Es por ello que los libros sobre estrategia política que edita la izquierda deben ser leídos con atención, no sólo para anticipar sus movimientos, sino para aprender de ellos.
El último se titula Noviolencia y transformación social. Aun cuando se trate de un libro de estrategia para la izquierda, los liberales podemos extraer valiosas lecciones de su contenido (no en vano algunos autores liberales de la talla de Robert Murphy trazaron, hace ya varios años, las líneas maestras de esta estrategia no violenta).
Noviolencia... comienza constatando que en éxitos organizativos tan importantes como las manifestaciones antiglobalización de Seattle o Génova la izquierda no consiguió el triunfo social esperado. Al mismo tiempo que se pedía "justicia" para el Tercer Mundo, buena parte de los globalofóbicos destrozaban salvajemente las ciudades. Esto supuso un durísimo golpe para el movimiento, del cual todavía no se ha recuperado; para la mayoría de los ciudadanos, los antiglobalización no son respetables jóvenes idealistas, sino unos fanáticos delincuentes. El mismo análisis podríamos aplicar para la manifestación contra el traslado del Archivo de Salamanca. Su previsible repercusión social quedó convenientemente ensombrecida por las lamentables pancartas de unos pocos contra la integridad de Carod-Rovira; ERC y el PSOE jugaron, en este caso, de manera inteligente sus cartas, judicializando la manifestación (y, por tanto, acaparando la atención informativa).
La izquierda, pues, ha aprendido la lección y aboga por el disfraz de cordero ("Mantener un comportamiento noviolento cuando el oponente está haciendo uso de la violencia otorga credibilidad y legitima la filosofía de la acción noviolenta"). El problema es que, a diferencia de los liberales, ningún izquierdista puede adscribirse al movimiento no violento, so pena de incurrir en flagrante contradicción.
Y es que los autores del libro, Pere Ortega y Alejandro Pozo, distinguen entre violencia personal y violencia estructural. La primera es ejercida por los individuos, y la segunda por el sistema político: "Hay otro tipo de violencia que no es personal, es la que se encuentra en el interior del orden social y permite la injusticia y la desigualdad"; y así, "la violencia estructural está presente en el propio sistema de reglas que rigen la sociedad capitalista".
Ortega y Pozo ponen un interesante ejemplo, que nos permitirá entender mejor este punto: "Si una persona moría de tuberculosis en el s. XVIII, su muerte podría clasificarse de inevitable. Mientras que si muere por esa misma causa hoy, debido a los avances médicos que han posibilitado tratar la tuberculosis en el mundo, es debido a una violencia estructural".
El argumento, aunque en apariencia verosímil, resulta tramposo. Tanto el avance médico que ha permitido curar la tuberculosis como el alcance universal del remedio han tenido lugar gracias a la acumulación de riqueza de la sociedad, fruto del sistema capitalista; pretender disociar ambas realidad supone un fraude intelectual.
Sin capitalismo no hay avance científico ni sistema médico. En ese sentido, si la gente muere de tuberculosis en el siglo XXI las causas habrá que buscarlas no en el sistema capitalista, sino en su insuficiente penetración; esto es, habrá que señalar las distintas modalidades de intervencionismo que bloquean la creación de riqueza (por ejemplo, el sistema sanitario público).Casualmente, es este intervencionismo lo que representa la violencia en su máxima expresión. Las relaciones del Estado con los individuos se basan necesariamente en la violencia o en la amenaza de la misma. El Estado necesita financiarse a través de contribuciones coactivas (a diferencia de los empresarios, que deben convencer a los consumidores para que adquieran voluntariamente sus productos) para imponer una serie regulaciones, a cuál más absurda.
Ésta es, precisamente, la gran contradicción de la no violencia izquierdista. Mientras que los liberales –en tanto hemos intentado reducir siempre el tamaño del Estado a su mínima expresión– podemos considerarnos contrarios a la violencia en todos sus ámbitos, la izquierda, bajo el falaz argumento de la "violencia estructural" del capitalismo, está dispuesta a practicar toda la coacción necesaria para terminar con el libre mercado.
