España, contra lo que predicó en su día el ferviente nacionalista Primo, no es una unidad de destino en lo universal. España, bien al contrario, es el resultado contingente de la acción simultánea de la historia, la geografía, la religión (católica), el comercio, las siempre providenciales calzadas romanas y acaso la muy notable gramática del andaluz Nebrija. España pudo ser o no ser en el pasado. E igual podrá ser o no ser en el futuro. Y el que siga existiendo tras un pertinaz reajuntarse de sus gentes que ya ha cumplido quinientos años, poco tiene que ver con que esa unidad suya viniera prescrita de modo imperativo en decretos, leyes, códices o reglamentos más o menos administrativos. España es una nación de hombres y mujeres libres e iguales no porque lo diga tal o cual artículo de tal o cual carta magna, sino porque los españoles lo hemos querido. España es únicamente porque sus pobladores ansiamos que sea. Solo por eso.
De ahí que si los españoles desearan en algún instante abjurar de su condición, tampoco ningún decreto, ley o constitución resultaría barrera suficiente para impedírselo. Desengáñese quien aún barrunte que el recurso a la fuerza serviría para retener a Cataluña dentro de España. No serviría. Si la mayoría de los catalanes postulasen en algún momento dejar de ser españoles, más pronto o más tarde, dejarían de serlo. Al respecto, solo desde la absoluta miopía histórica podría fiarse la victoria en el envite que acaba de plantear el grueso del catalanismo político a las instituciones del Estado al contenido de un dictamen jurídico emitido por el Tribunal Constitucional. Aunque eso es lo que parece traslucir el discurso obsesivamente leguleyo del Gobierno. Cuestión formal, la de la obvia ilegalidad del decreto que acaba de firmar Mas, que no merecería mayor comentario. Pues todo el mundo sabe, empezando por el propio presidente de la Generalitat, que los magistrados suspenderán la eficacia de la norma en apenas unas horas.
Pero la victoria jurídica, asunto que semeja absorber la atención exclusiva del Ejecutivo, es lo de menos, como también todo el mundo sabe excepto Mariano Rajoy. Quizás susceptible de ofrecer algún que otro rédito táctico en lo inmediato, el dontancredismo tan caro a Rajoy constituye una estrategia suicida a largo plazo. Porque, al modo del Cid, Mas podría ganar esta batalla después de su muerte política. Esa es la disputa, la genuina disputa, la única real que ahora comienza a dirimirse, y para la que La Moncloa parece carecer de cualquier estrategia definida. ¡Es la política, estúpidos!, cabría gritarles para que despierten de una vez. Se quiera reconocer o no, la primera batalla, la de la hiper-legitimación democrática frente a la opinión pública doméstica, ya se ha resuelto a favor del bloque secesionista.
En cuanto al contenido de la segunda, no resulta difícil de adivinar. Los independentistas tratarán de proyectar su propio imaginario sobre los creadores de la opinión internacional. De aquí al 9 de noviembre, todo el aparato mediático al servicio de la Generalitat se volcará en contraponer la estampa de sofisticada modernidad europea que configura su autopercepción idílica con la caricatura de una España tosca, primitiva, rifeña y castizamente autoritaria. Torrente contra Habermas. Un frente, el de las percepciones colectivas, que el Gobierno tal vez piense defender apelando también a algún mamotreto de Derecho Administrativo. Don Tancredo, que no Artur Mas, es nuestro peor enemigo.