataluña

Dijo entonces Azaña que concebía España "con una Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse mediante la manifestación libre de su propia voluntad". "Unión libre de iguales con el mismo rango, para así vivir en paz, dentro del mundo hispánico que nos es común y que no es menospreciable [...] Y he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor perjuicio posible para unos y para otros, y desearos buena suerte, hasta que cicatrizada la herida pudiésemos establecer al menos relaciones de buenos vecinos".

 

El discurso completo, y unos cuantos más, aparece en Sobre la autonomía política de Cataluña, un volumen antológico del presidente de la República Española preparado por Eduardo García de Enterría, autor también del imprescindible estudio preliminar que contextualiza cada palabra de Azaña sobre el tema.

 

Salvadas todas las distancias en lo relativo a la entidad personal de ambas figuras, habría que establecer un paralelo entre lo dicho por Azaña y lo prometido por Zapatero a propósito del Estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña. Y también entre las consecuencias que esos excesos verbales tuvieron para el uno y el otro, y desde luego para España.

 

Cinco meses después de la reunión de Barcelona tuvo lugar otra en el País Vasco. "El compromiso explícito y formal de Azaña, y por extensión de los grupos republicanos por él representados –escribe García de Enterría– pasó a ser un compromiso de todas las fuerzas republicanas en el famoso 'Pacto de San Sebastián' de 17 de agosto de 1930, que es el que pone a punto el asalto definitivo de todas las fuerzas republicanas a la monarquía, Pacto en el que se negocia y se llega a un acuerdo para encajar el problema en un sistema de autonomía sustancial catalana dentro de la unidad de la República, formalizado todo en una Constitución, fórmula que los catalanistas negociadores de ese Pacto concluyen aceptando de forma expresa [...] un Estatuto de Autonomía dentro de la Constitución republicana y sometido a la deliberación y debate de las Cortes de la República". Como en 1978, cabría apuntar aquí, y con parecidos resultados.

 

En el artículo 50 de la Constitución republicana de 1931 se lee lo siguiente:

 

"[Las] regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la legua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo [...]".

 

Una redacción considerablemente precisa, que hoy sería inadmisible ya no para los miembros de ERC, sino para los señores diputados socialistas, creadores de una legislación en el campo educacional –modificada por el PP con la Ley de Calidad de la Enseñanza, rápidamente derogada– que ha pasado por encima de todas las limitaciones que los republicanos imponían a sus socios catalanes.

 

Azaña, sin embargo, partía de una insostenible paridad entre España y Cataluña:

 

"Hay que dejar paso al Estatuto y no hay derecho a contraponer nunca la vigilancia, el cuidado y el amor a la cultura castellana con la vigilancia, el cuidado y el amor a la cultura catalana [...] Tan española es [la cultura catalana] como la nuestra y juntos formamos el país y la República".

 

Es al menos curioso constatar cómo para él, en esas fechas, no hay más que Cataluña y el resto de España, ninguna otra de las hoy mal llamadas "nacionalidades históricas" (como si Asturias o Castilla fuesen menos históricas que Galicia o Cataluña; ni qué decir del País Vasco).

 

Azaña se encontró pronto con el hecho, trágico, de haber incubado el huevo de la serpiente nacionalista. De manera inconsulta, sin esperar Estatuto ni Constitución alguna, el día de la proclamación de la República, 14 de abril de 1931, Francesc Maciá, quien, como apunta García de Enterría, "es quizás el primero que habla abiertamente, ya en la década de los veinte, de una Cataluña independiente", declaró en Barcelona el Estat Català. El Gobierno central obtuvo la revocación de tal iniciativa, pero de ahí en más cobró vida la Generalitat.

 

Esa Generalitat tenía preparado su Estatuto antes de que estuviese aprobada la Constitución. En la presentación de ese Estatuto no se recataba al decir que "Cataluña quiere que el Estado español se estructure de manera que haga posible la federación entre todos los pueblos hispánicos". Nótese que la palabra "España" ya brilla allí por su ausencia. Pero no paró ahí la cuestión. Azaña hizo lo posible y algo más por lograr el encaje del Estatuto en la Constitución, pero no tardó en percatarse de la insaciabilidad del nacionalismo: el 6 de octubre de 1934 Companys, coincidiendo sin inocencia con la insurrección de Asturias, volvió a proclamar el Estat Català.

 

Transcurrido casi un año del comienzo de la Guerra Civil, Azaña y, más en general, los miembros del Gobierno de la República ven con terror el escaso papel de Cataluña en la contienda: ni las milicias sindicales ni las de partido, dependientes de una Consejería de Defensa de la Generalitat, prestaban servicio útil al Ejército, ni las expropiaciones (y asesinatos de "burgueses", sobre todo por la FAI) permitían crear en la región un orden industrial al servicio de la economía de guerra.

 

A finales de mayo de 1937 Azaña encargó al Gobierno de Negrín resolver la cuestión catalana. Y tomó nota en su diario de "las muchas y muy enormes y escandalosas [...] pruebas de insolidaridad y despego, de hostilidad, de 'chantajismo' que la política catalana ha dado frente al gobierno de la República".

 

Poco después, aunque atribuyendo el párrafo a Negrín y reuniendo a los catalanes con los vascos, anota Azaña: "Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros, o nuestros hijos, o quien fuere, pero estos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco".

 

No veo yo a Negrín, responsable de una innecesaria prolongación de la guerra en nombre de consignas del Comintern, tan preocupado por la unidad de España; sí, en cambio, imagino a Azaña, consciente del juicio de la posteridad y desesperado por registrar tan extremas opiniones, descargando sobre el otro el peso de tamañas enormidades. Más abajo escribe:

 

"Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha durado para dos siglos".

 

En este caso, deriva hacia un desconocido la idea del bombardeo de Barcelona, pero parece asumir como propias las dos frases siguientes.

 

Hasta aquí, una selección de lo muchísimo que contiene este libro, muy útil para esta hora. Muchas desgracias se hubiesen ahorrado si nuestros políticos, en vez de citar a Azaña como modelo, lo hubieran leído para aprender de sus errores.