La semana pasada Naciones Unidas publicó un informe sobre los ataques de Israel a instalaciones de la propia ONU en Gaza durante la guerra del verano de 2014. Como dije en su momento, aun cuando el propósito fuera atacar a Israel y socavar su derecho a la autodefensa, el documento admite que Hamás almacenó armas en escuelas gestionadas por su agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) y que los guerrilleros de Hamás lanzaron cohetes y otros proyectiles contra objetivos israelíes desde lugares próximos a esos centros. Aunque hubo casos de fuego israelí que alcanzó a civiles que se refugiaban en dependencias de la ONU en el apogeo del enfrentamiento, las incriminaciones suscitan preguntas sobre cómo ceñirse a las reglas de la guerra en una situación donde asesinos armados que abren fuego contra civiles israelíes están usando a civiles palestinos como escudos humanos.
Este asunto acaba de ser abordado en una conferencia por el exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Para dejar las cosas claras, el general retirado Benny Gantz rememoró un incidente que no figura en el informe de la ONU y en el que un morterazo acabó con la vida de un niño israelí de cuatro años. De acuerdo con Gantz, el proyectil fue lanzado desde un edificio de la ONU. La cuestión que planteó el general fue qué reglas son éstas que sirven para proteger a criminales de Hamás mientras atacan a niños judíos.
El informe de la ONU reconoce a Israel que los incidentes en los que el uso erróneo o injustificado de fuego israelí alcanzó a civiles desembocó en investigaciones o procedimientos penales contra los implicados. Pero no lo que no hace es reparar en dos factores que socavan la mayoría de las críticas al desempeño israelí en Gaza. Uno es la amplia penetración de la UNRWA por miembros de Hamás que usan las instalaciones de la ONU como almacenes. El otro es el hecho de que el Gobierno de Hamás en Gaza sistemáticamente utiliza con fines bélicos edificios civiles que deberían estar fuera del alcance israelí.
Como detalló Gantz, es bien conocido, incluso durante la guerra, que los líderes de Hamás que dirigían los ataques coheteros contra Israel lo hacían desde la seguridad de los recintos hospitalarios. También quedó claro durante la campaña que Hamás lanzaba sus miles de cohetes contra ciudades israelíes desde el entorno inmediato de refugios, escuelas y hospitales.
Las IDF hicieron todo lo que pudieron para evitar víctimas civiles, y aunque las hubo el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de EEUU, el general Martin Dempsey, dijo posteriormente que la conducta de los israelíes fue ejemplar, con lo que socavó buena parte de las injustas críticas a la guerra tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado.
Mientras los israelíes son juzgados con un doble rasero no aplicado a ningún otro combatiente del mundo contemporáneo, merece la pena considerar si hay que reflexionar sobre el código de conducta militar que dice que un Estado soberano está obligado a permitir que terroristas disparen a niños mientras lo hagan desde edificios considerados inviolables.
Si el mundo está preparado para permitir a Israel entrar en Gaza para ir a por esos terroristas y al Gobierno en cuyo nombre operan, podría decirse que no hay necesidad de reflexionar sobre la cuestión. Pero todos sabemos que las cosas no son así. Los líderes de Gaza pueden sentarse a contemplar la guerra desde un recinto hospitalario sabiendo que los israelíes no podrán dispararles o desbatatar su conspiración criminal. De hecho, el Estado palestino que de facto gestiona Hamás sabe que opera con impunidad y nunca temerá su destrucción por parte de Israel.
Así las cosas, ¿cómo se supone que ha de proteger a su pueblo un Gobierno democrático? El niño de cuatro años Daniel Tragerman murió porque su familia, residente en Nahal Oz, cerca de la frontera de Gaza, tuvo sólo unos segundos para buscar refugio cuando un proyectil de mortero palestino fue lanzado desde un edificio de la ONU. Pero el mundo no clama por que se haga justicia con su asesino. Ni hay esfuerzo alguno para responsabilizar a la Unrwa -que existe para perpetuar el problema de los refugiados palestinos para usarlos en la guerra contra Israel- por su implicación en la guerra contra los judíos.
Gantz no parecía tener respuestas a cómo ajustar los procedimientos. Los moralistas pueden discutir sobre la obligación de evitar las muertes de civiles y la que estipula que los Gobiernos deben defender a sus ciudadanos. Pero aquí el problema trasciende la cuestión moral. Como las partes no se ciñen a unas mismas reglas, nadie está seguro. Los palestinos que se han quedado sin casa o que resultaron heridos o muertos por la guerra lanzada por los señores de la guerra islamistas querrían responsabilizar a Hamás. Pero no pueden porque la cultura política palestina aún considera la guerra contra el sionismo una prioridad nacional incluso si eso implica el sacrificio de vidas palestinas.
Gantz está probablemente en lo cierto cuando dice que es inevitable que la próxima ronda de enfrentamientos con Hamás sea peor que la última. También lo serán las condenas contra el ejercicio de la defensa propia por parte de Israel. Cada incidente será seguramente aprovechado para justificar la guerra económica contra el Estado judío mediante el boicot, las desinversiones y las sanciones (BDS). Tenga por seguro que Israel seguirá asumiendo exigentes patrones de conducta para evitar muertes de civiles. Pero mientras los terroristas usen edificios de la ONU como plataformas de lanzamiento de ataques contra niños judíos las IDF no tendrán más remedio que contraatacar. Si eso genera más informes y críticas injustas, que así sea. Ninguna norma que brinde a los terroristas impunidad para disparar a niños debe ser considerada sacrosanta.