Venezuela, es sabido, está al borde de una de esas hambrunas tercermundistas que solo semejaban posibles ya en algunos escenarios bélicos africanos. Con una hiperinflación desbocada que sobrepasa en este instante el 300% y una caída del PIB per capita en 2016 que podría alcanzar un demencial 25% a finales de año, el país, su tejido social y económico todo, viene sufriendo un proceso acelerado de pura y simple desintegración. Al punto de que no resulta exagerado en absoluto sostener que Caracas va camino de convertirse en la Biafra de América. Un genuino apocalipsis macroeconómico cuyos responsables máximos, sin duda, son Maduro y su chusca dictablanda, esa verborreica mutación de la izquierda jurásica al sur del río Grande que pretendió atribuirse el muy pomposo nombre de socialismo del siglo XXI, pero que todo el mundo conoce por el más prosaico de chavismo. Y de eso, del chavismo, lo peor que cabe decir es que, contra lo que quieren creer tantos enemigos del régimen en Europa, ni ha representado algo nuevo y ajeno a la tradición política de Venezuela ni, mucho menos, ha promovido transformación revolucionaria ninguna de los hábitos seculares en el proceder económico del Estado.
Bien al contrario, el modus operandi de los chavistas en ese terreno se ajusta como un guante de seda a la herencia intelectual de los dos partidos clásicos, Copei y Acción Democrática, que se turnaron en el Palacio de Miraflores hasta la irrupción en escena del Gran Charlatán y sus uniformados. En el fondo, el genuino drama de Venezuela es que, pese a las apariencias, las boinas rojas y las toneladas métricas de palabrería huera, los chavistas no resultan ser tan distintos a los que les precedieron. Así, a cuenta del pavoroso desabastecimiento que hoy arrostra la población del país, se han hilvanado dos relatos basados en la teoría de la conspiración. El Gobierno culpa de ese estado de cosas a la recurrente conjura de la oligarquía local, asociada, cómo no, con el imperialismo yanqui. Y la oposición, por su parte, predica otra variante no menos clásica de la misma narración: atribuye la hambruna en ciernes a la acción deliberada del Ejecutivo, en su afán por acosar a los empresarios y a la disidencia organizada. La triste verdad, en cambio, es que los chavistas han actuado igual grosso modo que todos los gobernantes del país desde 1975, cuando el petróleo, de la noche a la mañana, se convirtió en oro líquido para quien albergase un pozo dentro de las lindes de su territorio soberano.
En un país serio dotado de un Estado serio, Noruega pongamos por caso, la respuesta institucional ante la notoria volatilidad de los precios internacionales del crudo es el ahorro. Algo tan simple como aprovechar los periodos de bonanza para acumular recursos financieros, que luego podrán ser utilizados en tiempos de caída de la demanda o de los precios a fin de compensar el impacto depresivo en la renta nacional y el nivel de vida de la población. Pero en Venezuela todos los gobiernos, y todos quiere decir todos, han procedido justo al revés. A lo largo de todos los ciclos alcistas del precio del crudo, y todos sigue significando todos, mandara quien mandase, que es lo de menos, se apresuró a gastar el máximo dinero posible en el mínimo tiempo posible. Tirar la totalidad del dinero disponible por la ventana es en Venezuela un imperativo inexcusable para cualquier presidente que se precie. Hasta que se acabe, claro. El ideal es que no quede ni un céntimo en las arcas públicas cuando concluya cada mandato de cuatro años, no vaya a ser que lo gaste el que llegue detrás en beneficio propio. No por azar, los años de gloria de los chavistas coincidieron con los precios máximos del barril Brent en el mercado internacional y, viceversa, el derrumbe de su popularidad transcurre en paralelo a la atonía de ese mismo precio de referencia. Si al menos fuesen revolucionarios, pero es que son tradicionalistas, más tradicionalistas que nadie. De ahí la bancarrota, claro.
