Lo escandaloso no es que el miembro más mediático del Gobierno de la Comunidad de Madrid resulte ser un juez de carrera sometido a la estricta disciplina militante del Partido Popular. Como tampoco es lo más escandaloso que un colega suyo en la misma carrera judicial, si bien sometido a la obediencia no menos estricta del PSOE, también resulte ser uno de los miembros más adictos a las cámaras de televisión del Gobierno de España. A fin de cuentas, los jueces son personas, no amebas. Y las personas, a diferencia de las amebas, no pueden renunciar a construir su visión personal de la realidad a través de algún prisma ideológico. En algún sitio le he leído a Francisco Sosa Wagner, jurista que probó en sus propias carnes lo que significa verse sometido a los comisarios políticos del partido o partidito de turno, que en Alemania, la ejemplar y respetable Alemania, dos de cada tres jueces federales resultan ser militantes de algún grupo político, algo perfectamente legal allí. Y no pasa nada, por cierto.
Porque el problema no reside en que haya jueces de izquierdas y jueces de derechas. El problema, el de verdad, es que los jueces, e igual los de izquierdas que los de derechas, no puedan seguir siendo independientes si pretenden ocupar alguna plaza en los más altos y codiciados tribunales, los que forman la cúspide del sistema. Y eso no se resuelve dejando el CGPJ en manos de los partidos políticos, pero tampoco entregándolo a las asociaciones judiciales, ficticios escaparates profesionales para la galería tras los que se esconden esos mismos partidos políticos disfrazados de lagartera. Porque hay alternativas, y perfectamente ajustadas a la letra y la música de la Constitución del 78, que nos permitirían liberarnos de la maldición de tener que ir saltando siempre de los jueces que obedecen al PP a sus iguales que obedecen al PSOE. Y esa alternativa viable y constitucional se llama sorteo. Nada, absolutamente nada, impediría elegir por sorteo, por ejemplo entre los jueces y fiscales que lleven más de veinticinco años en activo, a los miembros del CGPJ. La independencia, sí, es factible. Lo que ya no está tan claro es que sea deseada