La democracia, según algunos, es una carta blanca que de vez en cuando se deposita en las urnas. Según ese modelo, cuando un partido gobierna —ni siquiera estamos en ese caso— ese partido es la Ley y todos sus actos estarán rodeados de la legitimidad de haber sido votado —no es el caso, insisto—, por encima de la legalidad.
Ya no es que se pueda gobernar a golpe de decreto; se trata de que, moralmente, cualquier decisión tomada por un gobierno, por contraria a la democracia que resulte, emana directamente del pueblo y, como tal, es indiscutible.
Según Félix Bolaños, la democracia es tan directa que convierte el voto en una delegación absoluta de voluntad que, para colmo, ni siquiera responde a una mayoría absoluta sino a una macedonia de siglas y doctrinas liberticidas. Lo llama "base democrática" pero es simple comunismo.
Lo que dijo Bolaños, por más que se quiera acusar a Pablo Casado de manipulación en su reacción es lo siguiente:
"En un Estado de derecho, en una democracia con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos: a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado".
Para convertir la premisa en algo digerible, le dio tres o cuatro vueltas más, alumbrando una frase de la que pronto se arrepentirá:
"En un Estado de derecho, en una democracia como la nuestra, tan importante es el poder judicial como el poder ejecutivo como el legislativo, y todos derivan del voto libre de 47 millones [sic] de ciudadanos. No podemos hacer compartimentos estancos en los distintos poderes".
Siempre ha sido esencial —y como cualquier principio, irrenunciable—, la separación de poderes en una democracia. No es que uno sea más importante que otro, es que han de ser distintos. Y hoy, esa necesidad es más imperiosa si cabe porque en España sigue habiendo un golpe de Estado en curso, el de Cataluña, y la intención del Gobierno, del Poder Ejecutivo, es que culmine con el visto bueno de la Justicia, del Poder Judicial, mediando indultos, vistas gordas y cesiones irreversibles.
No, el Ejecutivo no puede comunicarse con el Judicial, han de ser compartimentos estancos, siempre a salvo de la inundación del vecino. Lo sabe bien Bolaños por más vueltas que le dé y por más que infle el censo electoral español, en el que al parecer ya votan hasta los bebés.
Por otra parte, la independencia judicial no significa que los jueces carezcan de adscripción política. Significa que no sigan directrices del Gobierno, ni de la oposición, ni siquiera de forma proporcional a lo que vota ese pueblo del que todo emana. Reclamé en estas páginas que los jueces han de ser los primeros en exigir, no la renovación de órganos, sino su independencia real, más allá del reducido asociacionismo que tiende a trasladar la pretendida proporcionalidad parlamentaria en la que se refugian los bolaños de todos los tiempos y partidos.
Sigo pensando que el gran paso lo deberían dar ellos, los jueces, también en condición de perjudicados. No puede ser que la mayoría piense en culminar su carrera o promocionar solo por buen comportamiento.
Los proyectos de la izquierda
Si la sinrazón sigue engordando, cabe la posibilidad de que alguna vez nos digan que tampoco es que sea estrictamente necesario molestar cada cuatro años al pueblo para llevarlo a las urnas porque, además, hay proyectos políticos que necesitan mucho más tiempo para madurar de lo que permiten las legislaturas, y si la derecha anda molestando no habrá manera. Y el PSOE pone sus miras en 2030 y hasta en 2050.
Es lo que sucedió durante la II República: que se pergeñó un proyecto privado de la izquierda española que no contaba con el resto de fuerzas, porque salió de donde salió, de unas elecciones municipales intencionadamente mal escrutadas que tenían que desalojar a la derecha sí o sí. El caso es que se parece horrores a lo que tenemos hoy por muchas razones: por la clara deriva comunista, por el número y condición frentista de los partidos que posibilitan el gobierno y por los argumentos de los que lo defienden desde fuera. No nos vayamos muy lejos: según El País, "el PP vuela los puentes para la renovación del poder judicial". O sea, es el culpable, como en 1936. La izquierda genera una situación y cuando la derecha reacciona… es peligrosamente reaccionaria, golpista. No es cosa del pasado, es ya un mal endémico.
