Si un marciano aterrizara mañana por la mañana en el Paseo de Gracia de Barcelona, sin duda lo que más le sorprendería sería constatar que en un lugar tan lleno de gente rica no exista ningún partido importante de derechas. Yo no conozco otro caso igual en Europa. Y es bien probable que no exista. Pero el asunto tiene, como todo, una explicación. Una explicación que, de entrada, pasa por entender que en el resto de España, al igual que en todos los lugares normales, la gran divisoria política es la que escinde al censo entre la izquierda y la derecha. Pero ahí, en Cataluña, eso no ha ocurrido en puridad nunca.
En Cataluña, y desde siempre, o al menos desde la Transición, la confrontación implícita, si bien jamás de los jamases explicitada, se establece, por el contrario, entre las formaciones indigenistas y los partidos metecos. Y ocurre, decía, desde el principio. Metecos fueron en su día Alianza Popular, UCD, CDS y PSC. Y metecos son hoy Ciudadanos, Vox, PP y el mismo PSC. Pues la condición de partido meteco, como la de indigenista, la otorga no el origen personal de los dirigentes de las formaciones sino la procedencia familiar y la lengua materna del grueso de sus respectivos electorados. De ahí que, por muy independentistas y supremacistas que fuesen los hermanos Maragall, que lo eran, el PSC nunca haya perdido esa condición objetiva primigenia.
Establecido ese tablero permanente de juego, antes del 1 de octubre de 2017 tal modelo electoral de base cuasi étnica se veía matizado por dos excepciones a la norma de carácter sistemático. La primera consistía en que los votantes de las clases populares y de raíz familiar no autóctona siempre se abstenían en los comicios autonómicos. La segunda, por su parte, apelaba a que el conservadurismo sociológico no nacionalista votaba, y también siempre, al partido de la derecha española en las generales, pero a Pujol en las autonómicas. De ahí el misterio aparente de que la izquierda española ganara de modo rutinario en las generales y la derecha nacionalista lo hiciera en las catalanas. Pero esa ley no escrita y de apariencia inmutable –se cumplió a rajatabla durante casi 40 años– fue derogada, y para siempre, el mismo día que Puigdemont y Junqueras rompieron la baraja constitucional. (Mañana más).
