En septiembre de 1962, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, contra una legislación estatal racista, que el ciudadano negro James Meredith tenía derecho a estudiar en la Universidad de Mississippi. Cuando, aun así, turbas enojadas se dispusieron a tomar la calle para evitar la aplicación la ley, JFK, entonces presidente de los EEUU, envió a la Guardia Nacional para hacer cumplir la decisión judicial.
Para justificar su decisión, JFK manifestó:
Los estadounidenses son libres de discrepar con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un régimen de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba, por muy rebelde o bulliciosa que sea, tienen derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar sobradamente los mandatos de nuestros tribunales y de nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos.
Lo crean o no, hay fuertes paralelismos entre esos días históricos en Mississippi y la Cataluña de 2017. Como entonces, el Gobierno español se ha visto obligado a desplegar a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la región noroccidental para hacer cumplir su democracia y los mandatos del Tribunal Constitucional.
Hoy en día, como entonces, las fuerzas de seguridad tienen que enfrentarse a multitudes radicales que las amenazan, mientras la Policía autonómica a veces no es tan resolutiva como debiera en el mantenimiento del orden público. Y, como en el Mississippi de los años sesenta, en la actual Cataluña un segmento de la población enojado y vociferante pretende hablar por todos, mientras intimida a la mayoría pacífica y respetuosa de la ley.
Comencemos con lo obvio: la del movimiento independentista en Cataluña no es una lucha legítima por la autodeterminación de un pueblo oprimido. Cataluña disfruta desde hace 40 años de uno de los niveles más altos de autogobierno de Europa; tiene su propio Parlamento, sistemas de salud y educación descentralizados e incluso su propia Policía. Cataluña no es una colonia, ya que todos sus ciudadanos disfrutan de los mismos derechos que sus compatriotas españoles (más algunos privilegios adicionales). Cataluña no tiene un soporte histórico para la independencia, es una parte fundamental de España y en ningún momento ha sido una entidad política independiente. Y tiene pocas razones para quejarse, pues es una de las regiones más ricas de España y disfruta de un elevado nivel de vida.
¿Qué ocurre, entonces, en Cataluña? El Gobierno secesionista, con su red bien subvencionada de grupos y asociaciones supremacistas, es el que presiona para un referéndum ilegal sobre la independencia. Cataluña ha sido liderada por una élite corrupta y radical que ve como una amenaza a las instituciones nacionales de España, a su Poder Judicial y a la Policía. Esa camarilla lleva décadas manipulando la Historia en las escuelas, promoviendo el desafecto hacia España, fomentando la xenofobia y el odio a través de sus medios de comunicación y creando un sistema de intimidación cultural y social contra quienes no están de acuerdo con sus planes.
Esto nos lleva al enfrentamiento de este fin de semana en Cataluña, donde, en una votación ilegal, los tribunales son desafiados y la democracia está en peligro.
¿Y por qué es ilegal la votación? ¿Por qué no se debe permitir que los catalanes voten? En primer lugar, ningún grupo puede decidir sobre algo que no posee. Una parte no puede gobernar sobre el todo. Y, como en cualquier fideicomiso o empresa compartida, una parte no puede votar sobre las decisiones que afectan a todos, mucho menos cuando no permite que los demás voten. Una parte de los catalanes no puede decidir por sí misma derogar la Constitución de España y convertir a la mayoría de los españoles en extranjeros en su propio país.
El régimen democrático de España permite estas discusiones, pero mediante una decisión del Parlamento nacional y una votación nacional. Una votación que, a diferencia del referéndum ilegítimo propuesto, se basaría en un censo oficial, con garantías procesales completas y, muy probablemente, una participación mínima requerida y una mayoría cualificada, como se espera cuando se habla de romper un país.
La prohibición de este referéndum ilegal no debe considerarse una restricción de la libertad política. Un gobernador norteamericano o el presidente de un consejo regional israelí ya estaría en la cárcel si hubiera presionado por una acción ilegal de tal calibre.
