En verano comenzaron las acciones desestabilizadoras contra el Gobierno de Samper, que había sucedido a Lerroux. El PSOE organizó en junio una huelga general en el campo para impedir la recogida de la cosecha, lo cual habría provocado una catástrofe económica y hambre masiva. El Gobierno, en general vacilante, adoptó una actitud enérgica. Anunció que "la cosecha es la República" y afrontó la subversión arrestando a numerosos dirigentes y llevando a otros activistas a decenas de kilómetros de sus residencias.
Una de las principales impulsoras de la huelga, Margarita Nelken, pretendió que todo el campo español estaba parado, pero, pese a la violencias del PSOE (13 muertos y 200 heridos, en su mayoría trabajadores no huelguistas, destrucción de maquinaria, incendio de mieses…), el movimiento sólo afectó, y parcialmente, a 1.600 de los 9.000 municipios del país, según la célebre investigación de Malefakis.
Ante el fracaso, el PSOE lanzó una campaña masiva de denuncia de la represión "feroz" realizada por el Gobierno, inventando acusaciones mendaces, como he demostrado en Los orígenes de la guerra civil; aunque escritores como Preston les conceden total veracidad, sin el menor examen crítico. Fue una represión enérgica, pero en modo alguno criminal. No hubo, por ejemplo, ningún episodio parecido al protagonizado por el Gobierno de Azaña en Casas Viejas.
El fracaso hizo cundir la desmoralización entre los campesinos socialistas, empujados a la huelga con la promesa de ser apoyados por una huelga general en las ciudades que ni siquiera intentó su partido. Y causó tensiones dentro del PSOE, mostrando Largo Caballero su enojo por considerar la huelga precipitada, perjudicial para la insurrección armada en preparación.
Afortunadamente para ellos, el Gobierno no abusó de su victoria, aceptó negociar e hizo concesiones a los promotores de una acción que bien podría calificarse de criminal, por sus intenciones. Por otra parte, la cosecha de cereales, extraordinariamente copiosa, desmiente otro tópico de la propaganda izquierdista, aceptado como verídico por una amplia bibliografía, y no sólo de izquierdas: la de que los propietarios derechistas, por venganza, dejaban los campos sin cultivar, a fin de hambrear a los jornaleros y hacerles "comer república". Apenas concluida la huelga comenzó la subversión en Cataluña, dirigida por Companys, so pretexto de una ley de contratos de cultivo que el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró ilegal. La Esquerra gobernante en Cataluña trató de crear un clima insurreccional. Aprovechó su control de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil para organizar en ellas un trabajo subversivo, al tiempo que armaba a sus milicias, llamadas escamots (pelotones o patrullas, a imitación de las "escuadras" fascistas), y formaba núcleos afectos en las guarniciones militares de Cataluña.
Companys, y los suyos, llamaba a la rebelión a la población catalana. Sus discursos, algunos de los cuales he recogido en 1934, comienza la guerra civil, tienen un tono auténticamente belicista. Jaume Miravitlles, un separatista exaltado, escribía:
"Cada discurso de Companys era un toque de atención. Cada viaje, una concentración popular. Cada inauguración, una revista. A medida que pasaban los días, la figura del President adquiría proporciones épicas, de leyenda, mientras que Samper, Lerroux, Salazar Alonso, aparecían en su miserable minusculidad".
Amadeu Hurtado, un distinguido jurista, nacionalista moderado y enviado del propio Companys para los tratos con el Gobierno, explicó:
"Supe que a la sombra de aquella situación confusa, la Ley de Contratos de Cultivo era un simple pretexto para alzar un movimiento insurreccional contra la República, porque desde las elecciones de noviembre anterior no las gobernaban las izquierdas".
En ese movimiento colaboraron íntimamente los republicanos de Azaña y el PNV, y desde fuera el PSOE. Estos partidos se pusieron en contra del Gobierno legal y al lado de la sedición. Observa el mismo Hurtado:
"Con una inconsciencia inexplicable, los republicanos de Madrid venían a Barcelona a informarse y a seguir con entusiasmo las peripecias del movimiento que se preparaba, aunque fuera a favor del extremismo nacionalista".
Simultáneamente, presionaban a Alcalá-Zamora para que destituyese a los gobernantes legítimos y los pusiera a ellos en su lugar. El chantaje era tan intenso que el presidente llegó a temer sufrir un ataque al corazón, y anotó en sus diarios: "Apena presenciar todo esto y seguir rodeado de gentes que constituyen un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, entran en la zona mixta de la locura y la delincuencia".
