El que calla otorga, pero el que prevarica delinque. Pedro Sánchez puede estar tentado de sacar a la calle a la parte de sus apoyos parlamentarios que ahora mismo es competencia exclusiva de la Guardia Civil, pero, si lo hiciera, él mismo se convertiría en objeto de atención preferente por parte del Instituto Armado. Porque Sánchez no podrá liberar de sus inminentes condenas de cárcel a los cabecillas catalanistas presos, so pena de distorsionar la letra y la música de la norma legal que permite la concesión del indulto hasta unos extremos tipificados en el Código Penal. No podrá, de entrada, porque esa ley exige que para que quepa la gracia del indulto los reos llamados a beneficiarse de ella expresen de forma pública su personal arrepentimiento. Así las cosas del Derecho, un primer paso insoslayable previo a la eventual impunidad de Junqueras y el resto de los sediciosos encarcelados pasaría por un muy humillante acto de contricción con luz y taquígrafos, estampa que cuesta trabajo imaginar en perfiles psicológicos tan mesiánicos y de diván de psiquiatra como el del líder de la Esquerra.
Pero ese escollo, el de tener que tragarse la dignidad y el ego con un plato de patatas, solo sería el primero. Porque habría unos cuantos más. Por ejemplo, el derivado del siguiente párrafo extractado de la propia Exposición de Motivos de la Ley: "Es altamente necesario que el indulto, aun en los casos en que más justificado sea, no quebrante el prestigio de que deben gozar siempre los Tribunales , y sin el cual se haría imposible su misión social". Al respecto, he ahí la campaña de acoso (profesional) y derribo (personal) orquestada por la Generalitat contra el juez Llarena, un ataque impúdico contra la independencia del Poder Judicial comandado en última instancia por los propios reos llamados a beneficiarse del indulto. Necesidad imperiosa, la de que el prestigio de los tribunales no se vea proyectado a la altura del betún por culpa de la oportunista lenidad del Ejecutivo, que fue lo que llevó a la Audiencia de Barcelona, en 2012, a confirmar el ingreso en la cárcel de cuatro mozos de escuadra condenados por torturar a un detenido (luego fue declarado inocente) introduciéndole de modo reiterado una pistola en la boca tras haberle propinado una paliza en los calabozos.
Los mozos torturadores fueron indultados a la mitad de sus penas por el Gobierno de Rajoy, muy sensible en aquel momento a las demandas en ese sentido de Artur Mas y del entonces mayor Trapero. Pero aunque Sanchez se quisiera saltar todas y cada una de esas cautelas que el ordenamiento jurídico prevé para los supuestos de indulto, toparía con un muro infranqueable en el caso particular de Puigdemont y los otros prófugos que huyeron con él al extranjero. A Puigdemont es imposible indultarlo, completamente imposible. Y ello por la sencilla razón de que la ley establece esa inviabilidad absoluta para los condenados que no estén a disposición del tribunal para el cumplimiento de la condena. Pero todavía le quedaría a Sanchez un impedimento más, el mayor, por cierto. Porque no se olvide que la del otorgamiento de los indultos es una de las muy contadas prerrogativas que la Constitución deja en manos del Rey, si bien a propuesta del ministro de Justicia. Y atreverse a manchar las manos del Rey con medio Congreso de los Diputados en contra es una osadía mayor que acaso no esté ni siquiera al alcance de alguien tan audaz como el presidente del Gobierno. Veremos.