El 17 de agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián algunos próceres republicanos para organizar el asalto final, por vías tanto legales como ilegales, a una monarquía que se tambaleaba desde la dimisión de Primo de Rivera siete meses antes.
Tras la fracasada insurrección militar de Jaca y Cuatro Vientos en diciembre, varios asistentes a la reunión donostiarra y otros dirigentes golpistas (Alcalá-Zamora, Maura, Largo Caballero, Casares Quiroga, de los Ríos y Albornoz) fueron juzgados por el golpe de Estado. Otros como Prieto y Martínez Barrio pudieron escapar al extranjero. Y el tembloroso Azaña se escondió en Madrid para no salir a la superficie hasta el 14 de abril.
Durante los tres meses de su estancia en la cárcel Modelo, se formaron grandes colas de gente deseosa de manifestar su apoyo a los presos. Pero lo más importante fue que sus declaraciones, aireadas diariamente por la prensa, influyeron decisivamente en las medidas gubernamentales de aquellos meses. Así lo recordó Alcalá-Zamora:
Desde allí pesábamos con decisivo influjo sobre las decisiones, que frustrábamos e imponíamos, del gobierno del rey. Nuestra oposición a admitir las Cortes ordinarias anuló el decreto de convocatoria, derribó al gobierno Berenguer y abrió inequívoco un periodo constituyente, aceptado ya forzosamente por los partidos monárquicos. Y para todo esto bastó un suelto de unas ocho líneas dictado por mí, desde la reja del locutorio, a un redactor del periódico La Voz.
Los representantes de los partidos catalanistas, con el esquerrista Rovira i Virgili a la cabeza, comprendieron la oportunidad extraordinaria que se les ofrecía para avanzar en sus reivindicaciones, dieron al gobierno nacional por inexistente y se presentaron en la cárcel para negociar con los que consideraban los verdaderos gobernantes.
El hecho transcendental, sin embargo, fue que José Sánchez Guerra, encargado por el rey de formar gobierno tras la destitución de Berenguer, se presentó ante los golpistas presos para rogarles que accediesen a ser sus ministros. Rechazado el ofrecimiento, a Sánchez Guerra sólo le quedó declinar el encargo del rey, que designó al almirante Aznar como presidente del que sería su último gobierno. No cupo mejor prueba de que la monarquía ya estaba muerta antes de las elecciones municipales de abril de 1931.
Y por si fuera poco, los golpistas fueron condenados a la insignificante pena de seis meses y un día de prisión, pena que, además, fue sustituida por la libertad condicional, lo que se efectuó inmediatamente entre la aclamación de la multitud.
Cinco años más tarde se celebraron las elecciones que darían el triunfo, entre incontables irregularidades, pucherazos y violencias, al Frente Popular. Esta coalición de partidos izquierdistas y separatistas llevó como primer punto de su programa la amnistía de los condenados por el golpe de Estado de octubre de 1934, que había provocado dos mil muertos. Es decir, la sumisión de la ley a los intereses políticos del partido gobernante.
Así se hizo, lo que comportó la excarcelación de cientos de personas, muchas de las cuales habían sido condenadas por delitos de sangre, la reincorporación a sus puestos de trabajo de miles de funcionarios y trabajadores que los habían perdido por sus actividades delictivas, el regreso de Companys a la Generalidad y la reactivación del estatuto que había sido suspendido.
Este último extremo preocupó especialmente al presidente Alcalá-Zamora durante las últimas semanas de su mandato, pues tenía fresca en su memoria la conspiración de Companys contra el Estado ya desde meses antes del fatídico octubre de 1934. El general Batet le había informado de que la Generalidad había adquirido armamento de guerra en el extranjero, armamento que tenía escondido en depósitos clandestinos. Y lamentó el inteligente y fiel militar que, dada la transferencia de las competencias de Justicia a la Generalidad, si se hubiera cometido la imprudencia de denunciar el delito, habría sido el propio Companys el que se habría encargado de trasladar las armas a otro lugar para seguir ocultándoselas al gobierno nacional.
Efectivamente, varios meses más tarde llegaría la rebelión de la Generalidad, cuyos responsables, condenados a largas penas de prisión, fueron puestos en libertad tras la victoria frentepopulista. El presidente anotó en su diario su preocupación y la de Azaña por la impaciencia de "Companys y sus socios" para "apoderarse de la Generalidad y restablecer el régimen del estatuto apoyado en la imposición popular". Y declaró su rechazo a devolver las competencias estatutarias dada "la imposibilidad moral de entregar otra vez el orden público a un poder regional desconsiderado, desleal y rebelde, que lo utilizó para sublevarse contra el Estado". En los últimos días de la presidencia de Alcalá-Zamora, cuando se maniobraba en los pasillos para designar sucesor, la Generalidad se inclinó por Ángel Ossorio y Gallardo, abogado de Companys, ya que, como explicó el expresidente, "creen que se lo entregaría todo, incluso el orden público".
Hoy, ochenta años después de aquel prólogo de la gran tragedia española de 1936, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia bochornosa para adecuarse a las necesidades del gobierno socialista. Y ese gobierno socialista mendiga apoyos y se sienta a negociar la liquidación de lo poco que queda de España con el partido golpista, cuyo líder está entre rejas condenado por sedición y cuyas huestes prenden fuego a las calles catalanes con el beneplácito del gobierno regional y ante la indiferencia del nacional.
Por si alguien fuera capaz de comprender, la claudicación de los monárquicos ante los golpistas de 1930 provocó el fin de la monarquía. La claudicación de los republicanos ante los golpistas de 1934 provocó el comienzo del fin de la Segunda República. La claudicación ante los golpistas de 2017 provocará…