Poco cambia que los autores disfracen esta masiva coerción sobre los empresarios y consumidores con alegatos por una "mayor participación democrática". Las actuaciones democráticas no devienen no violentas por su procedencia, sino por su ejercicio; no es difícil imaginar cómo puede practicarse despóticamente la violencia contra ciertos individuos (judíos, empresarios, consumidores, fumadores, periodistas…) a través de los cauces democráticos. La implantación de la esclavitud o la abolición de la propiedad privada no dejarían de ser medidas liberticidas y profundamente violentas por que las aprobara una amplia mayoría.
Por ello, la no violencia debe ser radicalmente separada del ideal de la izquierda. Desde siempre, el socialismo ha pretendido planificar científicamente las sociedades, sometiendo los fines individuales a las intenciones del ingeniero social. Un experimento social que, por su naturaleza, sólo puede conseguirse a través de la violencia más despiadada.
Con todo, como ya he indicado, el libro nos ofrece unas interesantes claves para la difusión del movimiento liberal. Aun cuando un liberal juzgue determinadas actuaciones del Estado como agresiones violentas (por ejemplo, la apropiación fiscal o la censura a través del Estatuto del Periodista), no debe jamás responder con violencia del mismo género. La violencia contra el Estado no sólo es inútil, sino que refuerza su autoridad. La estrategia liberal debería pasar, en cambio, por la no cooperación y, sólo excepcionalmente, por la desobediencia civil.
La no cooperación consiste, grosso modo, en actuar dentro de la legalidad para dificultar los planes autoritarios del Estado ("la interrupción, la negación o el desafío a ciertas relaciones existentes, sociales, económicas o políticas"). Como ejemplo tenemos el caso de Martin Luther King, que se negó a "usar los sistemas de transporte en los que se practicaba la segregación racial", o la experiencia de los daneses, que durante la ocupación nazi se dedicaron a exhibir en público sus señas nacionales, a realizar todo tipo de proselitismo antinazi o a marginar a los alemanes en bares y restaurantes. ¿En qué casos actuales resultaría aplicable la no cooperación? Primero, los padres católicos deberían negarse a llevar a sus hijos a las escuelas públicas –donde a todas luces están sufriendo un adoctrinamiento estatalista y anticatólico– y, en su lugar, practicar el homeschooling, o educación en casa. El homeschooling es una opción cada vez más utilizada en EEUU, y sus rendimientos son extraordinarios. Los niños educados en casa desarrollan una mayor capacidad crítica con el poder, son más independientes, cultos y seguros de sí mismos. Una presión semejante sobre las escuelas públicas supondría un golpe infinitamente más duro para ZP que todas las manifestaciones que puedan realizarse.
Segundo, en las regiones dominadas por gobiernos nacionalistas con políticas lingüísticas claramente antiliberales, los ciudadanos no nacionalistas y castellanohablantes deberían incrementar el uso público de la lengua discriminada, especialmente en sus relaciones con la Administración. Un buen ejemplo es el uso espontáneo del castellano que muchos jóvenes catalanes realizan fuera de las aulas. Pero, de la misma manera que los daneses mostraban sus símbolos a los nazis, los catalanes no nacionalistas no deberían guardar aquellos símbolos con los que se identifican en casa. Más que nunca, ante la coacción nacionalista deberían mostrarlos orgullosos.
Esta exhibición de signos sirve también para los católicos. Y ahora más que nunca, cuando se trata de recluir la religión en el ámbito doméstico, los católicos deberían sentirse orgullosos de pertenecer a una comunidad de fe con trascendencia social (que no es lo mismo que decir que los católicos deberían intentar dominar el Estado); situación similar a la que se vivió con Polonia y la rebelión de Solidaridad.
