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José T. Raga

El perjuicio de proteger derechos

Nadie que aspire a gobernar puede situarse en una militancia política de esas que llamamos 'antisistema'.

Si observamos el panorama político español, se diría que la izquierda es marginal por vocación. Peor aún, es marginal aunque gane las elecciones por mayoría absoluta, porque, tratándose de una vocación, los votos en unos comicios en nada alteran la conformación intelectual de sus miembros.

Y digo que es marginal porque nadie que aspire a gobernar puede situarse en una militancia política de esas que llamamos antisistema. La acción de gobierno implica orden jurídico, orden sobre el que se construye la representación parlamentaria; orden que, salvo que se modifique, será el utilizado por el gobernante para desarrollar su programa de gobierno, encaminado al bien de la sociedad.

Legítimo es para cualquier opción cívica, de partidos o de fuerzas sociales o económicas, promover la modificación de las leyes, de todas las leyes. Lo que no cabe, si se aspira a gobernar, es la rebelión constante, sin importar a cuento de qué. No olvidemos que el mensaje ortodoxo no es noticia, cosa que sí es, por contra, la aberración o el despropósito sin límites.

La izquierda española en el Parlamento europeo –supongo que en algún momento explicarán CDC y PNV qué hacían allí, hasta entonces debo suponer que se identifican con el resto–, convocada por quien dice poder lo que no puede, pretende urgir a la Comisión para que haga cumplir a España una normativa que contravendría, si se siguen sus pretensiones, la voluntad contractual libremente expresada ante fedatario público, lo que la garantiza ausente de engaño. La pretensión es que si se deja de pagar una hipoteca no quepa la ejecución de la garantía, que supongo deberá sustituirse, digo yo, como máximo, por una felicitación de Navidad –sin nacimiento del Mesías– que resulte grata y alentadora para el deudor moroso o insolvente.

Las cláusulas abusivas, si es que las hay –por ejemplo, cláusulas suelo sin cláusulas techo–, ya las anulan los tribunales españoles sin necesidad de que se preocupe la izquierda europarlamentaria española. Ahora bien, si la pretensión es evitar el ejercicio del derecho del acreedor a ser satisfecho en su crédito, la cosa cambia. Algo así como si a los europarlamentarios no les paga el Parlamento y se les negase una acción de resarcimiento.

Si se llegara a lo que pretende esa izquierda marginal y antisistema, con los dedos de una mano sería suficiente para contar cuántos créditos hipotecarios se conseguirían por quienes, con sus recursos, no llegasen a cubrir más de la mitad del valor de tasación del inmueble. Así es que ya saben: la izquierda prefiere que malvivan en una vivienda hacinada, en lugar de acceder a una propiedad más digna. De hecho, cuando la izquierda llegue a imponerse, no habrá elección de vivienda, ni posibilidad de hipoteca, ni otro sistema que la voluntad del dictador, a quien nadie se atreverá a oponerse.

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