Quizá sea triste reconocerlo, pero el español, en España, debe de ser la lengua que en su uso diario mayor alarde hace de los eufemismos. Naciones allende los mares con las que compartimos lengua común suelen ser más rigurosas en la utilización de términos justos para representar ideas o realidades cotidianas.
¿Puede ser que nos guste provocar la confusión? ¿Quizá es que un falso concepto de cortesía, unido al de corrección, nos impulsa a utilizar términos suaves para ideas, decisiones o acciones necias, para corruptelas inadmisibles que merecerían, en bien de la verdad, términos desgarradamente realistas?
Tengo que confesar que he pensado mucho en ello y apenas he llegado a alguna conclusión. En el período más oscuro de mis disquisiciones comenté con un buen amigo, de mente clara y aplomo probado, mis reflexiones sobre el particular y mi dudosa conclusión.
Pienso que, prevaleciendo la amistad sobre el rigor y tratando de aliviar mi inquietud, me vino a decir algo así como que no me preocupase demasiado por el tema, pues, siendo cierto el uso abusivo de eufemismos entre nosotros, no merecía atormentarse por ello, porque lo más cierto es que los españoles no hacen caso a esa discrepancia entre términos al uso y realidad a la que representan.
La Real Academia Española atribuye a función el significado de "cada una de las aptitudes del lenguaje para representar la realidad"… ¿Puede entonces, me pregunto, aceptarse que un político está en funciones si no hay indicios del ejercicio de su función?
Entendemos que la función, en este caso, lo es para el bien de la comunidad, no para vanagloria personal o para ostentación de lo que todavía no se es. En las Administraciones públicas, vacante una plaza que se cubrirá por concurso, quien la ocupa entre tanto no lo hace en funciones, sino en interinidad.
¿Por qué no decimos, pues, que tenemos un presidente interino, cuando, salvo exhumar los restos de Franco, a su mayor gloria, no se le conoce ocupación alguna de gobierno? La ocupación puede ser más o menos diligente; la función, sin embargo, está muy bien definida.
Y no sólo es el presidente del Gobierno del que se dice que lo es en funciones, sino que todos los miembros del Gabinete y órganos dependientes de él también lo son. En virtud de esa función es en la que nos amenaza la ministra Montero con su afán recaudatorio, despreciando la eficiencia en la gestión y ensalzando la virtud de la recaudación.
Nos amenaza la ministra Celaá con una revolución educativa, no dirigida a conseguir una mejor educación, mejores profesores, un mejor sistema… sino a eliminar la educación concertada, cuya calidad corrobora su demanda, interpretando para ello sentencias y leyes; cuando, si sabe poco de educación, menos aún parece saber de Derecho.
Mientras tanto, Bruselas advirtiendo al Gobierno español –en funciones– de que no se cree las cuentas de nuestra economía, y de que hay que hacer los deberes, es decir, acometer las reformas.