La mayor parte de los comentarios sobre los demoledores escritos del magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro se han referido a la continuada ausencia de controles en el manejo que del dinero público hicieron los responsables de la Junta de Andalucía. Pero hay una cuestión previa: ¿existe el derecho a sacar el dinero del bolsillo de quien se lo ha ganado con el sudor de su frente para meterlo en el bolsillo de otra persona diferente? Que parte de ese dinero haya ido presuntamente a políticos socialistas, que así tienen "pa asar una vaca" –en frase espeluznante de la madre de uno de ellos–, o que se hayan omitido todos los controles de legalidad –como reiteradamente señala el magistrado–, no hace sino añadir gravedad. Pero ¿no es cierto que estos delitos masivos han podido presuntamente cometerse porque previamente se había admitido el poder de los responsables de la Junta para decidir a qué bolsillo debía ir a parar el dinero ganado por otros?
La exposición del magistrado instructor cuantifica en 854,8 millones de euros las subvenciones de la Junta de Andalucía gestionadas mediante un procedimiento ilegal y arbitrario. Dinero que se extrajo con coacción a los 3,2 millones de contribuyentes andaluces y que iba destinado a que políticos y burócratas decidieran en lugar de los propietarios en beneficio de quién debían ser gastados. Porque en este caso con ese dinero se le arreglaba literalmente la vida a gente concreta, y a empresas concretas: 155.000 euros de media por receptor, financiados total o parcialmente por la Junta de Andalucía.
El primer signo de la finalidad real del sistema andaluz de los ERE se deduce con solo mirar la fecha en la que se crea: año 2000. Al parecer la Junta de Andalucía invocó motivos de crisis económica para comenzar a repartir el dinero de otros mediante subvenciones. Y lo hizo en un año, ese 2000, en el que el paro se redujo en 250.000 personas. Eso sí, el nuevo sistema de subvenciones a determinados ERE en Andalucía empezó el 18 de abril del propio 2000, justo un mes después de que el PP de Aznar ganara las elecciones generales por mayoría absoluta.
Muchos nos hemos preguntado muchas veces cómo el PSOE ha conseguido tener un control absoluto de la sociedad andaluza, cómo ha puesto a su servicio asociaciones, clubes y empresas en muchos pueblos y ciudades. Tal vez una de las explicaciones tenga que ver con esos a los que el auto judicial llama "intrusos", que no son sino personas que recibieron subvenciones y ayudas a pesar de que nunca habían pertenecido a las empresas en problemas. O tal vez esa red clientelar del socialismo andaluz también guarde relación con esas empresas a las que la Junta dio dinero sin que, según el instructor, existiera un objeto concreto y claramente definido para explicar las subvenciones otorgadas.
Crear una red clientelar a base de dinero público es dañar la democracia. Hacerlo mediante un mecanismo presuntamente fraudulento que ha generalizado la corrupción lo agrava más. Sin embargo, como explicó Frédéric Bastiat hace siglo y medio, no deberíamos olvidar la injusticia esencial de todo sistema, incluso si está legalmente establecido, que quita a unos lo que les pertenece para dárselo a otros, a quienes no pertenece.