Se equivocaba aquel que una vez escribió que no hay mejor manera de mantener bien guardado un secreto que publicarlo en un libro. Porque existe una vía mucho más eficaz, muchísimo más eficaz, de conseguir que cierto tipo de informaciones y datos indiscutibles, por objetivos, no lleguen jamás al conocimiento de la opinión pública, a saber: airearlos con todo lujo detalles en la página web oficial del Ministerio del Interior del Gobierno de España. Así, por ejemplo, las estadísticas institucionales que contienen la documentación disponible a propósito de la población penitenciaria de nacionalidad extranjera. Una fuente de veracidad incuestionable por razones obvias gracias a la cual cualquiera puede acusar recibo de que, en 2017, último año del que se ha volcado información en la Red, los extranjeros internos en cárceles españolas representaban algo más de una cuarta parte del total de los reclusos, en concreto, un 28%. Porcentaje que llegaría a alcanzar un máximo del 35,7% en 2009. Cifras, esas oficiales, de las que ya de entrada cabría extraer dos conclusiones inmediatas, si bien solo una acertada.
La primera, a tenor de que nunca el porcentaje de población inmigrante ha llegado, ni de lejos, a aproximarse siquiera al 28% del total del censo –mucho menos, claro, al 35%–, es que el peso relativo de los delincuentes extranjeros que cumplen pena en cárceles de nuestro país no únicamente es superior al de la población de origen foráneo sobre el total, sino que casi triplica al de esa población extranjera en España. En concreto, los habitantes de nacionalidad no española que residen de modo oficial entre nosotros (no se incluye en el cómputo a los irregulares) rozan ahora mismo el 10% (un 9,8%). Sin embargo, y como ya se ha apuntado, la proporción de convictos no españoles alcanza el 28% de la comunidad penitenciaria. La segunda conclusión, solo posible tras la observación superficial de los datos o merced a la simple mala fe intelectual, invitaría a pensar que la delincuencia foránea está disminuyendo con el transcurrir del tiempo, dada la caída del 35 al 28% que se observa en el intervalo que va de 2008 a 2017.
Ocurre, sin embargo, que el número de súbditos extranjeros residentes en España también ha disminuido, y de modo significativo, a lo largo de ese mismo intervalo, consecuencia, sobre todo, de los efectos de la crisis. Así, cuando el número de extranjeros residentes en España alcanzó su máximo histórico, entre 2008 y 2011, el porcentaje de presos extranjeros seguía, al igual que ahora, triplicando el peso de ese grupo de población sobre el total. Eran el triple en 2008 y siguen siendo el triple en 2019. O sea, que nada ha cambiado en realidad. Estamos hablando, siempre con valores de 2017, de 16.549 presidiarios foráneos en las cárceles de toda España. Hasta ahí, por los demás, los números. Y los números no son fascistas ni antifascistas. Los números son números y solo números. Y esos números indican de modo estadísticamente indiscutible que existe, guste o no reconocerlo, una correlación positiva entre inmigración y delincuencia. Una correlación, insisto, absolutamente incuestionable. ¿Miente, pues, Abascal?
Nota bene: en la página Contando Estrelas, del conocido bloguero Elentir, puede el lector consultar un exhaustivo caudal de información sobre la cuestión, toda ella extraída de las fuentes estadísticas hechas públicas por el Ministerio del Interior.