La sabiduría popular nos ha enseñado que el ocio no hace buenas migas con la soledad; o, como suele decirse vulgarmente, cuando el diablo está aburrido mata moscas con el rabo. Así, ocioso y solitario, sucumbí a una mala inclinación: se me ocurrió consultar la página de noticias en la web oficial de la Junta de Andalucía.
Me llamó la atención en esa Arcadia tipográfica (¡para que luego digan que los medios sólo anuncian desgracias!) el siguiente titular: "De Llera aboga por la mediación y sus beneficios para resolver conflictos frente a los pleitos judiciales"; y añadía:
En el Gobierno andaluz somos muy conscientes de que mejorar el funcionamiento y la calidad de la Administración de Justicia pasa ineludiblemente por rebajar la tasa de litigiosidad.
Eso estaría bien, si no fuera porque quien lo dice es el obligado a buscar soluciones no alternativas para que el servicio público de la justicia funcione; y, también, por una serie de pequeños detalles, que en un fiscal quedan especialmente feos, pues se supone que el fiscal defiende la legalidad; aunque, insisto, se trata sólo de una presunción, y, a la postre, el hombre siempre acaba por parecerse al medio en que vive, como dijo Balzac.
Para empezar, la gestión administrativa de estas políticas de impulso y promoción de sistemas alternativos de resolución de conflictos se encomienda, al más puro estilo juntero, no a los propios órganos administrativos, sino a una fundación de la Junta (Mediara) en la que participan entidades de derecho privado. Es decir, a la denominada administración paralela. El fiscal pone el marchamo de la junta a la criatura. ¡Otro chiringuito más!, y Susanita sin enterarse. Por cierto, en su diamantina transparencia, y una vez que se entere, podría informar a la ciudadanía cuántos sujetos trabajan en dicha fundación, quiénes son, en qué oposición fueron seleccionados, con quién están emparentados, cuál es su sueldo y quién lo decidió, cuántos sillones del chiringuito han tenido que darle a Izquierda Unida para que se calle, etc.
Otro detalle que suele estar muy feo en un fiscal es actuar al margen de la ley; o, como gusta decir a los jurizquierdistas, en un limbo jurídico. Y es que, aunque la Ley de Mediación se limite a los asuntos civiles y mercantiles, eso no es óbice para que la Junta extienda las competencias de este ente a todas aquellas materias que le plazca, incluida la penal, aunque no haya un marco jurídico regulador que lo ampare.
Pero sobre todo, lo que a mi juicio está feísimo es ir diciendo a los demás que hagan lo que uno no quiere hacer. Eso de consejos vendo y para mí no tengo.
El consejero, quejoso de la profusa litigiosidad, no obstante, la fomenta, pues ni siquiera se molesta en contestar los recursos de su departamento. Por ejemplo, este que espera respuesta desde hace más de un año, desde el 6 de agosto de 2012:
(…) es pública y notoria la preocupación del sr. consejero por los elevados índices de litigiosidad; y su intención de abordar fórmulas para su reducción. Queremos señalar que es una pauta, casi una costumbre, desestimar los recursos administrativos. ¿Cuántos recursos administrativos estima esa Consejería sobre el conjunto de los que se interponen? La litigiosidad está en proporción inversa a la satisfacción de las demandas de la ciudadanía, al principio de confianza legítima y de buena fe y al acomodo de la Administración al principio de legalidad. Ahora tienen una buena ocasión para demostrar si lo que se pretende es una reducción de la litigiosidad mejorando la actuación administrativa, o si lo que se pretende es una laxación de derechos (…)
Y es que, claro, una cosa es predicar y otra dar trigo.
Por si fuera poco, el artículo 136 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dispone que se establecerá un órgano administrativo para resolver los recursos que se generen en el ámbito de la función pública. Idea acertada, pues es sabido que constituyen una importante fuente de litigiosidad, que genera sobrecarga y retrasos en juzgados y tribunales de las jurisdicciones social y contencioso-administrativa; pues bien, ahí lleva el mandato estatutario más de 6 años muerto de risa. Y es que la Junta es de mucho hablar y poco hacer, como su presidenta.
O sea, que una cosa es promover la mediación, y otra bien distinta practicar, como hace la Junta, la mediaganda.