Tercero, los liberales deben empezar a hacer proselitismo de sus ideas. Pocos conceptos hay tan denostados en nuestra sociedad como el de capitalismo; en su lugar, los liberales suelen recurrir a expresiones como "economía de mercado" o "libre empresa". Hay que recuperar el lenguaje: el capitalismo es el sistema moral y eficiente por excelencia. No hay que avergonzarse de él; es más, hay que exhibirlo. En EEUU, por ejemplo, se han difundido iniciativas como la fiesta anual del capitalismo, o mensajes propagandísticos en camisetas; iniciativas que habría que trasladar a España.
Cuarto, al igual que los daneses discriminaban a los oficiales nazis en la vida cotidiana, los liberales debemos adoptar esa misma actitud contra todos aquellos individuos que sostienen el entramado coactivo. No sólo contra los políticos, sino especialmente contra los grupos económicos que financian ese tipo de propuestas. En Noviolencia... nos enteramos de que la petrolera Shell respaldó el régimen del apartheid; hoy, siguiendo su tradicional línea antiliberal, mantiene amistosas relaciones con Greenpeace y promociona el Protocolo de Kioto.
El boicot, entendido como la decisión individual de no comprar concertadamente un producto, es un instrumento perfectamente liberal. En este sentido, habría que valorar la posibilidad de boicotear aquellas empresas que financian propuestas de difusión y divulgación antiliberales. Un ejemplo reciente lo tenemos en el boicot que determinados directores españoles han sufrido a sus películas. Con todo, haríamos bien en no confundir la parte con el todo: los desmanes y estupideces de los gobiernos no deberían repercutir sobre los sufridos empresarios que los padecen (cual fue el caso del intento de boicot al cava catalán).
La desobediencia civil puede entenderse como el no acatamiento de aquellas leyes consideradas contrarias a la justicia. Como bien indica el libro, en consonancia con pensadores tan insignes como Hayek, "desobedecer ciertas leyes no significa no someterse al imperio de la ley", dado que la democracia puede perfectamente aprobar leyes injustas. Éste fue el caso, por ejemplo, de los juicios de Nuremberg, donde "las democracias occidentales justificaron la desobediencia a las leyes nazis, por considerarlas injustas". Pero, por eso mismo, la desobediencia civil debe tener el límite infranqueable de no dañar a terceros, la no iniciación de la violencia (principio asentado en toda la tradición liberal moderna) De hecho, su primer defensor fue el liberal Henry David Thoreau, y no la izquierda, como normalmente quieren hacernos creer.
Obviamente, la desobediencia civil debe ser un recurso excepcional ante leyes flagrantemente liberticidas, cual es el caso del Estatuto del Periodista. Sin embargo, cabría preguntarse hasta qué punto no resulta legítima la desobediencia civil frente a leyes fiscales como las actuales, de naturaleza y cuantía claramente expoliadoras. En este sentido, por ejemplo, hemos de considerar lícito acudir a la economía sumergida, donde los impuestos indirectos son inexistentes y donde, por la naturaleza de la transacción, no se daña a terceros.
En todo caso, como bien aconsejan Ortega y Pozo, tanto las acciones de no cooperación como las de desobediencia civil deben ir acompañadas de una publicidad adecuada: se trata de que tengan trascendencia pública, de que la gente fije su atención en una injustificada iniciación de la violencia por parte del Estado (sea fiscal, lingüística, censora, moralizadora, etcétera).
Estamos, pues, ante un libro irregular, muy bueno desde el punto de vista estratégico pero pésimo en cuanto a la filosofía subyacente. Como suele ser habitual en la izquierda, se trata de apelar a un principio para corromperlo; en este caso, a la abolición de la supuesta violencia del capitalismo para establecer una omnipresente violencia estatal. Los liberales, a pesar de todo, tenemos que aprender varias cosas desde el punto de vista estratégico, por lo que esta lectura resulta recomendable.