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José García Domínguez

El cinismo de los empresarios catalanes

La élite del empresariado catalán se implicó, y desde bien pronto, en el itinerario de la degradación y voladura controlada del orden legal dirigido desde la Plaza de San Jaime.

No, no es justo ese juicio sobre los empresarios catalanes que algunos rumores periodísticos atribuyen a Manuel Valls. Y es que se está faltando a la verdad cuando se sostiene que no hicieron nada mientras se maquinaba el proceso de construcción nacional desde la Generalitat. Bien al contrario, la élite del empresariado local se implicó, y desde bien pronto, en el itinerario de la degradación y voladura controlada del orden legal dirigido desde la Plaza de San Jaime. Se implicó callando. Callando como muertos y como meretrices, que es la muy particular forma que siempre tienen esos exquisitos caballeros –y señoras– de salvar sus muebles. Porque lo que durante todos estos años ha hecho, y sigue haciendo, ese alto empresariado que se agrupa en torno al Círculo de Economía es un alarde olímpico de cobardía que estará llamado a pasar a los libros de Historia. He ahí, sin ir más lejos, ese papel bochornoso que acaban de firmar los miembros todos de su Junta Directiva. Un papelito en el que esos caballeros y señoras, los mismos que salieron corriendo despavoridos con su dinero bajo el brazo rumbo a Madrid tras la asonada de octubre, reproducen, aplauden y suscriben el argumentario propagandístico íntegro de los golpistas. Y ello haciendo una exhibición a partes iguales de cinismo político e ignorancia jurídica difícil de igualar. Pues solo desde la indigencia intelectual cabe sostener que

Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene aprobado por referéndum de sus ciudadanos su norma institucional básica, el vigente Estatuto de Autonomía.

¿Nadie les habrá explicado que la gran mayoría de los estatutos hoy en vigor no han sido sometidos nunca a referéndum alguno de ratificación? ¿Puede ser que a estas alturas aún desconozcan que solo cuatro territorios autónomos, los cuatro que se acogieron en su día a la vía del artículo 151 de la Constitución, han realizado ese tipo de consultas directas a la población? Por lo demás, ¿hasta dónde llega la ignorancia y dónde comienza el simple y puro cinismo? Difícil saberlo. Porque tras ese lamento falsario se esconde un mito propagandístico, el tan propalado por los publicistas del separatismo de que el Estatut de 2006 fue ferozmente mutilado a su paso por el Tribunal Constitucional. La verdad, por el contrario, es que de sus 223 artículos y 22 disposiciones adicionales el Constitucional solo puso objeciones, y parciales, a 14. De hecho, el único retoque de calado fue la anulación del intento de crear un poder judicial catalán segregado del español. Mas lo estupefaciente irrumpe en escena justo a continuación. ¿O cómo calificar que el club que agrupa a lo más granado del empresariado catalán haya dado en abrazar la principal consigna de los antisistema? Porque solo los antisistema argumentan, al igual que el señor presidente del Círculo de Economía, que el ordenamiento legal vigente y el principio democrático remiten a dos órdenes no solo distintos sino eventualmente susceptibles de entrar en conflicto entre sí.

Para el Círculo de Economía, al igual que para la CUP, Puigdemont, los Jordis y los etarras, resulta que una cosa es el principio democrático y otra el de legalidad. Dicho de otro modo, para los más altos directivos de las más importantes empresas catalanas las leyes, nuestras leyes, las normas de obligado cumplimiento que se votan en las Cortes, pueden carecer de legitimidad democrática en la medida en que emanan de un sujeto soberano distinto del pueblo catalán. Y eso lo firman de su puño y letra desde jordi Gual Solé, presidente de CaixaBank, y Jaume Guardiola, consejero delegado del Banco de Sabadell, hasta Amancio López Seijas, un modesto emigrante oriundo del agro gallego que comenzó trabajando de recepcionista en Barcelona y ha acabado presidiendo el gigante hotelero Hotusa. Pero no se piense que termina ahí la cosa. Qué va. Porque esos caballeros y señoras, tan amantes todos de la seguridad jurídica, se permiten recomendar que los partidos, el Gobierno y el Parlamento desobedezcan al máximo tribunal de nuestro país, el Constitucional, y tiren al cubo de la basura la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña. ¡En nombre de la seguridad jurídica! Porque eso mismo es lo que también dice el papelito. Han entendido bien, sí. El señor de La Caixa, el señor del Sabadell, el señor de la parroquia de Lugo y el resto del sanedrín rector del Círculo de Economía postulan que la descarada provocación cometida por el tripartito en su día, aquel primer borrador del Estatut que convertía a Cataluña en un Estado libre asociado a España, sea elevada ahora al rango de "Constitución catalana". El núcleo del guión que da forma a todo el agit prop separatista (nos hemos visto obligados a emprender el camino de la secesión porque el malvado Estado español dictó una sentencia injusta y vejatoria), convertido en programa oficial de la crema y nata del empresariado doméstico. El mismo empresariado que quiere que España le salve la cartera y los donuts al precio que sea para el contribuyente. Y aún habrá quien siga diciendo que los empresarios nunca han hecho nada. Almas cándidas.

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