Desde la instauración de la democracia en España, los catalanes han disfrutado de libertad y del reconocimiento de sus peculiaridades regionales. Los secesionistas han sido lo suficientemente libres para eliminar, sin consecuencias, los símbolos nacionales españoles de las instituciones que controlan. También han podido, igualmente sin consecuencias, desterrar la lengua española(hablada por la mayoría de la población local) de la educación, los documentos y transacciones oficiales, las emisoras públicas de televisión y radio, sustituyéndola por completo con la lengua catalana local. Ahora estamos experimentando las consecuencias no de que los secesionistas hayan sido oprimidos durante décadas, sino de que se les haya permitido hacer lo que quisieran.
La pretendida opresión de las aspiraciones catalanas de autogobierno llega a un punto de farsa cuando el presidente regional, Carles Puigdemont, pide a la población subvertir la Constitución nacional y el marco legal, que son las únicas fuentes de su legitimidad como representante principal del Estado en la región. El Sr. Puigdemont nunca ganó una elección (él no fue el candidato), ni la mayoría del voto popular. Así de imperiosa es la credibilidad de su posición.
En este contexto, los judíos españoles están sujetos a las mismas tribulaciones que el resto del país: las discusiones en los centros comunitarios y en las reuniones sociales tienen un tono sombrío de preocupación. España es una democracia joven, y este muy grave desafío institucional y constitucional puede tener consecuencias desestabilizadoras que afecten a la vida de todos.
Es bien sabido que, históricamente, el catalanismo moderado era simpatizante de Israel y generalmente projudío. Muchos judíos catalanes votaron y apoyaron a esos partidos regionalistas. Sin embargo, el panorama político cambió abruptamente, y la imagen pública del movimiento proisraelí en Cataluña son unos nacionalistas radicales que usan la causa de Israel como vehículo y excusa para promover sus propios intereses locales, incluso a expensas de los de Israel.
Además, a medida que los moderados pierden protagonismo, el movimiento independentista ha ido cayendo en manos de radicales violentos que son tan antiisraelíes como antiespañoles. Son miembros de formaciones partidarias del BDS como las que han aprobado boicots contra Israel en muchas ciudades de Cataluña o invitado a la infame terrorista Leila Jaled a hablar en un acto patrocinado por el Ayuntamiento de Barcelona.
Una Cataluña independiente estaría en manos de grupos extremistas antiisraelíes. En contraste, el campo constitucionalista es solidariamente proisraelí.
Las comunidades judías locales han prosperado en la España democrática, e impulsado la mejora de las relaciones entre España e Israel. Los grupos proisraelíes también han promovido una denuncia más vocal y resuelta del terrorismo palestino y sus trucos deslegitimadores en las instituciones internacionales que el Gobierno de Mariano Rajoy. Y organizaciones como ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) han luchado enérgicamente, tanto en el plano político como en el legal, contra las campañas antiisraelíes del BDS y su financiación pública.
A veces, España ha abusado de una relación asimétrica con el Estado judío. Sin embargo, Israel todavía considera a España un aliado en Europa y el Mediterráneo, y no puede asentarse en la neutralidad entre la legitimidad y la sedición, o ser equívoco sobre el proceso de independencia ilegal que se vive en Cataluña. Como democracia liberal, Israel debe estar a favor del imperio de la ley en España y hacer oír su voz, junto con otros aliados occidentales como Estados Unidos, la UE, Francia y Alemania, en defensa del orden constitucional en España. Y debe esperar que España reconozca los signos de amistad y responda en consonancia con una amistad más fiable.
Al hacerlo, Israel también asegurará que en ningún momento las comunidades judías españolas, fuertemente sionistas, sean acusadas de lealtades incompatibles entre España e Israely señaladas por aquellos que siempre buscan lanzar insinuaciones de dudosa fidelidad de los judíos de la Diáspora hacia sus legítimos gobernantes nacionales.
En estos tiempos de incertidumbre, mantenemos la esperanza de que la razón prevalezca y triunfe la solución moral. Y recordamos aquellos días en que en Mississippi se impusieron el imperio de la ley y la democracia sobre el odio y la ilegalidad.
© Versión original (en inglés): The Jerusalem Post
© Versión en español: ACOM – Revista El Medio