El garzonismo es la Justicia del PSOE
Entre 1985 y 1993 el PSOE dejó bien claras sus intenciones respecto a la Justicia. Cargarse la ley que desarrollaba fielmente el espíritu constitucional de la separación de poderes fue el primer paso de quien intuye o sabe que estará muchos años en el Gobierno, como así fue. Para un proyecto largo había que tener casi todo a favor.
Al asesinato de Montesquieu le siguió la llegada del garzonismo, la desfachatez judicial al servicio de la política. Fue en 1993, en la finca toledana de Quintos de Mora, en Los Yébenes, donde José Bono convenció a Felipe González para que Baltasar Garzón fuera el número dos del PSOE. ¡Un juez como número dos!… quizá sea a eso a lo que se refiere Bolaños, que en las listas electorales se pueda meter cuota de hombres, de mujeres, de jueces, de militares o de comisarios.
El caso es que Garzón colgó la toga, puso a parir a Aznar y a todo lo que oliera a derecha y cuando se enfadó con el PSOE porque no le hicieron ministro —Margarita Robles mediante— se volvió a enfundar la toga y sacó los GAL. Y siguió despotricando contra la derecha en la que ya metió al propio González. Pero ahí estaba, en la Audiencia Nacional instruyendo a destajo contra sus enemigos personales y sus propios complejos mientras se le escapaban los narcotraficantes.
De finca en finca, llegó de Quintos de Mora al coto de Cabeza Prieta, en Torres (Jaén), donde compartió cacería con el ministro Mariano Fernández Bermejo —antes fiscal, claro—, con Dolores Delgado, —fiscal del mismo juzgado de su querido Balta, luego ministra y de nuevo fiscal y hasta Fiscal General del Estado ya veremos hasta cuándo—, con el comisario general JAG y con quien fuera necesario para que las escopetas, adornadas con puñetas en la culata, dispararan hacia Génova 13 en la mayor y más vergonzosa montería política conocida hasta el momento. El ex número dos del PSOE, ex juez de la Audiencia Nacional, batió los récords de prevaricación, convirtiéndose en el pichichi togado del delito.
Pues Baltasar Garzón es la esencia de lo que el PSOE entiende por Justicia y por separación de poderes: ir y venir en busca del "éxito garantizado". La derecha, por descontado, no está invitada. Todo, eso sí, con mucha "base democrática" y eso que al PSOE ya no le votan como cuando Garzón estaba en plena forma.
Respecto a eso de que "los políticos no eligen a los políticos", que se lo digan a Pepu Hernández o a los socialistas que tuvieron que quedarse en su casa para no votarle. O a Iván Redondo. O a José Luis Ábalos. O, para qué ir más allá, al propio Félix Bolaños. Todos ellos elegidos y reubicados por mandamiento directo del pueblo, claro. A ver si va a resultar que el ciudadano hace las listas electorales o avala íntegramente las que presentan los partidos.
El PP debe perseverar en su rectificación y no mirar atrás, cuando iba y venía. Eso incluye a Rajoy con el lamentable gatillazo de Gallardón, que anunció la despolitización para luego ampliar el zoco a otros partidos, pero también a Teodoro García Egea, que todavía es Casado, y que se contentaba con colocaciones judiciales favorables. La separación de poderes no tiene medias tintas, o existe o no. Pablo Casado ha emplazado al Gobierno a este próximo lunes para pactar la renovación del CGPJ si es bajo la premisa ineludible de que los jueces elijan a los jueces. Esperemos que el plazo y las intenciones sean tan contundentes como parecen.
Pero mucho cuidado con el carácter negociador tanto de Bolaños como de Teodoro, que luego pueden vender como gran éxito el entendimiento de los políticos en contra de los ciudadanos y al calor de las bases democráticas, las voluntades de los pueblos y otras soberanías de esas que andan carcomiendo toda América.