El Gobierno ha lanzado esta semana al mercado electoral un nuevo producto reciclado: el incidente de ejecución de sentencia. La encargada de anunciarlo ha sido la ministra portavoz Isabel Celaá y los detalles técnicos han corrido a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en su calidad de responsable de asuntos ordinarios del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Es el mismo que ha dicho eso de "no queremos guerra con EEUU pero si la inician contestaremos". Se refería al affaire arancelario con la administración Trump pero se echa de menos tal ánimo contra Torra.
El incidente de ejecución de sentencia no es sino un cauce procesal que persigue hacer cumplir a una administración un fallo ya dictado. En este caso, se le plantea al Constitucional porque el Gobierno entiende que el Parlamento de Cataluña incumplió fallos de dicho tribunal al aprobar ¡en el mes de julio! una resolución sobre la reprobación de Felipe VI y otra que reafirmaba el derecho de autodeterminación. ¿La gran noticia es entonces que los golpistas incumplen fallos del Tribunal Constitucional?
Lo que pasa es que hay un golpe de Estado y ese mismo Estado mantiene inexplicablemente delegado su poder en los golpistas recordándoles, eso sí, que hay que cumplir la ley de vez en cuando y dejando que sea un Tribunal el que se lo haga saber. Se trata de una burla del todo inadmisible porque me temo que esa figura jurídica no está pensada precisamente para un proceso golpista. Es como regañar a Tejero por aparcar un tanque en un vado permanente del Congreso.
Según han explicado Celaá y el valiente Planas –se va a enterar el Trump ese– si se ha planteado ahora un incidente sobre resoluciones adoptadas en julio es porque "era el momento adecuado" ya que la cosa requería mucho estudio jurídico. Cuando consigan que el Constitucional les diga a Quim Torra y a Roger Torrent que no sean malos, tendrán que repetir la operación con otras resoluciones como la de echar a la Guardia Civil de Cataluña. ¿Y así hasta cuándo y, sobre todo, desde cuándo? Porque la Generalidad y el Parlamento de Cataluña llevan pisoteando las leyes desde hace años. De hecho, el incumplimiento es casi ya lo único que mantiene aglutinado al independentismo. ¿Hay mayor incumplimiento de cualquier legalidad que declarar la república catalana independiente aunque Soraya Sáenz de Santamaría le recomendara que no lo reconociese? ¿No es suficiente indicio de rebeldía el apoyo incondicional –si no patrocinio– a los planes terroristas de los CDR? ¿O eso todavía no ha sucedido en el mundo de los momentos procesales oportunos?
Pues donde hay un flagrante consentimiento el Gobierno quiere aparentar dureza y determinación apoyándose en el Tribunal Constitucional y escondiendo el Pacto de Pedralbes. Y lo más grave es que la única razón que explica todo este teatro es que hay elecciones en noviembre. Nada más.
Ya lo había dicho Celaá antes de empezar con los detalles: "El interés justifica la acción". Pero no el interés general sino el de un partido que se juega su permanencia escuálida en La Moncloa adonde llegó gracias, entre otros, a los golpistas.
Las explicaciones de Isabel Celaá a la prensa tras el Consejo de Ministros cada vez son más inculpatorias. Este viernes dijo que "la Generalidad es la única institución que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad".
¿Piensa entonces Celaá, o sea el Gobierno, que eso todavía no ha sucedido? ¿Le parece poca excepcionalidad un golpe de Estado? Continúa la ministra portavoz: "Se ha hablado de la Ley de Seguridad Nacional, del 155 y, en fin, puntos suspensivos…" ¿Qué es eso de "puntos suspensivos"? ¿Sigue el Gobierno escondiendo las medidas de protección de una democracia como algo inconfesable? Sonó a pueril amenaza, a impostura, en definitiva, a nada.
Pero aún faltaba por llegar la pose final: "La Ley de Seguridad Nacional –dijo la ministra con semblante pétreo– puede coordinar a todas las instituciones públicas. Está al alcance del Gobierno como el 155". Y, después de recitar de memoria el artículo, añadió: "Se aplicará si se abre la puerta de la excepcionalidad. No hacen falta informes específicos. Se ha cuestionado si se podía aplicar o no. Obviamente, por supuesto que se puede aplicar". Y si el CIS lo aconseja, se hará, que hay muchas formas de aplicarlo sin que sirva de mucho y sin hacer lo único que es menester: quitarle la maldita llave, que no es suya.
Lo que sucede en Cataluña –que es lo más grave que sucede en España– no es cosa de un incidente de ejecución de sentencia que deba resolver el Constitucional ni de falsas amenazas de firmeza. Queda claro que la estrategia es ganar tiempo hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa del 1-O, la del golpe de Estado. Y aquí es donde llega la gran aberración. Según palabras de Celaá, si después de la sentencia, se descontrola la situación y se gira esa "llave de la excepcionalidad" entonces el Gobierno actuará con pulso firme… como bandera electoral. "Era el momento adecuado", "el interés justifica la acción", "no hacen falta informes" y, como diría Celaá, "puntos suspensivos".
Pero es que la sentencia del Supremo no detiene el golpe de Estado. Condenará a los que están procesados y si los golpistas libres –que también llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa– no queman Barcelona o si los CDR no ponen bombas pues ahí seguirán, de incidente en incidente, aunque sólo sea de ejecución. Y el golpe se hará Institución.
El Gobierno nunca ha creído que exista un golpe de Estado –hay innumerables citas en la hemeroteca que así lo corroboran– y, por ello, no tiene intención alguna de pararlo. Pero adoptará las medidas necesarias para que lo parezca si eso le mantiene en La Moncloa. El tiempo que queda hasta las urnas le podría permitir jugar sólo con anuncios y amenazas. Si, tras la sentencia, arde Cataluña, tendrá la obligación de sofocar el incendio por una cuestión de orden público y cualquier partido estará igualmente obligado a estar del lado del Gobierno. Pero tampoco eso será atajar el golpe si no se acompaña de una suspensión administrativa que se sólo se levante cuando se den las condiciones de normalidad institucional. Es decir, el 155 en su estricto sentido, el que fue devaluado cuando en la transición de la UCD al PSOE posterior al 23-F se cargaron entre todos la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) con la ayuda veraniega del Tribunal Constitucional.
El Gobierno dice estar preparado para algo que podría suceder… y se niega a actuar ante lo que está sucediendo hace años. Pero es que ahora está de moda "mirar al futuro" para ignorar el presente y, por supuesto, borrar el pasado.