Parto de una premisa irrenunciable por si alguien quiere ahorrarse la lectura completa de este artículo: una democracia de verdad requiere de partidos políticos; el resto son inventos que siempre han perjudicado a la libertad. Eso no significa que cuantos más partidos haya más sólida sea una democracia. Ni, por descontado, que cualquier partido la garantice.
El problema llega cuando los partidos se niegan a resolver problemas o, peor y más común, cuando se dedican fundamentalmente a cobrar por provocarlos.
La democracia que cerraba el régimen franquista desde dentro con la Ley para la Reforma Política (1976) traía consigo la participación real a través de partidos, ya no sólo asociaciones más o menos embridadas desde la Administración. El decreto ley sobre el derecho de asociación política, del 8 de febrero de 1977, el que ya subía definitivamente la persiana, arrancaba así:
La aprobación en referéndum nacional de la Ley para la Reforma Política y la proximidad de las elecciones generales, que habrán de celebrarse en virtud de los dispuesto en la misma, han exigido del Gobierno una meditada consideración de las normas legales que regulan el ejercicio del derecho de asociación para fines políticos.
El Ministerio de Gobernación abrió la ventanilla —era verdad— y empezaron a llegar las documentaciones para dar de alta partidos políticos. Dos meses después, el 9 de abril, se legalizó el PCE. El año 1977 es de auténtico vértigo. Por seguir con el PCE, el partido de Santiago Carrillo acepta formalmente la monarquía y la bandera rojigualda (14 de abril). Don Juan de Borbón renuncia a sus derechos ante su hijo Juan Carlos (14 de mayo). Se celebran las primeras elecciones generales en democracia (15 de junio). Se aprueba la Ley de Amnistía (14 de octubre), la que ahora quieren laminar. Josep Tarradellas regresa a Cataluña (23 de octubre) y pronuncia el histórico y necesario Ciutadans de Catalunya. Ja sóc aquí! Se firman los Pactos de La Moncloa (25 de octubre)...
En el año 1977 se dieron de alta 103 partidos políticos, más partidos por año que nunca. Ni siquiera llegaron todos a presentarse a las elecciones y, poco a poco, se produjeron fusiones y simples desapariciones. Pero la explosión respondía a una lógica de 40 años de sequía. A estas alturas ya habrá muchos lectores que se quejen de lo mal que se hicieron muchas cosas, de la importancia desmedida que se regaló a los nacionalistas… Ya, pero era 1977 y Franco estaba recién enterrado. ¿Alguien se preocupó después de barnizar convenientemente esa madera que nos cortaron y nos lijaron en la frontera entre la dictadura y la democracia? Nadie. Hemos vivido de la Transición sin cerrar el modelo. Y claro, los errores han crecido y ya nos gobiernan.
Los problemas de España y los partidos
Cataluña y el País Vasco, el separatismo consentido, financiado y mimado, ese problema no resuelto después de la Transición y que no correspondía resolverlo directamente a los políticos de los años 70 sino a los posteriores, desde González hasta Sánchez, es ahora el principal problema de España.
Hay muchas personas que consideran esto una exageración propia de la "derechona" carca porque creen que la unidad de España no influye en todo lo demás. Pero los que lo denunciamos no tenemos la culpa de que lo peor de cada promoción, el extracto más analfabeto de cada año escolar haya alcanzado tan altas cotas de poder político y mediático. No es una cuestión de ideologías, es que ya no queda una idea útil en la clase dirigente o influyente. Y los partidos que deberían defender los valores que garantizan la democracia, prefieren mirarse de reojo y de la cabeza a los pies mascullando improperios o incluso minar sus propios cimientos arrinconando a los políticos que demuestran valor en primera línea, en su primera línea. Incomprensible y dramático.
La sociedad civil sí ha conseguido dar salida en muchas ocasiones a la preocupación de los ciudadanos, siempre arrostrando la violencia que la mayoría de los políticos —no todos, hay muy buenos ejemplos de lo contrario— prefieren delegar diciendo que ellos han de estar centrados en otras cosas. Pero luego vemos a esos políticos sujetando una pancarta. ¡Incluso ministros! La pancarta es del ciudadano y a veces de la oposición, pero nunca del Gobierno. Y tragamos o nos hacen tragar.
El español va a ser una lengua extranjera en España y los partidos no servirán para evitarlo sino para conseguirlo. De hecho, la entrevista a Pablo Casado en RAC1 durante la pasada campaña electoral en Cataluña abogaba prácticamente por ignorar el asunto: no hay queja, no hay problema. La ignominia la evitarán, o tratarán de hacerlo, asociaciones cívicas, estudiantes, expolíticos… o pre-políticos. Siempre sucede lo mismo y nadie quiere distinguirse rompiendo de una vez por todas ese bucle ilegal e infernal.
