Cuando casi todos los Tribunales son un estorbo para un Gobierno es porque ese Gobierno ya no está en la legalidad. Al de Sánchez, la única apariencia de legalidad que le adorna es la poca que quede de una sesión de investidura superada gracias a partidos implicados en un golpe de Estado y al aval de los comunistas que vinieron de Caracas. Todo lo demás empieza a estar ya descaradamente fuera de la Ley.
El Gobierno central, el de la nación, ya esquiva más a los tribunales que los independentistas vascos y catalanes cuando se niegan a reconocer a las instancias judiciales "opresoras". El lenguaje lo impusieron, por cierto, los etarras. Levantaban las manos ante la Guardia Civil gritando su condición de etarras como seguro de vida pero luego se ponían chulos ante el juez. El triunfo de Junqueras, tan agasajado hasta por el PP de Rajoy, es el triunfo de ETA en España pero nadie ha querido ver que el nacionalismo siempre está ligado a la violencia, primero coyuntural para separarse y después estructural para distinguirse. En todo el mundo.
Pero la novedad ahora es que el mayor riesgo separatista procede directamente de La Moncloa y ya no sirve, o da lo mismo, la excusa de que es por la necesidad de seguir en el poder. De hecho, es la causa más lógica. Parapetado tras la Abogacía del Estado y la Fiscalía General —también del Estado… o suya como dijo nuestro presidente—, el Gobierno de Sánchez se resiste a la Ley en el desafío más grave a la democracia desde el fin de la dictadura de Franco. Y, de momento, no pasa nada.
El Tribunal Supremo fue claro contra los indultos, todo lo claro que no llegó a ser contra el golpe de Estado que, como insistimos sin éxito desde estas páginas, se juzgó mientras se perpetraba. Según la máxima instancia judicial, los indultos son imposibles porque no hay prueba o indicio de arrepentimiento, porque son colectivos y porque se pretende corregir la sentencia del propio Tribunal Supremo.
Pero todo eso ya está superado y ahora el problema es revestir o travestir de legalidad un proceso que acabe en el maldito referéndum, que culmine el golpe con marchamo del BOE. Y para ello, los indultados han de estar libres de polvo y paja, también de cualquier sombra de malversación. Se llama "diálogo" y ya lo hemos sufrido muchas veces. Y que el Tribunal de Cuentas reclame los millones malversados que se usaron para proclamar la República Fugaz de Cataluña es un nuevo obstáculo que hay que retirar del camino. ¿Cómo? Acusando al PP de violar la Constitución, de poner en riesgo los pilares de la democracia y de no sé cuántas cosas terribles más, todas peores que las que cometieron los ya indultados golpistas, porque se niega a renovar también a los miembros del Tribunal de Cuentas.
La maniobra es muy grosera pero el Gobierno sabe a ciencia cierta que al ciudadano medio español le importa un bledo lo que sea el Tribunal de Cuentas y si se elige o se deja de elegir: el caso es que el PP es malo porque quiere mantener su poderío anterior en el control de togas y puñetas. Eso se entiende perfectamente y la perversión es que es cierto. Considero que el PP acierta en ese bloqueo y forzando un cambio real que garantice la separación de poderes en la que creen lunes, miércoles y viernes. Algo es algo. Pero al denunciarlo, el gobierno no miente y nadie quiere deducir públicamente que su empeño en cumplir las reglas de renovación es para tener el control sobre dos órganos que ahora mismo pueden facilitar definitivamente la separación de Cataluña de España, el golpe de Estado definitivamente legalizado —entonces, perpetrado— por el Gobierno de Sánchez.
Por todo ello, se buscará desesperadamente la vía del Tribunal Constitucional, órgano que no pertenece al Poder Judicial y que sufre los dedazos que poco a poco van minando la Constitución que debería salvaguardar. Ya aparecen el referéndum consultivo y la consulta no vinculante o la prospección indagatoria. ¿Pero no hemos visto y oído ya lo suficiente a Sánchez y a sus principales ministros mentir a boca llena y hacer exactamente lo contrario de lo que prometía? Hasta Rufián se burla: "También dijo que no habría indultos así que denos tiempo", le dijo a Sánchez refiriéndose ya al proceso abierto contra más de la mitad de España.
