Leo en el diario La Vanguardia, que hace referencia al asunto como de rutinaria pasada, sin otorgarle en apariencia mayor relevancia, que el Gobierno ha habilitado en las cuentas públicas del próximo año "200 millones de euros destinados a la Comunidad Autónoma de Cataluña para el cumplimiento de la Sentencia 1668/ 2017 del Tribunal Supremo". Acto seguido, soy informado en la misma pieza de que "esa sentencia hacía referencia al cumplimiento de una disposición adicional del Estatut que preveía una inversión en Cataluña durante una serie de años equivalente a su peso en el PIB".
Y la verdad es que no acabo de entenderlo muy bien tras una primera lectura. Lo primero que no termino de comprender es que se hable en pasado ( "una disposición que preveía") de una ley que, según se me asegura en un medio serio, ha motivado nada menos que una sentencia favorable del Supremo. Por lo demás, yo creo recordar que, y allá por 2010, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia célebre ( por su exasperante tardanza, sobre todo) en la que se declara plenamente ilegal la íntegra totalidad de la Disposición Adicional Tercera de tal norma.
Disposición, la derogada con efectos retroactivos, consistente en un añadido en el que Cataluña se otorgaba el estupefaciente derecho de ordenar a las Cortes Generales, nada menos que a la mismísima sede de la soberanía nacional española, en qué podía o no podía gastar el dinero de los Presupuestos Generales del Estado. Lógicamente, el Constitucional mandó, como no podía ser otro modo, aquella insolente majadería al cubo de la basura.
Así que sigo sin entender nada cuando la ministra Montero, de Hacienda, asegura en rueda de prensa que los PGE de 2022 cumplen con el Estatut porque "se garantiza que el porcentaje de participación de Cataluña en el PIB representa también ese porcentaje de inversión". O la ministra no sabe de qué está hablando, o el de La Vanguardia nos toma por tontos a todos, o yo he vivido en Marte durante los últimos quince años. Ah, por cierto, lo de los 200 kilos también es un cuento chino. No tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con el Estatut, sino que procede la deuda de un acuerdo incumplido suscrito en el marco de una simple comisión mixta. Y así todos los días.