Xavier Vidal Folch acaba de proponer en el diario El País una ingeniosa fórmula de arbitrio para resolver el asunto catalán que merece algún comentario. Así, comienza Vidal apelando también él al más manido de los argumentos esgrimidos a diario por los nacionalistas, ese que achaca el clima levantisco que rige en Cataluña al "inmovilismo" del Gobierno del Estado. Y por inmovilismo parece que debe entenderse la contrastada reticencia del Ejecutivo a dar algún paso fuera del marco constitucional. Inmovilista, entonces, sería la actitud del Gobierno cuando insiste en que se cumplan los autos y sentencias del Tribunal Constitucional que desautorizan decisiones de la Generalitat o del Parlament tomadas contraviniendo lo establecido en nuestra Carta Magna.
Inmovilismo y respeto escrupuloso del orden legal democrático, pues, diríase que son ahora conceptos sinónimos. Porque la obligación primera de los poderes del Estado parece que es moverse como una peonza al margen de cuáles sean los límites precisos que imponga la Ley a tanta danza y ajetreo. Bueno es saberlo. Si los independentistas, como su propio nombre indica, reclaman la independencia, lo que debe hacer un Estado serio, según se nos dice, es moverse para que no sientan frustrado su deseo. Y es que los independentistas catalanes, conviene recordarlo, no piden otra cosa distinta a la independencia de Cataluña. La independencia y solo la independencia. Pero vayamos a la fórmula en cuestión, que no deja de resultar chocante.
Porque si el gran lamento de la minoría separatista de Cataluña (ese 47% de los votos escrutados en las últimas autonómicas) es que no les dejamos votar, la gran solución auspiciada por Vidal Folch consiste en no dejarnos votar al resto, o sea, a todos los demás. Esto es, en el sagrado nombre de la democracia y del derecho a decidir de 1,8 millones de separatistas procede impedir, vía algún truco leguleyo más o menos ingenioso, que los otros 45 millones y pico de españoles puedan opinar nada al respecto. Y el ardid parece que se le ha ocurrido, cómo no, al ínclito Miguel Herrero de Miñón. Se trataría, cito textualmente, de
la aprobación de una disposición adicional a la Constitución: de nueva redacción o mediante la ampliación a Cataluña de la actual adicional primera (Euskadi y Navarra).
Fórmula cuya suprema virtud, siempre a juicio de Herrero, es que permitiría hurtar a los españoles la capacidad de decidir vía referéndum, al poder canalizarse apelando al artículo 167 de la Constitución (el mismo que se usó en su día para la reforma exprés del 135). Lo que todavía no está claro es cómo el astuto jurisconsulto Herrero y sus muy progresistas amigos catalanes tienen previsto pasarse por el arco de triunfo otro artículo en vigor de la Carta Magna, el 138.2 por más señas, cuyo contenido reza así:
Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales.
¿Alguna idea, señores?