En el Parlamento de Cataluña no se sestea. La febril actividad que se vive en su hemiciclo, un stajanovismo legislativo cuyo último hito ha sido la memorable legislación doméstica ya en vigor por la cual Cataluña y sus instituciones asumen el compromiso de vindicar la memoria histórica de todas las brujas que volaron montadas en sus escobas a lo largo y ancho del País Petit desde la Edad Media hasta la implantación del alumbrado eléctrico en villas y ciudades, tendrá su continuidad el próximo miércoles, cuando se debata el proyecto de ley para la creación del muy necesario Centre Català d’Empreses i Drets Humans.
Trátase de una iniciativa promovida por los integrantes del Pacte Antifeixista, solemne acuerdo suscrito en su día por los grupos parlamentarios de Esquerra, CUP, Comuns y Junts, mediante el cual se consensuó la decisión de ubicar las dependencias de los diputados de Vox en un altillo. Bien, lo del Centre Català d’Empreses i Drets Humans, como su propio nombre indica, va de crear un nuevo organismo público cuya misión consista en velar por el estricto cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no sólo en todas las compañías mercantiles de Cataluña, sino también en todas las empresas del mundo que cuenten con alguna sede física o delegación en Cataluña. Faena no les faltará, pues.
Por lo demás, el Centre prevé ejercer su labor inspectora tanto en suelo catalán como en cualquier otro rincón habitado del resto del planeta Tierra. O sea, viajes intercontinentales y dietas aseguradas. Y poca broma si alguna compañía, local o foránea, resultase sorprendida en falso por la plantilla de los nuevos funcionarios inspectores de los que bien pronto se dotará el Centre. Pues ha de saberse que el proyecto de ley contempla sanciones por un monto de hasta 50.000 euros. En cuanto al órgano rector de la nueva institución, el mismo proyecto prevé que lo integre una representación paritaria de la Generalidad y de distintas oenegés locales, entre las que se espera la presencia de Iridia, asociación especializada en denunciar a los Mossos y a la Guardia Civil que preside la madre de Rodrigo Lanza, célebre asesino, la misma que subvencionan anualmente con 150.000 euros entre la Generalidad y Ayuntamiento de Barcelona para que lleve a cabo la labor de perseguir a sus propios policías. Son de alquilar sillas.
