Con las vacunas listas y el virus iniciando su retirada, lo lenta, accidentada y dolorosa que se quiera, pero retirada a fin de cuentas, la política española se apresta a cerrar el paréntesis cainita de la pandemia para reiniciar eso que los cursis llaman “la hoja de ruta”. Un programa de acción que, en el caso del Gobierno, impondrá abordar el asunto del indulto a los sediciosos catalanes tras las elecciones en la demarcación, o sea, a partir de finales de febrero; dentro de nada, pues. El llamado derecho de gracia, la vía a la que se verán obligados a recurrir Sánchez e Iglesias a fin de poner en la calle a Junqueras y el resto de la colla si no se terminan de decidir por la modificación del tipo penal de la sedición en las Cortes, muy lento y engorroso trámite que resultaría políticamente mucho más caro que firmar un simple decreto, es una rémora del Antiguo Régimen (no confundir con lo de Franco) muy difícil de justificar desde una perspectiva que se quiera de izquierdas. Muy difícil.
A fin de cuentas, eso de que el poder político se arrogue la potestad de excarcelar a un reo condenado en firme por un tribunal de justicia, entre otras posibles consideraciones, implica en sí mismo un olímpico desprecio al principio sagrado de la división de poderes. Y de ahí que el PSOE, bien asesorado por un jurista que fuera diputado del PP cuando lo de Irak, Jesús López-Medel, guarde desde 2016, el año es importante, una propuesta formal para modificar la Ley del Indulto. Propuesta que, acaso por haber sido redactada antes de la asonada de la Generalitat, contempla que la tramitación de los expedientes pase del Ministerio de Justicia al Tribunal Supremo, que se convertiría en el titular único de la facultad para proponer los candidatos al Consejo de Ministros. Además, ese texto socialista ahora en la nevera establece el carácter vinculante para los informes previos emitidos por los órganos judiciales, amén de la exigencia de motivación razonada por parte del Ejecutivo como otro imperativo insoslayable antes de conceder la gracia.
Qué gran oportunidad tendría la oposición toda, PP, Vox y Ciudadanos, de presentar como propio ese viejo proyecto de ley socialista, hoy perdido y olvidado en el limbo de los justos. Aunque solo fuera por sacarles los colores.