El tosco testaferro Torra, que ahora se aferra a jugar los minutos de la basura hasta que el Supremo le confirme la puntilla final, agonía que no debería alargarse mucho más de dos meses, va a tener tiempo para asistir, y seguro que perplejo, al espectáculo edificante de ver cómo el Gobierno de España se compromete a cumplir con una cláusula del Estatut declarada en su día ilegal y nula por el Tribunal Constitucional. Porque justo a eso, a restituir en la práctica una disposición adicional del Estatut, la tercera por más señas, perfectamente contraria a Derecho según sentencia firme del más alto tribunal de la nación, es a lo que se acaba de obligar ante sus compañeros de viaje de la Esquerra la ministra de Hacienda del Reino. Cataluña, es sabido, se había atribuido en aquel papelito el poder soberano de decidir sobre el destino último de la inversión pública territorializable que cada año realiza en Estado. Nada más y nada menos. Huelga decir que, para los redactores de aquel papelito, lo que opinase al respecto el Congreso de los Diputados era asunto baladí y, en consecuencia, obviable.
Así, el papelito en su día derogado y que ahora vuelve a ser imperativo sacro y de inexcusable cumplimiento para la Coalición Progresista impone (procede volver a referirse a él en presente) que el Estado destine a Cataluña anualmente en inversión directa una cantidad proporcional al peso de su PIB en el conjunto nacional, lo que vendría siendo una magnitud próxima al 16%. Y eso en base al supremo argumento de que el Pisuerga pasa por Valladolid. Porque ni siquiera en una cabeza tan precariamente amueblada como la del tosco testaferro Torra puede caber la idea peregrina de que a una simple norma de estricto ámbito territorial, verbigracia el Estatut, le quepa fijar el contenido y los límites de una materia de competencia exclusiva estatal. Prerrogativa, esa que ahora vindica el Gobierno que se dice socialdemócrata y avanzadísimo, que, por supuesto, Sánchez e Iglesias no contemplan ni para Andalucía ni para Extremadura ni para Galicia ni para nadie más que para Cataluña.
Porque lo que el Tribunal Constitucional desechó en su momento como un disparate jurídico y la Coalición Progresista se apresta a resucitar de entre los muertos es la broma consistente en que el Parlamento de Cataluña le diga de modo imperativo a las Cortes Generales cuándo, dónde y cómo pueden gastar los fondos de los Presupuestos Generales del Estado. De eso, ya se ha dicho, va la cosa. Pues, a ojos de la Coalición Progresista, el único papel mojado que hay hoy en España es el párrafo de la sentencia célebre del Constitucional que reza lo que sigue:
No puede admitirse que la disposición adicional tercera vincule a las Cortes Generales en sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (...) pues es el Estado a quien corresponde en exclusiva decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución.
Lo que se va a perder a partir de ahora el triste testaferro Torra. Porque eso solo es el principio. Aún no hemos visto nada.