Pedro Sánchez y Joaquim Torra, dos hombres tan distintos y distantes al primer golpe de vista, comparten sin embargo un rasgo común que hace sospechar sobre la existencia de algún parentesco no demasiado lejano entre sus respectivas personalidades. Y es que, tal como se acaba de ver esta semana pasada con sus simultáneas alusiones al modelo de Canadá en tanto que posible solución a imitar en el caso de la querella catalana, con ellos, tanto con el uno como con el otro, nunca se sabe a ciencia cierta dónde acaba la indigencia intelectual y dónde comienza la simple mala fe. Porque decir, tal como Sánchez en Ottawa, que la fórmula legal adoptada por ese país a fin de conllevar el separatismo crónico de la provincia de Quebec podría constituir un ejemplo para España revela una combinación a partes iguales de ignorancia enciclopédica y oceánico afán torticero. Un cóctel de desconocimiento y manipulación grosera, el del presidente del Gobierno, que Torra, el de la Generalitat, emuló acto seguido al declarar que un "referéndum pactado como el de Quebec" daría ahora satisfacción a sus afanes soberanistas.
Porque ocurre, simplemente, que en Quebec, pese a lo que parece que pretenden hacernos creer ambos, nunca ha habido un referéndum pactado ni un acuerdo jurídico pactado para resolver el conflicto creado por los nacionalistas. El referéndum de 1995, como Torra sabe perfectamente y Sánchez con idéntica perfección simula ignorar, fue una iniciativa tan ilegal como unilateral promovida por el Gobierno de la provincia, entonces en manos de los separatistas, que careció, en consecuencia, de validez jurídica alguna a ojos del orden constitucional canadiense. Política y técnicamente, no fue más que un burtifarréndum de esos que tanto se prodigaron en las comarcas y aldeas de la Cataluña profunda cuando las vísperas agitativas del golpe de octubre de 2017. Apenas eso. Y un butifarréndum, por muy galicista que fuese el suyo, no puede ser modelo de nada. Por tanto, ni pactado ni legal. Y mucho menos ejemplo. Sépase al respecto que la famosa Ley de Claridad que poco tiempo después aprobaría el Parlamento federal para poner freno al irredentismo levantisco de los nacionalistas tampoco responde en su articulado a lo que pretenden insinuar tanto Torra como Sánchez.
Para empezar, esa norma establece de modo inequívoco que si, tras un hipotético referéndum legal convocado y organizado por las autoridades de la Federación, el Parlamento nacional, único depositario de la soberanía, decidiera otorgar graciosamente la independencia a Quebec, los territorios de esa provincia que no hubiesen votado a favor de la separación seguirían formando parte de Canadá como hasta ahora. Y eso, señores, se llama Tabarnia. Pero lo más importante del precedente canadiense es justo lo que más se empeñan en obviar ahora sus apologetas de Madrid y Barcelona, a saber, que en el tan citado y poco leído dictamen consultivo del Tribunal Supremo de Canadá se puede leer, y literalmente, lo que sigue: "La secesión de una Provincia debe ser considerada, en términos legales, a partir de una necesaria reforma de la Constitución". Pequeño detalle seguramente baladí para Torra y Sánchez, ese del inexcusable respeto a la legalidad constitucional vigente, que ninguno desea mentar cada vez que sale a relucir el asunto de Quebec. Son almas gemelas.