Otra vez ‘sí’ a la moción de censura
Naturalmente, la cosa puede empeorar, pero lo sufrido hasta hoy parece suficiente como para estar formulando mociones de censura desde el amanecer hasta el ocaso, siete días por semana. Y convocar protestas sin miedo a fotos. Colón, moción, Colón, moción. No tienen otra cosa que hacer y la aritmética no nos va a librar de Sánchez por lo menos hasta dentro de dos años.
Aunque sin votos es inútil vender resultados, lo más probable, según las encuestas, es que el bloque de la derecha haya crecido más que el de la izquierda desde la moción de octubre de 2020, aciaga por culpa de Pablo Casado. Si eso daría o no para una mayoría absoluta es imposible de saber pero la incógnita no puede detener la labor, la obligación, de la oposición en todas sus formas posibles. Ahora vuelve a tocar la moción de censura aunque el primero en mencionarla haya vuelto a ser Vox y aunque el PP renueve sus remilgos centristas y exponga al aire sus envidias en el siempre pantanoso y opinable terreno del liderazgo político.
Ciudadanos tiene hoy 10 diputados en el Congreso, casi seguro que más de los que tendrá en unas próximas elecciones. Si quiere moción, como está pidiendo Inés Arrimadas a Casado, tendrá que ser contando con Vox porque hoy las fuerzas son 88,52, 10 y Ciudadanos tiene que jugar el papel que le toca. Básicamente, no estorbar ni creerse Clausewitz, que ya tenemos bastante con las murcianadas periódicas.
Todo lo que no sea un posicionamiento pétreo contra la ignominia de Sánchez y sus socios será perder el tiempo y hacer perder la paciencia a los ciudadanos. La moción debe mostrar un bloque sólido. Eso no significa una coalición, ni una UTE y tampoco obligación de compartir un extenso programa de gobierno sino la urgente y única premisa de echar a Sánchez para evitar el colapso de España y el más que probable desastre europeo como consecuencia de ello. Inmediatamente después, elecciones generales.
Pablo Casado (88) debería ser el encargado de defender la mayor parte de la moción y hasta de aparecer como candidato alternativo acordando con Santiago Abascal (52) e Inés Arrimadas (10) el plazo para la convocatoria electoral.
La exposición es así de sencilla: los tres contra el Gobierno, sin una sola mirada al patio de al lado, con un punto único de programa, que es el de revertir un golpe de Estado echando al presidente que lo está patrocinando. Que esto no sea posible hoy por los números no significa que no tenga un incalculable valor político.
La moción debería ir precedida de una intensa campaña en Europa. Habría que denunciar con firmeza y valentía lo que cientos de miles de ciudadanos de Cataluña han sufrido durante décadas, enseñar lo que ha pasado en España y que Europa entienda de una vez que el nacionalismo puede acabar de nuevo con todo el continente. Hay libros, manifiestos, vídeos y muchos miles de testimonios disponibles para contar la verdad de una maldita vez y que se entienda. Si se pusieran a trabajar en ello en vez de en su propia vanidad, la moción sería seguida por televisión hasta en Helsinki aunque el resultado adverso ya sea conocido. Sería una moción con trailer documental como aviso a las instituciones europeas de lo que les espera si siguen ignorando a un socio que puede convertirse en la mecha de muchas bombas.
Un accionista de Libertad Digital me ofreció en la última Junta la enésima interpretación de las siglas del partido socialista que cuadra muy bien con el lema que acuñó Ayuso para su exitosa campaña electoral: PSOE, Pedro Sánchez O España; Comunismo o Libertad. Es una elección simple y afecta a toda Europa. La derecha tiene que aprender a denunciar en vez de empeñarse en hacerse perdonar.
Sí a la moción y siempre en Colón.