El manifiesto que presentó hace unos días la plataforma nacional Muévete causó grata sorpresa en muchos ciudadanos y también gran decepción en otros por su falta de concreción política, empaque histórico y solemnidad intelectual, además de estar impregnado de un estilo "buenista" propio de juegos florales o discursos borbónicos.
La arenga a los ciudadanos de España empieza por diagnosticar cuatro crisis: la ética (un asunto personal) mezclada con el territorio, la economía (una disciplina poco precisa) y las instituciones (no hace referencia a ninguna en concreto). Evidentemente con cuatro crisis los "grandes segmentos sociales" (jerga universitaria) desarrollan una "preocupante" desconfianza en el sistema democrático, según coligen los autores. La diagnosis es imprecisa y, sobre todo, errónea en cuanto afirma que los efectos de la crisis provocan un descreimiento en la democracia. La sociedad española está indignada y cabreada por el funcionamiento ruin, rapaz y patrañero del sistema pero no pone en duda su legitimidad. El problema han sido las políticas frívolas y corruptas que ha sufrido la nación durante los últimos treinta años, no ha sido el inmovilismo (el Estado no puede estar más troceado en taifas) ni la decadencia (un término culto y difuso) como indica el manifiesto del Movimiento Ciudadano. Bien es verdad que, tras el planteamiento, se arranca ya con la declaración de la necesidad de una reforma profunda de la nación a través del refuerzo de los valores civiles. Concluye este prefacio, desordenado en ideas, con un aserto ("los problemas de la democracia se resuelven con más democracia") que merece una apostilla: la democracia no es un fin en sí misma sino un mecanismo para crear, preservar y aumentar la libertad de los ciudadanos, fuente de todo progreso material y espiritual.
Así discurre el texto entre vaguedades y proclamas tan axiomáticas como "España será lo que queramos los españoles" para después invocar, en un inquietante tono rusoniano, "la voluntad de la mayoría" como la única que puede lograr los cambios. Otra apostilla: las voluntades sólo pueden ser individuales; el derecho a la vida y la propiedad privada junto con los derechos de culto, pensamiento y opinión son inalienables y nunca una mayoría los puede arrebatar porque cuando los arrebata surgen totalitarismos colectivistas tan terribles como las dictaduras comunistas, muy del agrado de la izquierda española.
En lo que respecta a las reformas urgentes que propone destacan la de la ley electoral con listas abiertas, aunque falta una definición precisa de la proporcionalidad territorial para crear el distrito único en las elecciones generales, y la de las administraciones públicas "suprimiendo burocracias y duplicidades". Todo muy vago e inconcreto ya que no hay una referencia explícita al puzle de taifas en que se ha convertido España, haciéndola ingobernable, con múltiples tensiones territoriales que lastran el progreso y las libertades. Por otra parte, los nacionalismos excluyentes, liberticidas y totalitarios que sufre la nación no merecen en este compendio una sola línea…
Pero donde el buenismo de los muñidores del texto se hace angélico es en la propuesta, transcripta en versales, de un "Pacto Nacional por la Educación" para formar bondadosos ciudadanos. El asunto educativo es la piedra de toque de nuestra aciaga sociedad y debe encararse con toda seriedad y firmeza. Mientras no se quiebre el monopolio público de la educación, donde campan y se atrincheran todas las izquierdas y el tosco nacionalismo, no habrá recuperación de valores cívicos ni prosperidad en España. Es imposible avanzar con un sistema educativo funcionarial dominado por doctrinarios que buscan acólitos en las aulas para preservar con futuros votos los privilegios de que gozan en la función pública. Los resultados educativos de las últimas décadas son estremecedores: puestos vergonzosos en las clasificaciones europeas y un fracaso escolar que debería hacer reflexionar a la ciudadanía y preguntarse en qué gasta tanto dinero el Estado. Ninguna formación política ni movimiento se atreve a fomentar la escuela independiente y el cheque escolar. Mientras esto no ocurra, y tengamos un sistema monopolístico público donde la izquierda tiene su baluarte, las nuevas generaciones de españoles tendrán cerrada la puerta al conocimiento, eso sí, su nivel de marxismo-leninismo y zafiedad social está asegurado.
Después de esta dsigresión, motivada por la pobreza de ideas del comunicado en un asunto vital para la nación como es la educación, el manifiesto proclama su constitucionalismo setentayochero con un críptico "lo legítimo es lo legal". A continuación, los autores del vademécum se proponen, con pasmosa ingenuidad, "cerrar y enterrar las dos Españas". Y lo dicen en un momento en que la asilvestrada y socializante izquierda, junto con el nacionalismo liberticida, se ha conjurado para aplicar el frentepopulismo mientras que la llamada derecha, es decir el patético PP, se debate entre la cobardía y la inutilidad de sus políticas.
Por cierto, en todo el discurso, no hay una sola referencia a los cercenados derechos lingüísticos de los hablantes en español en comunidades bilingües, la lengua común y mayoritaria garantiza la comunicación libre, afectiva y cultural entre todos los ciudadanos; tampoco se dice nada del terrorismo etarra y su mafiosa penetración en las instituciones civiles e incluso su exportación "fría" a otras comunidades con casta nacionalista…
Finaliza este decepcionante manifiesto con un "cumbayá": todos juntos.