Si un petrolero se hunde frente a costas españolas durante el mandato del PP, será indudablemente el PP el que ha provocado, por acción u omisión, el desastre presente y futuro. Una hecatombe sin parangón, destrozo del fondo marino, muerte y destrucción por culpa de la derecha. Es el caso Prestige, que es como decir el caso PP. Pero si ese buque encalla y se parte en dos frente a las costas españolas durante un mandato socialista o de izquierdas, la culpa será del capitalismo que consiente, alienta y provoca un cambio climático y un afán consumista que ha terminado en un anunciado naufragio; en consecuencia, el PP es el responsable directo. Es el caso Prestige, que es como decir el caso PP.
Igualmente se dijo que la derecha es una fábrica de independentistas… pero será siempre la izquierda, indignada y denunciante, la que pacte con ellos, con sus "racistas" y "xenófobos" compañeros sin que eso reste un ápice de calidad a la democracia.
Podríamos recordar cientos de episodios similares. Así es la dinámica de los dos partidos, con bipartidismo o sin él, y así pasan los años sin que unos dejen de hacerlo ni los otros lo impidan. Y bajo esta premisa científica se debe analizar el resto de la dinámica política, incluida la de los pactos "de Estado" entre derecha e izquierda. Pacte lo que pacte un partido como el PP saldrá perdiendo en su relación con la izquierda, más con esta, que ya se ha enamorado definitivamente de su alma más comunista.
Mariano Fernández Bermejo fue fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, por pirueta de las puñetas giratorias, ministro de Justicia en el gabinete de Zapatero. ¿Complejos? Ninguno. Es famosa su frase, de cuando era fiscal: "Soy un hombre de izquierdas y desde ese esquema actúo". Cuando desde el PP se le criticaba la desvergüenza, el fiscal decía: "Bermejo a mucha honra, que quiere decir rojo".
Y después fue ministro, de Justicia, claro. Y con esa cartera en la mano y un rifle en la otra se fue de cacería, o a instruir, con Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, exdiputado del PSOE y otra vez exjuez de la Audiencia Nacional hasta su condena. El escenario fue la finca de Cabeza Prieta, en la localidad jienense de Torres. Los acompañó Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, luego ministra de Justicia y después Fiscal General del Estado, íntima de Garzón… el que no logró ser ministro del PSOE y que por eso sacó lo de los GAL. Las causas judiciales es que cuando se ponen a tiro…
Esta vez, el ministro exfiscal, la fiscal que sería ministra y luego jefa de los fiscales y su novio, el juez sin cartera que sería condenado por prevaricación, salieron a por cérvidos pero volvieron con peperos, una especie mucho menos esquiva. Se ve que Garzón instruía al rececho y con el Winchester montado mientras veía amanecer. Los fiscales-ministros de Justicia no harían ascos a aquella jornada cinegética que abría la veda Gürtel, la que motivaría sin motivos, años después, una moción de censura contra Mariano Rajoy y su abandono sin lucha. La misma moción que nos ha traído todo lo que tenemos hoy. Menuda tropa toda.
Garzón fue condenado a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa al demostrarse que ordenó la grabación ilegal en la cárcel de las conversaciones entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. Pero la condena a Garzón no desactivó la cacería y, salvo esa inhabilitación, nadie más ha pagado por aquello. Bueno, parece que Fernández Bermejo tuvo que apoquinar una multa de 2.000 euros —se la impuso el compañero Chaves— porque, para más inri, cazaba sin licencia. Furtivo tenía que ser.
Por aquel entonces dijo José Bono que aquello de la cacería "no gustó nada" en el PSOE. Tanta cuerna esparcida por el suelo y ¡con Garzón!, su descubrimiento personal de Quintos de Mora, implicado. Y dos fiscales y un comisario. Y todos disparando… Qué grotesco. Ya, pero la Gürtel siguió su curso y con la sentencia del juez José Ricardo De Prada toda la prensa y todos los partidos —hasta el PP de Casado se esforzó entonces en romper con ese pasado— entendieron, sin base alguna, que Rajoy tenía que salir de La Moncloa. Por los términos de una sentencia. Luego el Tribunal Supremo dijo que el juez De Prada, amigo de Garzón el del rifle, se había pasado de frenada precisamente en los argumentos que sirvieron de excusa para montar la moción de censura. Pero esa agua ya no movía molino.
Algo parecido le pasó, pero nadie se lo hizo saber, cuando consideró que el chivatazo a la ETA en el bar Faisán tenía "plena justificación" porque en ese momento se estaba negociando con la banda. Ni Conde Pumpido arrastró tanto la toga por el polvoriento camino. Cazar no sé si De Prada caza, pero bien que acecha.
Y con estas historias y con semejante calaña se presta el PP a negociar una renovación del Tribunal Constitucional que supone asumir la cacería mediática —por supuesto, política— contra Enrique Arnaldo y no abrir la boca contra Ramón Sáez Valcárcel porque es comunista y esa es razón suficiente para no criticar.
Sobre el asedio al Parlamento catalán en junio de 2011, el ya magistrado del Constitucional Sáez Valcárcel dijo, en sentencia absolutoria:
Cuando los cauces de expresión y acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica.
Fueron 2.000 personas dispuestas a que los diputados no entraran al Parlamento autonómico. Hubo heridos. Artur Mas accedió en helicóptero. Muchos se encontraron con la horma de su zapato pero aquello fue un asedio. Por otra parte, el párrafo bien podría ser una parte de la parva tesis doctoral de Pablo Iglesias. Quizá le ayudó a perpetrarla.
Tampoco le pareció mal al nuevo magistrado, que ha de velar por la Constitución, lo de quemar imágenes que representen al Rey de España por ser poco más que un "acto ritual". Y, por supuesto, no está de acuerdo con la opinión del Pleno del Tribunal Constitucional del que va a formar parte sobre la prisión permanente revisable considerada como una "pena proporcionada que no vulnera los principios de reeducación y reinserción social proclamados en la Constitución".
El nuevo guardián de la Carta Magna defiende, en contra de la sentencia del TC, que es una pena "de difícil compatibilidad con criterios de humanidad". Lo dijo pocos días después de que un depredador multi reincidente acabara con la vida de un niño de 9 años en Lardero.
Así que todo en orden: el PP ha contribuido a la estabilidad y las escopetas seguirán disparando día y noche. Desde Génova nos dirán, como aplicados alumnos de Primero de algo, que esto no es politizar la Justicia porque el Constitucional no es Poder Judicial. Y ya está, a remar para que Pablo Casado llegue a La Moncloa. O sea, que todo lo demás se puede politizar y no pasa nada, o sí pasa pero se fían, o no se fían pero no hay más remedio. Pues se igualarán en calaña pero además saldrán perdiendo. Merecidamente. Son presa fácil.