Fue entonces cuando Azaña creyó llegada, por segunda vez, la ocasión de resolver el problema mediante un golpe de estado, como he demostrado documentalmente. De acuerdo con Companys y los suyos, planeó establecer un Gobierno sedicioso en Barcelona, que sería respaldado por una huelga general en toda España. Sin embargo, la huelga necesitaba el acuerdo del PSOE, y éste lo negó, porque estaba preparando su propio alzamiento en pos de la dictadura del proletariado y no quería subordinarse a iniciativas burguesas.
A finales de julio remitió algo la agitación en Cataluña, y entonces tomó el relevo el PNV. Usó el pretexto, en rigor insignificante, de unas tasas sobre el consumo del vino, complicándolo con una súbita y furiosa exigencia de sustituir las comisiones gestoras que regían las diputaciones por autoridades elegidas regularmente. Esta anomalía la había mantenido el Gobierno izquierdista durante el primer bienio, sin dar lugar a protestas serias, pero de pronto todos la consideraron absolutamente insufrible.
El PNV contó con el activo apoyo de la Esquerra, de los republicanos de izquierda y del PSOE, rival hasta entonces del PNV en Vascongadas. La táctica consistió en tratar de poner en pie un doble poder, inconstitucional, a partir de los ayuntamientos, y en rechazar una y otra vez, con insultante arrogancia, las propuestas conciliadoras que les hacía el débil Gobierno de Samper. De modo similar a Cataluña, cobraron ímpetu inusitado las protestas, las apelaciones separatistas y el incumplimiento de la ley.
Todo este movimiento, al parecer irresistible, iba a culminar en una magna asamblea de diputados y alcaldes sediciosos (peneuvistas, socialistas, esquerristas y republicanos), convocada por Prieto en Zumárraga, el 2 de septiembre, en crudo desafío al Gobierno, que la prohibió.
Del clima reinante pueden dar idea las expresiones de las izquierdas: "El choque es inevitable", clamaba Rovira i Virgili; Irujo declaraba con jactancia: "Estamos en franca, abierta y declarada rebeldía". La Humanitat amenazaba:"Si es lo bastante inconsciente para enfrentarse a la voluntad popular, allá el Gobierno con su responsabilidad. Puede ser tremenda". El PSOE anunciaba: "El conflicto entra en una fase de violencia mayor".
Pero, otra vez, el Gobierno reaccionó con firmeza, y bastaron unas compañías de guardias de asalto para echar abajo como un castillo de naipes las pretensiones de los rebeldes, impidiendo así la prevista "violencia mayor".
La CEDA, cada vez más alarmada ante aquella escalada de violencias y provocaciones, decidió entrar en el Gobierno y dejar de apoyar a Samper, el cual, salvo algunos momentos ocasionales, había demostrado una debilidad extrema, animando con ello las maniobras desestabilizadoras. El éxito gubernamental en Zumárraga y los constantes descubrimientos de alijos y depósitos de armas socialistas habían hecho creer a las derechas que el peligro principal había pasado. Estaban totalmente equivocadas, como se vería pronto. La agitación en Cataluña, las Vascongadas y en todo el país continuaba con fuerza intimidatoria. El 14 de septiembre socialistas y comunistas concentraban a una multitud de 80.000 personas en el estadio Metropolitano de Madrid, donde hablaron los líderes juveniles de ambos partidos: "La unión del proletariado madrileño quedó sellada de manera imborrable, con su voluntad decidida de acabar con un régimen de oprobio", en un "frente único para preparar la insurrección armada". Santiago Carrillo, líder de las juventudes socialistas, profetizó: "Serán estas juventudes las que asalten el Poder, implantando la dictadura de clase". "El proletariado se prepara para la insurrección contra los elementos fascistas". Otro socialista, Jerónimo Bugida, afirmó: "En la cobardía del Gobierno central está la muestra de su impotencia y de su debilidad". El comunista Jesús Hernández declaró: "Estos compañeros congregados aquí van a ser las falanges que van a tomar el Poder en España. El Gobierno puede tomar todas las medidas represivas que quiera: no le servirán de nada. Dejaremos las víctimas que sea preciso en el campo de batalla".
Al final, miles de jóvenes uniformados evolucionaron en formación militar entre un delirio de ovaciones y puños en alto. El socialista lo valoraba: "Un alarde de fuerza, una reiteración de fe revolucionaria".
Es curiosa la poca atención que prestan la mayoría de los historiadores, en particular los progresistas, a este crucial verano. A menudo parece como si la insurrección de octubre que iba a seguir inmediatamente hubiera sido una tormenta repentina en un cielo sin nubes, sólo explicable por la "indignación" de las masas ante las imaginarias tropelías de aquel Gobierno excesivamente conciliador.