Esta semana se ha presentado el Manifiesto Constitucional de Cataluña. Su promotor es Joan López Alegre, que fue numero dos en la lista de Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona y fue entrevistado por Federico Jiménez Losantos… que fue uno de los promotores, ¡hace 40 años!, del Manifiesto de los 2.300. López Alegre dijo estar convencido de que hay que reunir a todos los constitucionalistas en un frente contra el separatismo. ¿A los partidos? Pudo hacerse y no se logró. López Alegre no lo pide como político sino como ex. El constitucionalismo político estuvo cerca de arrinconar a los separatistas, en Cataluña y en el País Vasco pero siempre que se acaricia la posibilidad algo o alguien lo trunca. Manifiestos, sociedad civil, intenciones, pero nunca partidos políticos. No están a la altura.
Dice el Manifiesto de ahora que "hay que hacer que lo que es normal en el día a día, sea normal también en las relaciones institucionales". Lamentablemente la frase tiene 45 años. La pronunció Adolfo Suárez en su primera comparecencia televisiva, el 9 de junio de 1976. Empezaba la ilusionante democracia: "Hay que elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es simplemente normal". Más de cuatro décadas.
Julia Calvet, entrevistada recientemente por Dieter Brandau, es presidenta de S’ha acabat, una plataforma que con apenas tres años de vida ya puede mostrar una infame y larga lista de violaciones de derechos, acosos, agresiones y persecución. Jóvenes universitarios, hartos del régimen supremacista y que se niegan a salir de su tierra, de abandonar el censo para que el separatismo crezca por abandono o incomparecencia del constitucionalismo. Si se arriesgan es porque no han visto representados sus intereses por partido alguno. Hay que arroparlos, animarlos, financiarlos. Pero algo falla o alguien sobra.
Les ha pasado lo mismo, siendo políticos, a otras personas como Rosa Díez. O a Juan Carlos Girauta. O a Cayetana Álvarez de Toledo, dos veces. Otros, como Albert Rivera, quizá se hartaron antes de tiempo de la política o llegaron demasiado pronto a ella. Pero ¿por qué los partidos apagan las verdaderas ganas de cambiar las cosas? ¿Por qué desde las filas de un partido —les pasa a todos— no se puede atender a las emergencias reales de una sociedad? De hecho, ¿por qué la sociedad civil organizada cuando se convierte en partido deja de interesarse por las cuestiones civiles que nos atormentan? Demasiado poder, demasiado dinero. Demasiada prensa.
El ciudadano no está entonces representado por el partido al que vota… y en ocasiones siente muy lejano al diputado, no por su origen sino por su escasa o nula preocupación por su provincia. Tiene mucho que ver en esto el afán de control interno de los partidos que sólo busca dar salida a envidias imposibles de solventar. Es lo que estos días tiene en vilo al PP (Ayuso, Cayetana) y que ya le está costando la oportunidad de gobierno.
Y del partido inservible nacional pasamos, no al pluripartidismo aquel sino al minipartidismo, a la atomización imposible que, para más inri, se abraza siempre a la izquierda y a los proyectos que no tienen interés alguno en España o los tienen todos en contra.
Los partidos que son un problema para España
Dice el PSOE que acordar los presupuestos o lo que sea con ERC y Bildu es "por el bien de España". Y que como ETA ya no mata pues es un partido como cualquier otro. No como Vox, claro.
Añade ufano el presidente Sánchez que "sumar es la clave, buscar puntos de encuentro es decisivo, trabajar por alcanzar mayorías que representen las distintas sensibilidades de un país no para ser más, sino para hacer mejores políticas y mejorar la vida de las personas y de nuestro país, es decisivo". Y tanto que suma: 11 partidos. Y todos pidiendo como si los presupuestos, como bien ilustró Rubén Fernández en su crónica, fueran el Black Friday.
"Puntos de encuentro", "mayorías"… Por el contrario, se amenaza sin trabas sobre una posible ilegalización de Vox, se tacha a la Derecha de la Cámara de "golpista" y "franquista" —Odón Elorza, nada menos— y no cabe siquiera la oportunidad de plantear la verdadera necesidad de ilegalizar a un partido de nunca debió ser legal como Bildu. Nuestra democracia fue capaz de legalizar en 1977 al PCE y debe estar a la altura, 44 años después, para hacer lo contrario con Bildu. Cerrar el paso también es una protección para la democracia. Pero nadie se atreve a pedirlo desde un partido, salvo en esta ocasión Vox, por pura defensa propia. En cuanto a ERC, no sé si será lo suficientemente probatorio el hecho de que participara activamente en un golpe de Estado en octubre de 2017. Parece que no…
PP, Vox y Ciudadanos no pueden burlarse más de sus votantes convirtiéndose en obstáculos mutuos allí donde deberían frenar a la izquierda radical y al separatismo, o sea, en cualquier lugar de España. La sociedad se hartará de sacarles las castañas del fuego por más que añore lo que hicieron cuando no eran partidos o cuando no tenían tanto poder o cuando su disidencia era un activo.
En 1977, cuando se estrenó la posibilidad de trabajar por tus ideas desde nada menos que un partido político, todo esto sería imperdonable.